MÉXICO, D.F. (apro).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación –28/2015– para el fiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, por violaciones a los derechos humanos en materia de procuración de justicia y atención a víctimas del delito, cometidas por personal a su cargo contra un joven de 14 años desaparecido desde el 29 de julio de 2013. La recomendación también considera daños ocasionados a familiares del adolescente. De acuerdo con la investigación de la CNDH, una agente del Ministerio Público Investigador en Coatzacoalcos, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Veracruz, incurrió en dilación e irregularidades en la integración de la investigación ministerial número 1 relacionada con la desaparición del chico. El organismo revisó las constancias ministeriales y observó que la agente del MP tuvo lapsos de “inactividad significativa”, incluso superiores a un año, en los que no solicitó información para localizar al joven desaparecido y esclarecer los hechos, “lo que resulta contrario al principio de debida diligencia que se debió observar en la integración de la indagatoria”, señaló la CNDH. Además advirtió que la servidora pública no realizó diligencias que debieron efectuarse con prontitud, pues “en este tipo de casos la celeridad en el inicio de investigación es fundamental” para evitar pérdida de información que puede ser fundamental para ubicar a la víctima, identificar a os probables responsables de su desaparición y el esclarecimiento de los hechos. Con ello, subrayó el organismo, la agente del MP transgredió diferentes preceptos constitucionales, leyes y tratados internacionales. Por ello la CNDH recomendó al fiscal general que instruya la realización de las acciones necesarias para la debida integración y determinación de la investigación ministerial número 3 (antes número 1), iniciada con motivo de la desaparición del joven. Pidió que dichas acciones se efectúen “con la debida diligencia”, para localizar al agraviado, tomando en cuenta su vulnerabilidad por ser menor de edad y que, en su caso, se esclarezcan los hechos relacionados con su desaparición. De resultar procedente, solicitó que se active la Pre-Alerta Amber para la búsqueda, localización y recuperación del joven y que se tomen las medidas para reparar los daños ocasionados a sus familiares en los términos señalados en la Ley General de Víctimas y en la Ley número 308 de Víctimas para el estado. La CNDH también requirió en su recomendación que se emita una circular a todo el personal de la Fiscalía General, en el que se reiteren los “Lineamientos para la Atención Inmediata de Personas Desaparecidas”. De manera específica, pidió que cuando se trate de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, se atiendan los casos con la debida diligencia, tomando en consideración el interés superior de la niñez, destacando las obligaciones de coordinación  que deben observar con otras autoridades. Además pidió que instruya, a quien corresponda, que la Fiscalía General cuente con expertos en elaboración de retratos hablados y sean ellos los únicos encargados de esa tarea. También que se emprenda un programa integral de capacitación y formación dirigido a todo el personal, en particular a agentes del Ministerio Público, peritos y policías ministeriales, que involucren derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, de las víctimas de delitos, la debida investigación de hechos relacionados con la desaparición de personas y la normatividad aplicable en esos casos. Asimismo la CNDH pidió la colaboración de la Fiscalía en la presentación y trámite de la queja y denuncia que se promuevan ante la Visitaduría General de la Fiscalía contra los servidores públicos responsables.