CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Minutos después de que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó licencia al cargo, el PRD pidió no sólo su renuncia, sino que regrese lo sustraído, y el PAN exigió al gobierno federal que “evite” que aquél escape de la justicia. A su vez, Morena demandó la presencia de un comisionado especial en Veracruz o que el titular de la Secretaría de Gobernación asuma su papel como encargado de la política interna, mientras que el PRI, que sentó en la silla gubernamental a Duarte, solicitó “respeto” por la decisión. Y en tanto que los coordinadores parlamentarios de los principales partidos lamentaban el “retraso” de la salida de Duarte del gobierno veracruzano, el exvicecoordinador del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo, destacó que el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares dará a conocer información que prueba no sólo los malos manejos del erario, sino también la razón por la que se incrementó el crimen organizado en la entidad. Javier Duarte anunció por la mañana que pediría licencia al Congreso de Veracruz para enfrentar de tiempo completo las denuncias en su contra, y al mediodía el gobernador electo bajo la alianza PAN-PRD, el expriista Miguel Ángel Yunes, anunció que el día de su toma de protesta dará a conocer más información sobre los abusos de poder. Mostró una memoria de fotografía e insistió que exhibirá su contenido el 1 de diciembre, pero si por algún motivo se le impide tomar posesión –dijo–, hay tres personas de toda su confianza que tienen una copia, y otra más está en una caja de seguridad. No quiso adelantar el contenido de los documentos que tiene en su poder, solo recordó que en un año el gobierno duartista desvió 14 mil millones de pesos. Al respecto, el diputado perredista Acosta Naranjo soltó: “El gobierno federal debe brindar todas las seguridades y garantías a Miguel Ángel Yunes, porque puede haber un intento, en un último coletazo, de tratar de impedir la toma de protesta”. Aunque la coalición que lo llevó al poder, añadió, no lo permitiría. El coordinador del PAN, Marko Cortés, hizo una declaración similar: “Queremos que el gobierno federal tome las medidas pertinentes para que no vaya a ser que Duarte ahora busque escapar de la justicia, que salga del país. “Cuando asuma el gobierno (Yunes) dará a conocer información que pondrá todavía más evidencias de la culpabilidad en los malos manejos del dinero público de Veracruz por Duarte y también que pague por sus hechos, por haber permitido que de esa manera se adentrara la delincuencia en el estado. Hoy viven los veracruzanos el clima de inseguridad que en los últimos días ha traído más de 40 ejecutados”. Por su parte, la coordinadora de Morena, la veracruzana Rocío Nahle, demandó al gobierno federal “tomar el control” del estado y “designar un comisionado o delegado” que vele por la seguridad de la entidad que, subrayó, se ha convertido en “un infierno”. Consideró que otra posible acción es que el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, asuma verdaderamente su cargo, y como encargado de la política interna garantice la seguridad a los 8 millones de veracruzanos. “Tiene que entrar el Ejecutivo con un delegado, con un comisionado, con una persona, con una estrategia, o bien para eso es el secretario de Gobernación. Miguel Ángel Osorio nada más está nadando de muertito. Él es el encargado de la seguridad interna de este país”. Nahle calificó de “tardía” la renuncia de Duarte al gobierno estatal, ya que tan solo le restan 48 días a su mandato. Y en el mismo sentido se expresó el presidente de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro, Francisco Martínez Neri, quien además consideró que Duarte “no representa más que un problema para su partido”. “Ha sido tardía (la licencia) porque hace tiempo que la sociedad veracruzana lo está exigiendo y nosotros también. Aquí pedimos juicio político, que ya no tiene razón de ser, pues ello trae como consecuencia la inhabilitación del funcionario y ya no valdría la pena”. El coordinador perredista fue el único que exigió a Duarte regresar lo sustraído del arca estatal. “No es suficiente la renuncia del gobernador debido a la malversación de recursos públicos, sino que ante todo es indispensable recuperar todo lo que se ha sustraído indebidamente”. Esta sustracción de 35 mil millones de pesos, sostuvo, ha traído saldos trágicos para la ciudadanía, pues se han dejado de construir hospitales y clínicas, se ha dejado de mejorar el servicio de seguridad pública y procuración de justicia, y de proteger a la población vulnerable ante fenómenos como huracanes. “Provocaron desatención y muertes de enfermos y heridos por falta de hospitales en zonas muy pobladas, pero de escasos recursos; muertos por el avance de la criminalidad y la prevalencia de la impunidad, y otros tantos más por deslaves y desbordes de afluentes donde se dejaron de construir muros de contención, simplemente porque los presupuestos para ello fueron robados”. El PRD en San Lázaro hizo hincapié que ese “modus operandi” de Javier Duarte es el mismo que efectuó César Duarte en Chihuahua, los hermanos Moreira en Coahuila o Roberto Borge Angulo en Quintana Roo. Y finalmente se pronunció el partido que lo llevó al poder, el PRI. A través de su coordinador en la Cámara de Diputados, César Camacho Quiroz, solicitó “respeto” por la determinación de Javier Duarte de pedir licencia al cargo. “La decisión no sólo la tenemos que registrar sino respetar. Esto es como dijo él: para permitir que las investigaciones respecto de los asuntos en los que está involucrado, las indagaciones que están en curso, puedan llevarse a cabo, sin que él tenga ninguna posición que eventualmente aparentara que le da ventaja”. Pero Duarte no dijo que se iba para que no se viera una posible ventaja por su posición de gobernador, sino para dedicarle todo el tiempo necesario, hecho que siendo gobernador no sería posible. Y lo que sorprendió aún más fue la declaración de Camacho Quiroz al pedir “al priismo veracruzano” que la licencia de Duarte debe entenderse “como un llamado a la unidad”: (los priistas deben entenderlo como) “Un ejercicio con menos prisas, saber qué pasó y prepararse para los episodios políticos que vendrán”. Luego añadió que en el caso de Javier Duarte, tanto en los procesos internos priistas como aquellos que se desahogarán ante la ley, sólo pediría lo que haría cualquier ciudadano: una investigación objetiva y, llegado el momento, “un juicio justo, sin consignas, ni formular condenas por anticipado, ni absoluciones de oficio”. También aclaró que las conductas “eventualmente penales” no son atribuibles al PRI, sino “son responsabilidades estrictamente personales”.