MÉXICO, DF (apro).- La Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) manifestó su indignación “por la campaña de difamación y desprestigio” contra las especialistas Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para revisar el caso Ayotzinapa. “Como defensoras de derechos humanos de Mesoamérica reconocemos la experiencia, aporte y congruencia de ambas expertas, quienes tanto en Colombia, en el caso de Ángela Buitrago, como en Guatemala, en el caso de Claudia Paz y Paz, han trabajado a favor de la justicia y el respeto de los derechos humanos”, destaca IM-Defensoras en un comunicado. Subraya que a escala internacional tanto Buitrago como Paz han sido reconocidas por investigar crímenes de lesa humanidad, como la desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, así como por juzgar y denunciar la corrupción en sus respectivos países, logrando sentencias históricas sin precedente. Entre esas sentencias, apunta, se encuentra la impuesta contra el exdictador de Guatemala general José Efraín Ríos Montt, juzgado por genocidio y crímenes de lesa humanidad contra más de mil 700 indígenas Ixiles, asesinados por el ejército durante su mandato. “De manera particular nos preocupa que la campaña de difamación ha sido dirigida a las expertas mujeres, tratando de denostar su ética profesional y desacreditar su calidad moral, evidenciando una clara discriminación en razón de género, al intentar poner en entredicho su labor, cuestionar su capacidad profesional y congruencia ética”. Añade el texto: “Haciendo un despliegue de recursos económicos, la campaña con señalamientos infundados se realiza a 16 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y luego del inicio de las Caravanas de madres, padres y normalistas al norte y sur del país”. Luego de destacar que los integrantes del GIEI fueron escogidos entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano como por los peticionarios, el documento precisa que quienes integran la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) “hemos sido testigas de la importante labor del GIEI para conocer lo sucedido con los 43 normalistas de Ayotzinapa”. El Grupo “ha sido piedra angular” y ello se evidencia con su informe presentado en septiembre de 2015, a través del cual ofreció nuevas líneas de investigación que cuestionan la investigación oficial, puntualiza. En ese sentido, lejos de abonar al esclarecimiento de los hechos y a que las madres, padres y normalistas de Ayotzinapa puedan dar con el paradero de sus hijos y conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre en Iguala, “a través de una campaña mediática se busca mermar la legitimidad y el reconocimiento alcanzado hasta ahora por el GIEI sin enfocarse en lo fundamental que es el acceso a la justicia y el derecho a la verdad para las víctimas”. Por último, la IM-Defensoras exige que cese a la campaña de difamación y desprestigio contra las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, y demanda garantías de seguridad para que ellas y los demás integrantes del GIEI: Alejandro Valencia Villa (Colombia), Francisco Cox Vial (Chile) y Carlos Martín Beristain (España), puedan continuar su labor sin obstáculos ni calumnias. Asimismo, que el gobierno federal presente avances sustanciales en la investigación relacionada con la desaparición de los estudiantes normalistas desaparecidos, y en tanto esto no suceda pueda continuar la permanencia del GIEI para seguir con las investigaciones que contribuyan al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia. “Las defensoras mesoamericanas respaldamos la labor, profesionalismo y compromiso de las fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz y Paz, así como del GIEI en su conjunto. Hacemos un llamado al gobierno federal a reencauzar las energías y esfuerzos en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos y en el acceso a la justicia para ellos y para los tres estudiantes de Ayotzinapa y demás personas ejecutadas extrajudicialmente el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, hechos que hasta la fecha se mantienen impunes”, remata el comunicado de las 690 defensoras pertenecientes a diversas organizaciones, activismos y movimientos sociales de Mesoamérica.