Impunidad por guerra sucia propició caso Ayotzinapa: Open Society Justice

martes, 1 de septiembre de 2015 · 21:15
MÉXICO, D.F. (apro).- La desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, cambió la opinión internacional que se tenía sobre México, bajo observación desde hace ya una década por la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico, alerta James Goldston, director ejecutivo de Open Society Justice Iniciative, una organización con sede en Nueva York. Coordinador del informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, que será presentado este miércoles 2 en Chilpancingo, Goldston, excoordinador de investigaciones en la Corte Penal Internacional (CPI), explica en entrevista que si bien la degradación del sistema de justicia en la entidad suriana es extrema, su situación no es muy distinta a lo que ocurre en el país. Si bien Open Society presentará en próximas fechas un reporte general sobre la situación del sistema de justicia en México, decidió realizar una investigación sobre Guerrero por sus particularidades violentas: la entidad tiene la tasa de homicidios más alta del país, 48 por cada 100 mil habitantes, siete veces superior al promedio mundial, que es de 6.2 homicidios, en tanto que Acapulco, la ciudad más grande de la entidad, reportó 69.60 homicidios por cada 100 mil habitantes, 17.4 veces más que en Nueva York y 3.3 veces más que en Río de Janeiro. Cuidadoso en sus expresiones, el investigador explica que la desaparición forzada de los estudiantes resulta paradigmática “porque muchos de los problemas que se ven en este caso son reflejados de forma más generalizada en el sistema penal y de justicia en Guerrero”, sistema que de acuerdo con el informe “está desgastado desde hace mucho tiempo”. Para el experto, “la vinculación de las autoridades oficiales que deben implementar la ley y el crimen organizado es un problema en extremo en Guerrero, pero también es un problema que existe en otras partes del país”. Goldston puntualiza que si bien la desaparición forzada de los estudiantes llamó la atención internacional, lo cierto es que “la ola de violencia, de homicidios, de desapariciones forzadas que hemos visto en la última década en México se ha notado en el mundo y ha cambiado la percepción que se tenía sobre el país”. Al recordar que México ha jugado un papel importante “en temas de justicia ante la comunidad internacional”, Goldston advierte que “esa voz va a tener más autoridad y respeto si se muestra que los principios de justicia se aplican internamente como afuera, ese es un reto para las autoridades”. Luego puntualiza que “la cantidad de violencia y la naturaleza de la impunidad han tenido un impacto sobre la opinión internacional en relación con México, y se ve más claro que el país tiene graves problemas en el sistema de justicia, tiene muchas ventajas por supuesto, recursos humanos, económicos y graves problemas que tiene que atacarlos con sinceridad”. Goldston admite que “la militarización de la lucha contra las drogas ha tenido un impacto fuerte en el deterioro del sistema de justicia” y, en el caso de Guerrero, “el cultivo de droga es parte esencial de la economía y de la vida social, y ha corrompido el sistema de justicia y es un gran problema”, de hecho, en Guerrero se produce entre 50 y 70% de la producción total de heroína del país, según el informe de Open Society También agrega que “el hecho de que no haya castigo legal por crímenes como desapariciones forzadas y torturas en Guerrero se manifiesta en extremo, pero ese problema de impunidad existe en otras partes del país”. La situación de impunidad en la entidad es escandalosa. De acuerdo con el documento –en cuya elaboración participaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh) y de la Montaña Tlachinollan (CDHM-T)--, delitos graves como la desaparición forzada y la tortura quedan prácticamente impunes, mientras que menos de 10% de los homicidios son sancionados. Según datos obtenidos por los investigadores de las organizaciones involucradas en el informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, de 2005 a 2014 se registraron 19 mil 434 homicidios, cifra en la que no están incluidos los restos localizados en fosas clandestinas; del total, la Procuraduría guerrerense “inició 7 mil 965 averiguaciones previas por homicidio doloso, las cuales dieron lugar a mil 601 acusaciones formales o consignaciones y 764 sentencias condenatorias (9.4% de las averiguaciones)”. En cuanto a las desapariciones forzadas, delito que no se denuncia o las autoridades ministeriales no registran, el informe retoma datos de la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero (CDHGro) que, en los últimos siete años de la guerra contra el narcotráfico, recibió 796 denuncias por personas extraviadas y/o privadas ilegalmente de la libertad, en tanto que de 1990 a 2014 investigó 90 casos de desaparición forzada, 60% de éstos ocurridos después de 2006. A los 90 casos, indica el documento, deben adicionarse 44 investigaciones abiertas por la PGJE por desaparición forzada, sin que hasta ahora se hayan