Exigen organizaciones campesinas corregir fallas en el gasto destinado al agro

martes, 22 de septiembre de 2015 · 20:20
MÉXICO, D.F. (apro).- Los apoyos al campo y al pequeño productor que ofreció el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega de su Tercer Informe de Gobierno, el pasado miércoles 2, podrían quedarse en letra muerta, afirmaron los representantes de las organizaciones reunidas en la Iniciativa Valor Campesino. Destacaron que el presupuesto “base cero” para 2016 prevé un recorte efectivo de 15.6% a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), y no incluye la reorientación de los subsidios hacia quienes más los necesitan. De acuerdo con Iniciativa Valor Campesino, en las próximas semanas intentará influir en la discusión legislativa para corregir las fallas que detectaron en el gasto destinado al agro, con el fin de reorientar 70% de los subsidios hacia los agricultores de pequeñas parcelas –menos de 10 hectáreas–, con un enfoque “productivo y no asistencialista”. Entre las propuestas que presentará a los legisladores resalta la reducción del tope de apoyo a Proagro Productivo y Progan, que actualmente beneficia a agricultores que poseen hasta 80 hectáreas y a ganaderos con hasta 300 cabezas de bovino, respectivamente. Las organizaciones sugieren disminuir el tope a 20 hectáreas para Proagro y a 35 cabezas de ganado para Progan. “Los recursos liberados de estos nuevos topes deberán etiquetarse para incorporar al padrón de Proagro Productivo a los pequeños productores con hasta cinco hectáreas, principalmente del centro y sur-sureste”, precisaron. Héctor Robles, integrante de la organización Subsidios al Campo, sostuvo que la idea es “cambiar la percepción de que los pequeños productores son pobres y no productivos”. El 70% de los campesinos explota terrenos menores a cinco hectáreas y se reparten 16% de la superficie dedicada a la agricultura, lamentó. Las organizaciones también resaltaron la necesidad de agilizar y simplificar los programas de desarrollo y acciones destinadas a los productores agrícolas, e incluir los de fomento productivo que manejan distintas secretarías, entre ellas las de Desarrollo Social (Sedesol) y Hacienda y Crédito Público (SHCP). “Esto permitiría articular en cuatro programas coherentes más de 60 mil millones de pesos, en lugar de los 3 mil 200 millones que le asignaron en el presupuesto 2016 a un solo programa”, insistieron. Asimismo, reiteraron que los programas que maneja la Sagarpa deberían contar con un padrón, reglas de operación y una ventanilla única. En resumen, “que todas las acciones dispersas se agrupen en una, pensando en el productor”, señaló Robles. Tal como lo plantea el proyecto de presupuesto 2016, el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sostenible (PEC Rural) sigue siendo “inercial”, subrayaron las organizaciones, e insistieron que se trata de un presupuesto “para la desigualdad, la dependencia alimentaria, la malnutrición, el deterioro ambiental, la ineficiencia, la opacidad, el clientelismo y el dispendio”. Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), recordó que "el presupuesto erogado en el campo se incrementó año tras año, pero no generó menos desigualdad, sino que se orientó hacia los ricos productores y profundizó la pobreza”. Expuso que la mitad de los 10 mil millones de pesos destinados a los subsidios para la comercialización benefició a solamente 30 mil grandes productores de Sinaloa, mientras la otra mitad se repartió entre un millón de pequeños productores. Sobre ProAgro, afirmó que 200 mil personas reciben 60% del presupuesto y dos millones comparten el 40% restante. “Sin embargo, se ha demostrado que cada peso invertido en el campo es dos a tres veces más eficiente que los subsidios asistencialistas para combatir la pobreza”, aseveró, luego de recordar que “tenemos muchos años denunciando que se utilizan (estos subsidios) para comprar elecciones”. Tras analizar el proyecto de presupuesto para el próximo año, las organizaciones observaron que el recorte que sufrirán la Sagarpa y los programas de fomento productivo evidencia “que el campo no es una prioridad para el gobierno actual”.

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