Repudio nacional e internacional por asesinato de fotógrafo

lunes, 3 de agosto de 2015
MÉXICO, D.F. (apro).- La indignación por el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril y cuatro mujeres más en un departamento de la colonia Narvarte el pasado viernes 31 de julio, permeó entre organizaciones nacionales e internacionales que emitieron una enérgica condena y exigieron una exhaustiva investigación. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su más firme condena por el multihomicidio y consideró que si las investigaciones confirman que tiene relación con la labor del fotógrafo y colaborador de Proceso “estaríamos en presencia de un acto gravísimo contra la libertad de expresión, que, sin duda, causa un efecto inhibitorio en el ejercicio del periodismo en México. “Y preocupa aún más el hecho de que una posible represalia se haya podido materializar en el Distrito Federal, que cuenta con una baja tasa de incidencia de este tipo de agresiones”, advirtió. Mediante un comunicado la Oficina del Alto Comisionado pidió a las autoridades mexicanas esclarecer la muerte Espinosa y cuatro mujeres más, entre ellas la activista Nadia Vera, y llamó al gobierno a reforzar las políticas para proteger a reporteros y defensores de derechos humanos. Por su parte, Frank La Rue, exrelator especial para la Libertad de Expresión de Naciones Unidas y actual director del Centro de Derechos Humanos Robert F. Kennedy en Europa, condenó el multihomicidio y consideró que si la muerte de las mujeres fue para desviar la atención del caso de Espinosa Becerril. “Nadie puede caer en ese juego”. El también colaborador de la agencia Cuartoscuro, fue amenazado, perseguido y asesinado en su autoexilio, sin embargo –acotó La Rue— no se debe esconder la violencia contra las cuatro mujeres. Previo a su participación en la “Reunión Preparatoria para el Foro de Gobernanza en Internet”, La Rue, quien impulsó en 2012 la creación del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), dijo: “Creo que es muy grave cuando en un país se empieza a violentar a la prensa como se está violentando acá y el mecanismo venía a ser una solución parcial porque era para dar, por lo menos, unas medidas iniciales de emergencia; siempre he dicho que la seguridad de las y los periodistas y la libertad de prensa debe ser una política global de Estado, pero el mecanismo era en sí mismo importante”. Antes de este hecho, apuntó, se tenía la percepción de que la Ciudad de México era un “refugio seguro” para los periodistas amenazados en el interior del país y que aquí las autoridades les brindarían protección. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también condenó el asesinato de Rubén Espinosa, cuestionó los mecanismos oficiales de protección y urgió a las autoridades a esclarecer el crimen y deslindar responsabilidades para que no quede en la impunidad. “Condenamos el asesinato de Espinosa que señalamos como un grave signo de la descomposición y violencia que afecta a México y a los periodistas en particular”, dijo Gustavo Mohme, presidente de la SIP. “Algo está fallando –agregó Mohme, director del diario La República de Perú– y es lamentable que el periodista fuera asesinado precisamente en la Ciudad de México a donde buscó refugio para resguardar su seguridad física.” Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, añadió: “reiteramos nuestra crítica al desempeño endeble e ineficiente del mecanismo creado en México para proteger a periodistas y defensores de los derechos humanos”. Paolillo, director del semanario Búsqueda de Uruguay, expresó también que la SIP expresa sus condolencias y solidaridad  a familiares y colegas del periodista. ONG exigen a la FEADLE atraer el caso El caso también hizo eco en organizaciones sociales nacionales que exigieron a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), dependiente de la PGR, atraer la investigación del multihomicidio. Algunas de ellas agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social, pidieron a las autoridades que en las investigaciones se tome en cuenta la labor periodística de Espinosa y de Nadia Vera Pérez, activista social de Veracruz en exilio en la capital del país. En una carta dirigida a la titular de la PGR, Arely Gómez, y al nuevo responsable de la Fiscalía, Ricardo Nájera, recordaron que Espinosa, “no confiaba en las autoridades responsables de protegerlo”, toda vez que la FEADLE “desatendió” una denuncia que presentó junto con otros colegas en septiembre de 2013. Las organizaciones exigen a Nájera Herrera que el esclarecimiento de este caso “sea un ejemplo de acceso a la justicia y no una llama más que avive el infierno en que México se ha transformado