Venezuela: la crisis institucional

viernes, 29 de enero de 2016
BOGOTÁ (apro).- El presidente venezolano Nicolás Maduro y la unicameral Asamblea Nacional (AN), dominada por la oposición, libran una dura pugna de poderes en la que el gobernante parece decidido a desacatar todas las decisiones y leyes emanadas del Legislativo. El jueves 28 Maduro rechazó una ley que la AN aprobó en primer debate para otorgar títulos de propiedad a los beneficiarios del millón de viviendas construidas por el gobierno en los últimos años. “Esa ley no va. Sencillo, punto y listo”, dijo el presidente, quien considera que esa legislación busca “la privatización” de las viviendas construidas por el Estado. La oposición argumenta, en cambio, que lo que se busca es dar certidumbre jurídica a los beneficiarios de las viviendas y evitar que éstas sean usadas por el gobernante Partido Socialista Unidos de Venezuela (PSUV) para hacer clientelismo político. Pero Maduro insistió en rechazar esa ley, lo que significa que, una vez que se apruebe en el último debate, alegará su inconstitucionalidad ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y éste le dará la razón. “El Tribunal es un apéndice del Ejecutivo. Sus magistrados son abiertos simpatizantes del PSUV. Estamos ante un conflicto de poderes en el que el árbitro no es un actor imparcial. Esto nos lleva a una crisis institucional muy seria”, dice Mejía a Apro. Dos días antes de rechazar la ley de titulación de viviendas, Maduro había dicho que desacataría la decisión de la AN de negarle la aprobación de un decreto de emergencia económica que, según el Ejecutivo apunta a enfrentar la profunda crisis que vive Venezuela, donde se registró una contracción de 10% en 2015 con una inflación superior a 250% y una aguda escasez de alimentos y productos básicos. "Lo peor que ha hecho la Asamblea es tratar de negar, de anular y de impedir el decreto de emergencia económica (…) y me reservo acciones que voy a tomar, en el campo de la Constitución y de la legalidad y le pido al pueblo todo el apoyo", dijo el presidente durante una reunión con sus ministros del área económica. Para Mejía, un doctor en derecho por la Universidad de Paris II y experto constitucionalista, lo que está ocurriendo, “en la práctica, es que el presidente está en desacato frente a la Asamblea Nacional y no está teniendo en cuenta ninguna de sus decisiones y leyes”. Eso ocurrió el pasado martes 26, cuando la AN, donde la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) tiene una cómoda mayoría, declaró una "crisis humanitaria de salud" por la falta de medicinas e instrumental médico y el generalizado deterioro de los hospitales públicos. El Congreso unicameral le pidió al gobierno "garantizar de manera inmediata el acceso a la lista de medicamentos esenciales que son básicos, indispensables e imprescindibles y deben ser accesibles en todo momento". Y exhortó al Ejecutivo a que "permita el envío de medicamentos de particulares de otras naciones a Venezuela y dentro del territorio nacional", algo prohibido hasta ahora. Durante la sesión, la oposición presentó los testimonios de Richard Medina, padre de un niño que murió por falta de un medicamento para el cáncer de pulmón, y de John Pérez, cuya madre murió por complicaciones derivadas de la falta de instrumental médico. La crisis en el sistema de salud se hará más evidente con la aparición del virus del Zika, cuyos casos en el país llegan a 4 mil 500. Desequilibrio de poderes Aunque Maduro carece de poder de veto sobre las decisiones de la AN, el TSJ puede dejar sin efecto las legislaciones que declare inconstitucionales. “Esto lo hará todas las veces que se lo pida el presidente”, señala Mejía. Los ministros también han desacatado hasta ahora los llamados de la AN. El pasado 21 de enero, cuatro de ellos se negaron a comparecer para presentar los indicadores económicos 2015 y explicar las medidas previstas para sortear la grave crisis económica. De acuerdo con Mejía, quien es profesor de ciencias políticas en las universidades Metropolitana y Católica del Táchira, “los hechos están demostrando lo que mucho se temía, que el gobierno está incapacitado para cohabitar con la oposición y que echará mano de todos los recursos legales y extralegales a su alcance para dejar sin efecto cualquier decisión del Parlamento que no sea favorable a sus intereses”. Human Rights Watch (HRW) aseguró en su informe anual, presentado el miércoles 27, que el Poder Judicial de Venezuela “prácticamente dejó de funcionar de forma independiente al gobierno” y que, por el