Pide UNT 'una actitud responsable” en eventual aprobación de la reforma de justicia laboral

lunes, 10 de octubre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) exigió a los legisladores “una actitud responsable” en la eventual aprobación de la reforma de justicia laboral donde se adicionó la fracción XVIII que, puntualizó, atenta contra el derecho de contratación colectiva de los trabajadores. Advirtió que si se concreta esa medida, convocará a la movilización y usará todos los recursos políticos necesarios para defender el derecho a la huelga, a la autonomía, independencia y democracia sindical, así como a la contratación colectiva auténtica. “Demandamos de los legisladores una actitud responsable y congruente con las necesidades de un país en el que es impostergable la dignificación del trabajo por medio de empleos de calidad y salarios bien remunerados. Para ello se requiere fortalecer la contratación colectiva auténtica, así como el derecho de los trabajadores de organizarse de manera autónoma utilizando el voto directo y secreto en todas las decisiones sindicales relevantes”, señala en un desplegado difundido en redes sociales. Firmado por los presidentes colegiados Francisco Hernández Juárez, dirigente del sindicato de telefonistas; Agustín Fuentes, del sindicato de la UNAM, y Mario Alberto González Aguilera, dirigente de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores (ASPA), el texto destaca que los gremios agrupados en la UNT no consentirán un nuevo acto de simulación “para que se perpetúe el corporativismo sindical, como los contratos de protección que tanto daño han hecho a los trabajadores”. Por ello, la UNT se pronunció contra la adhesión de la fracción XVIII de la reforma de justicia laboral cotidiana que se aprobó de último momento en las comisiones del Senado y que se presume será discutida este martes ante el pleno. “En el proyecto de dictamen, la adición de la fracción décima octava en materia de huelga es un nuevo candado que imposibilita en la práctica el ejercicio de derecho de huelga para efecto de la firma del Contrato Colectivo de Trabajo. “Con esta modificación se obligaría a los trabajadores a solicitar a los patrones, antes del emplazamiento a huelga, una constancia de trabajo en la empresa o lugar de trabajo, lo que daría lugar a la elaboración de listas negras en perjuicio de todos aquellos trabajadores involucrados en este proceso”, detalla el escrito que circula en redes sociales. Y destaca que si la modificación se aprueba, se elevaría a rango constitucional “un precepto que obstaculizaría la lucha de los trabajadores para contar con una representación sindical legítima y un contrato colectivo auténtico, ya que la acreditación de una mayoría previa al emplazamiento favorecería todo tipo de actos de represión en contra de los trabajadores”. No obstante, admite que la reforma enviada por el Ejecutivo federal, a diferencia de la aprobada en 2012 como preferencial, a petición del entonces presidente Felipe Calderón –que legalizó el outsourcing y abarató el despido de los trabajadores, contribuyendo a precarizar los empleos–, contiene aspectos positivos, como quitar las Juntas de Conciliación y Arbitraje para sustituirlas por un organismo más autónomo. “En caso de que se apruebe la propuesta habrá jueces de lo laboral, así como la introducción de modalidades de voto directo y secreto para procesar las principales determinaciones de los sindicatos, además de la creación de un organismo público federal encargado de los registros de sindicatos y de contratos colectivos”, indica. No sólo eso, también se crearía un organismo público federal encargado de los registros de los sindicatos y contratos colectivos, añade. Y la supresión de las Juntas de Conciliación y Arbitraje podría ser el punto de partida de un proceso de transformación más profundo que en etapas posteriores incluiría, entre otras medidas, la eliminación del apartado B del Artículo 123 constitucional, así como el establecimiento de diversos preceptos que favorecerían la libertad de afiliación sindical, eliminando la injerencia del gobierno y los patrones en los asuntos internos de las organizaciones de los trabajadores”.    

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