Camacho da espaldarazo a candidato ligado al megasaqueo en Tabasco

martes, 2 de junio de 2015
VILLAHERMOSA, Tab. (apro).- El dirigente nacional del PRI, César Camacho Quiroz, rechazó que el exgobernador Roberto Madrazo Pintado esté operando políticamente para el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la entidad, donde su hijo Federico Madrazo Rojas es delegado nacional. “En absoluto, Roberto Madrazo es un respetado expresidente del partido, un excandidato nuestro a la Presidencia de la República, a quien le tengo especial afecto y respeto”, respondió. Dijo que Madrazo Pintado es un político al que, cuando se le ha llamado a cerrar filas con el PRI, “nunca ha dudado en hacerlo”, sin embargo, el exgobernador no estuvo en ningún acto de campaña de los abanderados de su partido. Camacho Quiroz asistió al cierre de campaña del candidato a la presidencia del municipio de Centro (cabecera de Villahermosa), Evaristo Hernández Cruz, vinculado al “saqueo” del exgobernador Andrés Granier Melo. Hernández Cruz ya fue alcalde de Centro de 2007 a 2009, en el primer trienio del sexenio de Granier Melo y, ennoviembre de 2013, la Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó denuncia penal en su contra por el delito de coalición de servidores públicos por tráfico y compra fraudulenta de terrenos para viviendas a damnificados de lasinundaciones de 2007. También fue demandado el exsecretario de Finanzas de Granier, José Manuel Saiz Pineda, preso desde junio de 2013 en el Centro de Reinserción Social del Estado (Creset) por delitos federales de lavado de dinero, defraudación fiscal y peculado del fuero común. Además, los extitulares del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) y de Obras Públicas, Ariel Cetina y Héctor López Peralta, respectivamente, así como cuatro exempleados federales de la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi). Luego de una investigación, la SFP denunció que los implicados incumplieron un acuerdo para comprar terrenos destinados a casas de los damnificados de 2007. La dependencia explicó que la Conavi y autoridades del Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab), suscribieron un convenio en 2007 para adquisición de suelo, urbanización y construcción de 2 mil 500 viviendas, en un predio de 51.35 hectáreas, a fin de resarcir daños ocasionados a los afectados por la citada inundación, la más grande sufrida en Tabasco en toda su historia. La Conavi aportaría 350 millones de pesos y el gobierno de Andrés Granier agregaría 38.5 millones. A diez días de firmado el acuerdo, la Conavi realizó la transferencia del dinero a la Secretaría de Finanzas, la cual a su vez canalizó los recursos al Invitab hasta agosto de 2008. El Invitab adquirió cinco terrenos con una superficie superior a las 169 hectáreas, por un monto de 239.4 millones de pesos, situación que se apartó de los términos pactados de urbanización y construcción de las viviendas. Posteriormente, el Invitab solicitó al Comité de Obra Pública Federal autorizar la adjudicación directa de la construcción a una inmobiliaria y efectuar el pago con cuatro de los cinco predios adquiridos. El organismo federal se declaró incompetente y sugirió recurrir al Consejo de Administración del Invitab que, finalmente, autorizó la adjudicación y la forma de pago. De esta forma, el organismo de vivienda estatal y la empresa constructora firmaron el acuerdo correspondiente, mediante el cual la inmobiliaria se comprometía a construir solamente mil 338 viviendas. En 2011, al no haberse cumplido el convenio original, el entonces alcalde Evaristo Hernández Cruz, así como losfuncionarios estatales y federales involucrados, signaron un nuevo documento de transacción para convalidar las diversas irregularidades, pese a que en enero del mismo año la Conavi solicitó al Invitab el reintegro de los recursos federales y sus cargas financieras. Millonaria ‘megatransa’ En 2008, legisladores federales y locales del PRD presentaron demanda penal ante la PGR en contra de los implicados en la compra de los terrenos, por los presuntos delitos de revelación de secretos, fraude, operación con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, ejercicio indebido del servicio público, coalición de servidores públicos, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, evasión fiscal, peculado y lavado de dinero. En la denuncia se destacó que en la fraudulenta operación los acusados se embolsaron más de 143 millones de pesos en menos de tres meses. Durante las indagatorias, surgió el