contrario, se ha convertido en un instrumento del Ejecutivo “para detener y procesar criminalmente a prominentes opositores políticos”. De hecho, otra de las iniciativas que impulsa la MUD en la Asamblea es una ley de amnistía que beneficiaría a unos 75 presos políticos, entre ellos los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, y a miles de exiliados que se han marchado del país alegando persecución por parte del gobierno. Maduro ha dicho que aunque le envíen “mil leyes de amnistía” nunca liberará a “los asesinos del pueblo”. López está sentenciado a 13 años y nueve meses de prisión como responsable de la muerte de 43 personas durante las protestas sociales de 2014, pero hay videos y testimonios de que los que perpetraron esa masacre fueron efectivos de la Guardia Nacional, agentes del Estado y grupos paramilitares chavistas conocidos como “colectivos”. Human Rights Watch señaló en su informe que “durante el juicio a López, la Fiscalía no presentó evidencias creíbles que lo incriminaran, y el juez encargado, cuyo cargo es provisional y no posee estabilidad garantizada, no permitió que la defensa presentase sus pruebas”. Las salidas La MUD, que por primera vez tiene mayoría en la Asamblea tras 17 años de chavismo en Venezuela, evalúa diferentes métodos para propiciar un cambio de gobierno. El dirigente opositor que preside la Asamblea, Henry Ramos Allup, ha señalado que los caminos pueden ser una enmienda constitucional que acorte el periodo de gobierno de Maduro, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que reconfigure el régimen político construido por el fallecido líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, o llamar a un referendo para revocar el mandato del presidente este mismo año. Este último mecanismo puede activarse desde abril próximo, cuando Maduro cumplirá la mitad de su mandato. Para ello, la MUD deberá recolectar las firmas, huellas dactilares y fotografías de 3.9 millones de electores inscritos, 20% del total. Si se obtienen las firmas para revocar el mandato de Maduro se necesitarán al menos 7 millones 587 mil 532 votos, equivalentes a 38.9% de los electores inscritos, lo que no será fácil de conseguir en un país donde el gobierno aún cuenta con un enorme aparato clientelar. Pero el excandidato presidencial de la MUD y gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, cree que la opción más viable en estos momentos es iniciar un proceso revocatorio. “Nicolás Maduro cada día suma más para que los venezolanos tomemos una decisión sobre el cambio de gobierno. Pareciera que él está jugando a una explosión social”, dijo en una rueda de prensa. Capriles agregó que la crisis económica es tan severa que es hora de enfrentarla desde el sector político. “O aquí hay soluciones, o los venezolanos tenemos que plantearnos cuál será el camino para el cambio. Esa es la cuenta que está corriendo. El tiempo constitucional para un referendo revocatorio o la enmienda constitucional ha llegado”, aseguró. El economista Boris Ackerman señala que la crisis económica es “medular” en la actual coyuntura venezolana porque el malestar social que esta causa podría derivar en la profundización de la crisis política. “Ya vimos el 6 de diciembre cómo la oposición obtuvo un triunfo contundente (en los comicios legislativos) y hoy, con más escasez de alimentos, con más inflación, con una caída brutal del poder adquisitivo, el voto castigo puede ser más severo en un referendo revocatorio”, asegura. Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía venezolana caerá 8% este año tras retroceder 10 puntos porcentuales en 2015, y la inflación llegará a 720%. Además, el gobierno no tendrá divisas para importar los alimentos que demanda la población ni los insumos que requiere el golpeado sector productivo. Esto, por el desplome de los precios del petróleo, que genera 96% de las divisas del país. En 2015, con un precio promedio del barril de petróleo de 44.65 dólares, los ingresos por exportación de crudo se desplomaron 50% con respecto de 2014, y este año el mercado de hidrocarburos se ha deprimido aún más. Un precio promedio de 25 dólares por barril, que es el que alcanzó esta semana, le daría a Venezuela un ingreso bruto de 18 mil millones anuales, la mitad que en 2015 y una cifra insuficiente para hacer frente a las importaciones, al gasto fiscal y al pago de intereses y capital de la deuda externa. Para José Amando Mejía, las crisis económica, política, social e institucional “conducen, todas juntas, a un cambio que, esperamos, sea ordenado y pacífico”.

Comentarios