MÉXICO, D.F. (apro).- En el marco del Seminario Internacional “Evaluación de las elecciones 2015 y la reforma electoral 2014: diagnóstico y propuestas”, el consejero Ciro Murayama recriminó a la Cámara de Diputados que pretenda violar la Constitución y “escamotear” el derecho al voto de la ciudadanía con el recorte presupuestal al INE. “La ley fundamental de este país es la Constitución, la Constitución le da a la gente el derecho al voto, no puede ser por la puerta de atrás del recorte presupuestal como se le quiera “escamotear” ese derecho a la ciudadanía”, indicó en entrevista. El 25 de agosto, el INE pidió a los diputados un presupuesto de 15 mil 473.8 millones de pesos para el próximo año, cuando se realizarán 13 elecciones locales, 12 de ellas para renovar gubernaturas. Del presupuesto total, 11 mil 442 millones se aplicarían en gasto operativo –16.8% menos de lo solicitado para 2015– y 4 mil 31 millones son recursos destinados al financiamiento público a los partidos políticos, 27% menos que el año anterior. Este porcentaje redondeado en 20% fue expuesto como argumento por el consejero Murayama, quien destacó que ese dinero sería usado para la instalación de casillas, para funcionarios electorales, capacitación, etcétera, porque estas entidades representan 35% del peso electoral del país. Estos recursos, sentenció, “son intocables”. Luego resaltó que si los legisladores quieren reducir el presupuesto del INE, deben modificar el artículo 41 constitucional. Además, aclaró que el INE tiene como mandato constitucional “realizar la capacitación y la integración de mesas directivas de casillas en todas las elecciones que se realicen en el país, federales o locales; fiscalizar la totalidad de las campañas, realizar la distritación en las entidades y abrir el padrón electoral a los mexicanos residentes en el extranjero”. También dijo que “el INE no desea que crezca el gasto electoral, pues la austeridad ya es una condición de legitimidad de los comicios”. Y se mostró dispuesto a avanzar a un modelo electoral “minimalista”, pero para ello deberían modificarse las atribuciones del INE en la Constitución, “no avanzar por la ruta del recorte presupuestal ciego”, pues recordó ”que la ley fundamental es la Constitución, no la Ley de Egresos”. Nueva reforma electoral Para la exconsejera electoral María Marván, académica del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE), una de las lecciones que dejó el pasado proceso electoral fue la necesidad de una nueva reforma. Lo anterior porque la reforma electoral de 2014 sólo volvió más complejas las reglas en la materia y dio más facultades al Instituto Nacional Electoral (INE), “que lo convirtió en una especie de ministerio público que toma decisiones por violaciones a la ley electoral para que, después, fuera el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) quien emita una resolución final o la revoque”. Durante su participación en el seminario, celebrado en la Antigua Escuela de Medicina de la UNAM, también destacó las 76 nuevas funciones que se le dieron al INE. Asimismo, se refirió a la complejidad del proceso pasado, donde se registraron 22 homicidios, ocho candidatos asesinados y 14 mil 566 denuncias electorales, 800% más que en 2009, año en que se registraron sólo mil 578. Además, se trató de los comicios más caros de la historia. Los de 2009 costaron 3 mil 631 millones de pesos. Y este año su costo se elevó a 5 mil 199 millones. Entre el INE, TEPJF y la Fepade se gastaron 21 mil millones 786 mil pesos; además, se reportó la emisión de 40 millones de ‘spots’. También se consumó la alternancia en 102 de los 300 distritos y por primera vez se registraron 127 candidatos independientes, de los que seis ganaron los comicios. ¿Qué tipo de reforma? Una de las propuestas vertidas por el expresidente del IFE, ahora INE, Luis Carlos Ugalde, es dar paso a una “reforma base cero” para que se cambie el articulado en lugar de aumentarlo. Con este tema surgió el debate en la mesa de “Evaluación del proceso electoral 2014-2015”, donde otro exconsejero presidente, José Woldenberg, y Joseph Thompson, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, no estuvieron de acuerdo en la propuesta de Ugalde, pues ello implicaba comenzar de la nada a formar un conjunto de leyes que se han venido elaborando desde 1996. En su turno, Thompson criticó que México padece dos paradigmas: tiene “electoralitis” y “reformitis”. “Busca soluciones a todos los problemas políticos y sociales en el plano electoral. No todo se resuelve con un proceso electoral. 'Reformitis' porque trata de regular todo lo que se hizo mal en un proceso electoral. La reforma es importante pero no el único instrumento”, indicó. Y enseguida propuso plantear una reforma integral. En su oportunidad, Woldenberg reconoció que en el ánimo de perfeccionar la ley electoral después de cada proceso, se la está perjudicando. Reconoció que la reforma de 2014 “es un híbrido espantoso”, con un Instituto Nacional Electoral (INE) crecido en sus atribuciones y unas OPLEs reducidos. Ugalde, por su parte, consideró que hablar de “reforma base cero” responde, desde su perspectiva, a modificar la ley en lugar de agregarle más artículos. Por ello destacó que en 2014 se le agregaron 200 artículos a una ley que ya tenía 400. “Así no funciona”, espetó. Luego centró su argumento en regularizar el tema del “financiamiento paralelo” permitido, lo cual se utiliza con fines político-electorales para beneficiar a un candidato y a su donante. Así, consideró que la pregunta que queda en el aire por el pasado proceso electoral es si sirvió el sistema de fiscalización a las campañas electorales, candidatos y partidos políticos.