nombre de la empresa Suministros del Carmen SA de CV, ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, como compradora de 169 hectáreas para la edificación de las viviendas y que, en menos de tres meses, las vendió al gobierno estatal con una ganancia superior a 143 millones de pesos. A finales de 2007, el entonces presidente Felipe Calderón ordenó a la Conavi transferir 350 millones al gobierno de Tabasco para la adquisición de los terrenos. De esa cantidad, de acuerdo con la averiguación previa AP/PGR/TAB/VHSA-III/0775/D/2008, el entonces gobernador Granier Melo tomó 246 millones de pesos para pagar los predios a Suministros del Carmen, que previamente los había adquirido a particulares en sólo 102 millones. La fraudulenta compra la operaron los empresarios Amílcar Sala Villanueva, compadre y asesor de Granier Melo, actualmente prófugo de la justicia, y Antonio Espinosa de los Monteros Leal, propietario de gasolineras en Tabasco y arrendador de aviones y vehículos blindados al gobierno granierista. En la averiguación previa de la PGR, Espinosa de los Monteros aparecía como “socio” de un humilde vendedor de garrafones de agua y de un empleado de una tienda, quienes supuestamente eran “propietarios” de Suministros del Carmen. La empresa Suministros del Carmen fue fundada en 1997 en Campeche y estaba quebrada con un capital contable de tan sólo 250 mil pesos y ni siquiera podía pagar adeudos contraídos. Sin embargo, repentinamente el 13 de diciembre de 2007, un día antes de la firma del convenio entre los gobiernos federal y estatal por los 350 millones de pesos, se modificó su objeto social para incursionar en negocios inmobiliarios. Luego, el 8 de febrero de 2008, el notario público número uno de Paraíso, Jorge Pons, protocolizó el acta de una asamblea presumiblemente celebrada el 30 de octubre de 2007, en la que la empresa Tritón Holding SA de CV capitalizó pasivos por 4 millones 133 mil pesos, que convirtió en 41 mil 330 acciones de Suministros del Carmen. Según el expediente, uno de los propietarios de Tritón es el empresario yucateco y actualmente preso en Villahermosa, Martín Medina Sonda, socio de Saiz Pineda y a quien, en noviembre de 2007, se le incautaron 8 millones de pesos en efectivo dentro de una avioneta en el aeropuerto de Mérida, procedente de las arcas de la Secretaría de Finanzas del estado, cuando los tabasqueños literalmente tenían el agua hasta el cuello por la inundación. Sorprendentemente, el mismo día, el propio notario Pons protocolizó el acta de otra asamblea, supuestamente celebrada el 12 de noviembre de 2007, en la que desaparece Triton Holding y se hace constar que Abraham Cupil Córdova y José Alberto de la Rosa Santamaría se convierten en los “únicos accionistas de la sociedad”. Cupil Córdova es padre de Marlis Cupil, exsecretaria de Saiz Pineda. En mayo de 2013, agentes ministeriales incautaron 88.5 millones de pesos en efectivo en una refaccionaria de la ranchería Lomitas del municipio de Nacajuca, propiedad de Abraham Cupil, actualmente prófugo. Cupil Córdova y De la Rosa Santamaría eran dos tabasqueños pobres de Nacajuca. El primero se dedicaba a vender garrafones de agua y, el segundo, era dependiente de una tienda, cuya vivienda paradójicamente se inundó en 2007. El 19 de marzo de 2008, el mismo notario público protocolizó una nueva asamblea celebrada el 26 de noviembre de 2007, en la cual se aumenta a 4 millones 600 mil pesos el capital social de Suministros del Carmen y el número de acciones pasa de 43 mil 380 a 46 mil. El nuevo socio es Antonio Espinosa de los Monteros Leal, con 2 mil 170 acciones, equivalentes a 2 millones 170 mil pesos. Así, en febrero de 2008, con ese capital la empresa comenzó a comprar los terrenos que de antemano se sabía adquiriría el Invitab.De esa forma, los implicados en la demanda de la PGR se embolsaron más de 143 millones de pesos. Los vínculos de Hernández Cruz con el empresario Espinosa de los Monteros se remontan a 2008 y 2009, cuando ilegalmente, sin autorización del cabildo, como alcalde modificó el uso de suelo para que éste construyera el lujoso gimnasio Sport City, en la zona residencial de Tabasco 2000 de esta capital. Una familia afectada demandó la nulidad del permiso y, luego de un largo litigio judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) ordenó al ayuntamiento de Centro demoler el gimnasio. El conflicto concluyó en 2013 cuando, se supo, Espinosa de los Monteros pagó 10 millones de pesos a la familia afectada y, así, impidió que el Sport City fuera demolido.