MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno mexicano bien puede llamar a sus centros de detención migratorios como “estancias” o “estaciones”, en realidad son “cárceles” en las que se repiten las violaciones a los derechos de los indocumentados, como el derecho a tener un debido proceso, denunciaron hoy organizaciones civiles. “El sistema migratorio está basado sobre la detención y la deportación”, subrayó hoy Diego Lorente, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías Córdova, en Tapachula, Chiapas, al recordar que la violencia endémica que sacude a Centroamérica provoca “una crisis de refugiados, más que una crisis de migrantes”. “El Triángulo Norte se está desangrando y el gobierno mexicano reforzó su control sobre la frontera”, lamentó Lorente, al aseverar que desde hace unos meses su albergue “recibe familias enteras que huyen de la violencia”. A raíz de años de trabajo de campo, durante los cuales el gobierno no les facilitó el acceso a los centros ni transparentó los documentos clave que plantean el endurecimiento de la política migratoria, seis organizaciones realizaron un informe en el que documentaron repetidas visitas a centros de detención migratorios diseminados en siete estados ubicados en los cuatro rincones de México. Las organizaciones buscan demostrar que las violaciones a los derechos humanos y cívicos de los migrantes, a partir del momento de su detención, no son hechos aislados, sino consecuencia de una política de Estado. El grupo de ONG, entre ellas Sin Fronteras, Casa del Migrante de Saltillo o la unidad de estudios migratorios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, publicó hoy sus hallazgos en un informe para marcar el arranque de su campaña “Derechos cautivos”. En el reporte, las organizaciones critican de manera severa el “doble discurso” que emplea la administración mexicana en materia migratoria. Así, denuncian que los funcionarios prefieren los eufemismos “presentación” y “alojamiento” en lugar de “detención” y “privación de libertad”; también que hablen de “operativos de rescate” en lugar de “arrestos masivos” y justifiquen el endurecimiento de las políticas medidas migratorias con el argumento de la “seguridad humana de quienes migran”. La propia arquitectura de los centros de detención reproduce “el diseño de los espacios destinados al control y vigilancia, como son los hospitales psiquiátricos o las cárceles”, observaron las ONG, al denunciar la falta de infraestructura especial para los grupos más vulnerables, como las mujeres o los integrantes de grupos LGBTTTI. La autora del documento e integrante de Sin Fronteras, Joselin Barja, afirmó por la mañana que el Programa Integral Frontera Sur desató “un incremento de las detenciones” las cuales, posteriormente, llevaron a “expulsiones en masa” sin modificar las condiciones de vida en Centroamérica. Este programa, puesto en marcha hace un año, concretizó el endurecimiento de la política mexicana ante la “crisis migratoria” que vivía entonces el gobierno estadunidense, cuya frontera sur se vio desbordaba ante la llegada de decenas de miles de niños y adolescentes provenientes de Centroamérica. Luego de ello se multiplicaron los retenes militares, policiacos y migratorios en las carreteras del sur del país y los operativos en las vías del tren de mercancía (“La Bestia”) sobre el cual suelen subirse los migrantes en su ruta hacia Estados Unidos. Estos operativos, además, se volvieron “más violentos”, según las organizaciones. El resultado, subrayó Barja, fue que se disparó el número de detenciones con 47% entre 2013 y 2014, y 92% en los primeros cuatro meses de 2014 y el mismo periodo de este año. Además, según datos del Instituto Nacional de Migración (INM), en lo que va del año las autoridades migratorias detuvieron y deportaron a un mayor número de migrantes centroamericanos que las estadunidenses. “El bienestar y la dignidad como ejes de protección de los derechos humanos quedan en segundo plano cuando se habla de detención de migrantes”, se planteó en el informe, que también deplora la escasez de servicios psicológicos en los centros de detención: “El tratamiento prioritario que se da al tema de la migración es el de carácter jurídico”. De los 59 centros de detención que maneja el INM en el país, 32 son estaciones migratorias y los demás son provisionales A y B, cuyo tiempo máximo de estancia es de 48 horas y siete días, respectivamente. Por una parte, observaron las ONG, existen centros de detención más espaciosos y de mejor infraestructura física, como el de Tapachula o de Iztapalapa. En estos centros, el trato “en masa” (de los migrantes) resulta “inhumano”, según las organizaciones. Por otra parte, las entidades más pequeñas reservan “un mejor trato hacia las personas detenidas”, pero sus infraestructuras son insuficientes. No sólo eso, pues con la puesta en marcha del Programa Frontera Sur se reforzó el protagonismo de la ciudad fronteriza de Tapachula, en Chiapas, en materia migratoria, ya que además de ser uno de los puntos de entrada de los centroamericanos a México, se convirtió en la principal puerta de deportación de los migrantes irregulares detenidos en todo el país. Según Diego Lorente, la situación actual en Tapachula resulta muy grave, ya que todos los días salen entre seis y siete camiones del centro de detención, con cientos de migrantes a bordo, rumbo a sus países de origen. El Centro Fray Matías de Córdova recolectó testimonios de “tortura y maltratos en momentos de traslados forzosos durante el periodo de monitoreo”, así como casos de “maltrato y represión” durante amotinamientos. En el reporte se insistió en que “en Tapachula hay una percepción más clara de maltrato por el tipo de relaciones que establecen los custodios hacia los migrantes y por los castigos que se implementan en casos de motines o riñas”. Según los estudios, tanto en el centro de detención de Iztapalapa como en el de Tapachula existen áreas de castigo, mientras que el acceso a la medicina se limita a la entrega de pastillas –“universal” en Tapachula, “mágica” en Iztapalapa—, aparte de que la comida llega en malas condiciones. Se supone que las autoridades migratorias pueden privar de su libertad a un migrante en situación irregular para evitar que éste se fugue durante el proceso de regularización. Sin embargo, las convenciones y tratados internacionales que firmó México obligan al gobierno federal a utilizar esta medida como una figura de excepción. Al generalizar las detenciones y deportaciones, la política migratoria implementa “un régimen de excepción donde se mezclan la exclusión y la criminalización de facto de los migrantes”, apuntó el informe.