MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, afirmó hoy que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Ayotzinapa demuestra la ineficacia del gobierno de Enrique Peña Nieto y fuertes indicios de corrupción de la justicia. En su primera reacción ante el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la CIDH que rechazó la hipótesis de la Procuraduría General de la República (PGR) en el sentido de que los 43 normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula, Guerrero, Anaya reconoció el documento que, dijo, habla de la profunda corrupción y la impunidad que imperan en México “Si algo queda claro en el informe de los expertos es que las investigaciones de la PGR sobre los jóvenes desaparecidos son insuficientes y están plagadas de errores. Y lo más grave es que su hipótesis principal no se sostiene a la luz de pruebas científicas. El informe agrava la deuda con las víctimas”, puntualizó Anaya. “Estamos profundamente consternados por los resultados del informe, porque hablan de la profunda corrupción y la impunidad que imperan en el país. Tenemos un gobierno que dice haber llegado a conclusiones ciertas, cuando las pruebas científicas apuntan a que son falsas”, añadió. El presidente del PAN recordó que la PGR afirmó que los cuerpos de los jóvenes habían sido incinerados; pero puntualizó que el informe textualmente estableció que “no existe ninguna evidencia que apoye la hipótesis generada en base a testimonios de que 43 cuerpos fueron cremados en el basurero municipal de Cocula el 27 de septiembre de 2014”. Por ello, planteó: “Exigimos a la PGR y al gobierno federal hacerse cargo de sus errores y replantear la investigación sobre bases ciertas para que se conozca la verdad de lo ocurrido y se castigue a los responsables”. Y anunció que instruyó a los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y de Senadores para que, en ejercicio de sus facultades de control, hagan todas las gestiones necesarias para deslindar las responsabilidades políticas del caso. Además, expresó su solidaridad con los familiares de los jóvenes desaparecidos y exigió que se reconduzcan las investigaciones para dar con su paradero. Concluyó: “Las investigaciones deben continuar y debe castigarse a los culpables de estos hechos, así como a las autoridades que hubieran actuado con dolo o negligencia”.