MÉXICO, D.F. (apro).- La secretaria de Salud federal, Mercedes Juan, se reunió con Raúl Elizalde, padre de la niña Grace, afectada por el síndrome de Lennox Gastaut, que le provoca constantes ataques epilépticos, y le ofreció apoyo para atender a la menor en los hospitales e institutos nacionales de salud que necesite. La reunión de la funcionaria federal con el padre de la niña de ocho años, se dio luego de que el pasado 17 de agosto el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Martín Santos Pérez, autorizó la importación de Estados Unidos a México de una sustancia derivada de la cannabis, de la que se obtiene la mariguana, para el tratamiento médico de Grace. Y es que, luego de pasar por decenas de métodos curativos en el país, ninguno ha sido suficiente para aminorar las convulsiones que en algunos momentos han llegado hasta 400 episodios diarios, incluso cuando duerme. El juez concedió un amparo que ordena a las autoridades federales permitir a los padres de la niña, residentes de Monterrey, que importen al país medicamentos elaborados a base de cannabidiol, actualmente prohibido por la Ley General de Salud. Tal fallo cobró relevancia pues fue la primera vez en México que un juez autorizó la importación de una sustancia derivada de la mariguana con fines médicos. A través de un comunicado, la SSA informó que durante la reunión de este lunes en la sede de la dependencia federal, Mercedes Juan “reconoció la urgencia de atender el caso”. Dijo que la prioridad del asunto es mejorar la calidad de vida de Grace, “con el manejo integral y los cuidados paliativos que requiera”. La dependencia destacó que el pasado 15 de julio, la funcionaria presentó la Estrategia Nacional para el Control del Dolor y los Cuidados Paliativos, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Para obtener la autorización del juez para importar la sustancia derivada de la cannabis, los abogados de la familia Elizalde argumentaron que hay artículos de la Ley General de Salud que son inconstitucionales porque “violan varios derechos humanos de gran importancia”, como el derecho a decidir, a la dignidad de la persona, a la libertad individual o a vivir sin dolor. Ahora, los litigantes buscan que el Poder Judicial declare inconstitucionales ocho artículos de la mencionada Ley que prohíben todo lo relacionado con la cannabis y sus derivados.