Solicita gobierno prórroga de seis meses a peritos que investigan el caso Ayotzinapa

lunes, 14 de septiembre de 2015
MÉXICO, D.F., (apro).- Derrumbada la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, al gobierno federal no le quedó otra que admitir para su análisis las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Ante la Organización de las Naciones Unidas, donde presentó los avances de México en materia de derechos humanos, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “instruyó a todas las dependencias competentes a tomar en cuenta los elementos aportados por el informe de ese Grupo, y analizar cada una de las recomendaciones formuladas por ellos”. Luego de destacar que el de las desapariciones forzadas es “un tema prioritario” para el gobierno federal, destacó que ya está lista la propuesta de Ley General contra la Desaparición Forzada, que incluye elementos en materia de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, registros y bases de datos, tipo penal y sanciones, y por supuesto atención a víctimas y sus familiares. Dicho proyecto, añadió, tomará en cuenta las recomendaciones del Comité de Desaparición Forzada, así como las del GIEI, que en su informe sobre el caso Ayotzinapa encontró, entre otras cosas, el uso generalizado de la tortura a los presuntos perpetradores de la desaparición de los 43 normalistas, los cuales –apuntó– no fueron incinerados en el basurero de Cocula, versión que el exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, presentó como la “verdad histórica”. En este sentido, Campa reiteró la voluntad del Estado mexicano “por seguir colaborando de manera propositiva con los organismos internacionales de derechos humanos”. Añadió: “Un ejemplo claro de esta política de apertura fue la solicitud de asistencia técnica que México hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en torno a la desaparición de los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, ocurrida en septiembre del 2014”. El GIEI, destacó, presentó su informe el pasado 6 de septiembre, “el cual integra nuevos elementos y una serie de recomendaciones que coadyuvarán al esclarecimiento de estos lamentables hechos”. Adelantó que el gobierno incorporará el contenido del informe a la investigación que actualmente realiza la Procuraduría General de la República. “Y teniendo en cuenta que éste ha sido un ejercicio de coordinación con organismos internacionales sin precedentes, se solicitará la prórroga del mandato por seis meses, para que el Grupo de Expertos pueda concluir sus trabajos en torno a estos hechos”, sostuvo. Al intervenir en la apertura de la trigésima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el excandidato presidencial también reiteró “el irrestricto compromiso de México en la promoción y protección de la libertad de expresión”, y aseguró que se han realizado importantes mejoras en la operatividad del Mecanismo de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Con este fin, subrayó, se está trabajando con Freedom House en este proceso para mejorar la metodología y procedimientos internos del Mecanismo, logrando superar el rezago en el análisis de los casos. “A esta fecha, el mecanismo protege casi a 450 defensores y periodistas, sin un solo incidente grave en los últimos 12 meses”, destacó el funcionario federal, a sólo mes y medio del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, ejecutado junto con otras cuatro mujeres en un departamento de la colonia Narvarte, en el Distrito Federal, entre ellas la activista Nadia Vera. “De forma congruente con el enfoque integral que hemos promovido en el seno de este Consejo, hemos llevado a cabo acciones para la promoción de medios libres y diversos, el fomento al acceso a la información, la búsqueda de accesibilidad a nuevas tecnologías de la comunicación sin discriminación y la protección de periodistas y comunicadores”, señaló Campa.

Comentarios