para las y los periodistas”. De 2010 a la fecha, subrayaron, suman 33 los periodistas ejecutados, según un reporte de Artículo 19, y en los últimos cinco años la FEADLE integró 690 averiguaciones previas, de las que sólo 11.3%, es decir 78, fueron consignadas, “sin que se conozca alguna sentencia condenatoria”. Las amenazas y agresiones a periodistas en el ejercicio de su trabajo, señalaron a la PGR y la FEADLE  “continúan siendo una práctica cada vez más cotidiana”, mientras las condiciones de inseguridad, de censura y autocensura “persisten sin que el Estado haya tenido la capacidad para frenar esas condiciones, lo que ha obligado a los periodistas y sus familias al desplazamiento interno y el exilio”. Peor aún, sentenciaron, “el caso de Rubén Espinosa ha demostrado que el desplazamiento de los periodistas ya no salva sus vidas y expone la vida de aquellas personas que les son solidarias”. Por su parte, organizaciones agrupadas en el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social resaltaron que los asesinatos se producen en medio de un contexto contra los periodistas en todo el país, con especial incidencia en Veracruz y las autoridades estatales y federales han sido “incapaces de cumplir sus funciones”. Además, señalaron que “la impunidad generalizada, y la propia participación de las autoridades son elementos característicos de la gran mayoría de agresiones”. El Frente también pidió en su comunicado que la FEADLE atraiga la investigación y que en ella se consideren las amenazas en contra de Espinosa a consecuencia de su labor, la labor de defensores de los derechos humanos y la violencia feminicida, así como la posible participación de servidores públicos en estos hechos, “de forma directa o indirecta”. También pidió a las autoridades “garantizar los derechos de protección de las familias de las cinco víctimas, así como de sus compañeras y compañeros, principalmente, su derecho a la participación durante la investigación, el derecho a la verdad y a no ser revictimizadas durante el proceso de obtención de justicia”. Entre las organizaciones que respaldan a ambos frentes destacan: Artículo 19, Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), Instituto por los Derechos Humanos y Democracia, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, así como RSF, Servicios y Asesoría para la Paz, Misión de Migrantes y Refugiados, Comité Cerezo, Centro Nacional de Comunicación Social y diversas agrupaciones estatales de reporteros, así como de desplazados. Y la CNDH inicia investigación En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), inició la investigación correspondiente por el multihomicidio y una más por el atentado ocurrido la madrugada del domingo contra el semanario Presente de Veracruz. Asimismo, urgió a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF)  y a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a que atiendan todas las líneas de investigación, detener a los responsables, castigarlo y que no haya impunidad. El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, comentó que ya dispuso visitadores “para que se alleguen de indicios y testimonios que permitan conocer la verdad de los hechos”. Al término de la inauguración del Conversatorio “Conmemoración por el Día Internacional de los Pueblos Indígenas”, González Pérez consideró que el principal problema en las agresiones a periodistas “es la impunidad” y de ahí la importancia de investigar y esclarecer los ataques a periodistas y medios informativos. Asimismo, subrayó, debe cerrarse la brecha entre la normatividad y la operatividad de las normas, para lo cual hay que fortalecer el mecanismo de protección a periodistas. “Tenemos que fortalecer esas estructuras, exigir que las que tienen que procurar justicia esclarezcan los delitos, porque si no, estamos en el círculo vicioso de la impunidad. En ese sentido, se tienen que fortalecer las estructuras y mecanismos de protección”, enfatizó. Rubén Espinosa, reportero gráfico de la Agencia AVC Noticias, corresponsal del semanario Proceso y de la agencia Cuartoscuro en Veracruz, abandonó el pasado 9 de junio la entidad tras sufrir amenazas y se refugió en el Distrito Federal, donde fue asesinado el viernes pasado junto con cuatro mujeres: dos estudiantes universitarias y una trabajadora del hogar. La madrugada del domingo un grupo de desconocidos disparó contra las oficinas del semanario Presente, ubicadas en la calle 2 de Abril, en la colonia Manuel Ávila Camacho. Los atacantes incendiaron tres vehículos del periódico y dispararon contra las instalaciones en al menos 18 ocasiones. (Con información de Gloria Leticia Díaz y Anayeli García Martínez)

Comentarios