OAXACA, Oax. (apro).- El obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, declaró que “México ya es un cementerio”, que los gobiernos atizan conflictos sociales y sólo actúan cuando hay sangre y muertos, como en el caso de los Chimalapas, donde “hasta que les llegó la lumbre a los aparejos intervinieron”. El líder religioso cuestionó a los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Gabino Cué de Oaxaca y Manuel Velasco Coello de Chiapas, así como a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por ser “incapaces” de atender la invasión de 40 mil hectáreas en el territorio de los Chimalapas por parte de ganaderos chiapanecos y habitantes veracruzanos. Por lo pronto, la asamblea comunitaria de San Francisco La Paz, perteneciente a Santa María Chimalapa, determinó hoy entregar a la Fiscalía de Justicia a Leonardo Juan Zárate y David Vega Guerrero, los dos últimos invasores retenidos desde el pasado 24 de diciembre, con el compromiso de que serán encarcelados y les devolverán las hectáreas invadidas. El segundo está acusado de ser el promotor de invadir la zona de San Isidro La Gringa. “Hemos visto que finalmente, luego de la intervención de la Subsecretaría de Derechos Humanos de Gobernación, poco a poco se ha ido avanzando en acuerdos en pro de la solución justa que estamos exigiendo desde febrero de 2014, en relación a desalojar todas las invasiones y reinvasiones en San Isidro La Gringa, recuperada a favor de Santa María Chimalapa desde septiembre de 1994”, explicaron los participantes. “Dentro de nuestra visión de justicia como indígenas, consideramos justo que conforme se vayan dando pasos positivos de su lado, como prueba en los hechos de la buena fe, nosotros daremos igual pasos en el sentido de nuestra palabra empeñada. Por tal motivo, esperamos de su parte como fiscalía y de parte del gobierno de Oaxaca, el siguiente paso que debe ser el desalojo total de los invasores”, finalizaron. Tras esta decisión, el fiscal Héctor Joaquín Carrillo Ruiz envió a la zona un helicóptero al mediodía para recibir a los presuntos responsables. Dignidad contra indiferencia Participante en la caravana de observación civil y solidaridad con los Chimalapas, el obispo Lona Reyes resaltó la dignidad de los indígenas zoques que luchan por defender sus tierras, mientras que los gobiernos actúan “hasta que les llega la lumbre a los aparejos”. Criticó que en este caso intervinieron hasta que fueron retenidos cuatro invasores y amagaron con desalojar a quienes destruyen la selva. La situación es preocupante, dijo, porque antes las invasiones sólo provenían de gente de Chiapas, pero ahora también son de Veracruz, lo que ha alertado a los municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa para defender su territorio. Y es que, agregó, el gobierno de Oaxaca “no vela por su soberanía”. Pese a que el caso ya se encuentra en la SCJN desde hace más de tres años porque el gobierno de Chiapas creó dos municipios en territorio oaxaqueño, no ha habido ninguna resolución. Desde febrero del 2015 se incrementaron las invasiones, pero no fue hasta la retención de cuatro invasores que las autoridades federales y estatales voltearon sus ojos al conflicto. Otra situación que preocupa al obispo emérito de Tehuantepec, Arturo Lona Reyes, es la escasez de alimentos básicos para casi mil personas pues dijo que ya se terminaron las reservas: “Imagínese que el banquete para el obispo fue un taco con sal, no había más. ¿Y los niños, los ancianos, los enfermos qué?”, dijo. El sacerdote informó que hoy se reunió con el secretario general de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, para exponerle esta situación. Según su versión, éste se comprometió a enviar una ambulancia y medicamentos. En tanto, el funcionario estatal expuso los resultados del operativo realizado en días anteriores por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa). Destacó que se documentaron las afectaciones denunciadas por los zoques. Durante el encuentro también acordaron dar seguimiento a las acciones programadas y brindar atención a las denuncias existentes por probable despojo del territorio de Chimalapa interpuesta por los pueblos y comunidades de la zona.