presentado cargos contra presuntos responsables. Sobre el delito de tortura, Open Society y las organizaciones asociadas resaltan que de los 54 casos documentados por la CDHGro “nadie ha sido responsabilizado ni rendido cuentas”, lo que tampoco ha ocurrido con la seis averiguaciones previas por ese delito abiertas de 2006 a 2014 por la Procuraduría local, ahora denominada Fiscalía General de Guerrero. “En Guerrero parecería que uno puede, literalmente, salirse con la suya en casos de homicidio, desaparición forzada o tortura”, considera Open Society en su reporte. Goldston resalta que es en este ambiente de impunidad, y en la “la historia de violaciones a derechos humanos en Guerrero y la falta de castigo por lo que sucedió en la guerra sucia”, que ahora se registra la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, hace casi un año. “La falta de castigo por lo que ocurrió en la guerra sucia se ve hoy día reflejada en la impunidad total que existe y en la ola de violencia que Guerrero padece”, apunta Goldston. El investigador reconoce que detrás de este escenario de impunidad “ha habido una falta de voluntad política para atacar el problema, pero también problemas estructurales en el sistema de justicia: policías implicados en el crimen, una Fiscalía que no tiene capacidad técnica de resolver casos, fiscales que dependen de la tortura para investigar casos, un órgano judicial que no es suficientemente independiente del Ejecutivo ni de la Fiscalía y un sistema de protección a testigos que no funciona como debe de ser”, entre otros. También advierte que de esta impunidad reinante no se puede excluir a la Federación y que prueba de ello es nuevamente el caso Ayotzinapa, en el que la Procuraduría General de la República (PGR) intervino diez días después de los hechos. “Lo que está pasando en el estado de Guerrero el gobierno federal tiene algún conocimiento y alguna porción de responsabilidad, por supuesto, y hemos visto en el caso de los normalistas de Ayotzinapa que el gobierno federal no ha cooperado con las autoridades estatales. “No ha habido información ni coordinación entre las dos autoridades, ni de ellas para las víctimas y testigos, hay problemas para seguir líneas de investigación, y vemos que a la fecha no se ha resuelto el caso”, dice el investigador. A unos días de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), rinda su sexto informe sobre el caso Ayotzinapa, Goldston alerta sobre “cuál será la reacción de las autoridades estatales y federales a este informe, porque esto va a demostrar si realmente hay una actitud que está abierta y quiere aprender de lo que dice el informe o no, y de abrir las puertas del diálogo para abrir una discusión”. Sin embargo, reconoce que “desafortunadamente hay algunos ejemplos del pasado no muy lejano en el que el gobierno mexicano no ha reaccionado abiertamente a las recomendaciones de instituciones internacionales”, como ocurrió con los reportes presentados por el relator especial sobre tortura de la ONU, Juan Méndez, y el del Comité de la ONU sobre Desapariciones Forzadas. Tras señalar que si hay voluntad política, los gobiernos estatal y federal tendrán que cambiar su actitud frente a las conclusiones de investigaciones de los expertos independientes, Golston resalta que con el informe “Justicia fallida en el estado de Guerrero”, Open Society Justice Iniciative también pretende incidir en cambios en el sistema de justicia de la entidad sureña. “Hemos estado en comunicación con todos los actores de todos los sectores en Guerrero, en el gobierno, en el sector judicial, en la sociedad civil y vamos a tener una presentación mañana (2 de septiembre) y queremos estar en contacto con las autoridades para explicar las conclusiones y ver cómo podemos ayudar”, señala Goldston. El reporte de la situación de Guerrero forma parte de un proyecto que Open Society arrancó en 2012, que incluye el análisis del sistema de justicia de todo el país y de estados como Coahuila, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro y Guerrero, entidad a la que se le dedicó un documento por ser el estado que “sobresale como el que tiene mayores retos políticos y estructurales para investigar, perseguir, sancionar y reparar casos de atrocidades y violaciones a derechos humanos”, se lee en el documento. Integrado por numerosas solicitudes de información pública y por “52 entrevistas exhaustivas”, Goldston refiere que durante la elaboración del reporte le llamó la atención sobremanera la actitud de las víctimas de la violencia en Guerrero. “Las víctimas se distinguen por el coraje, la determinación, la pérdida de fe en las instituciones oficiales, pero muchos de ellos están luchando todavía, en ese caso los familiares de los 43, que es un caso que ha tenido mucho impacto para renovar la fe de muchas personas de que tienen que luchar por la justicia, que puede ser larga y dura, peo sólo a través de la vía pacífica y legal, dentro del estado de derecho persistente fuerte es posible que la justicia llegue”, concluye James Goldston.

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