CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de la comunidad LGBTI anunciaron nuevas movilizaciones para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de las mujeres transexuales Paola Ledezma y Alessa Flores y protección a los testigos. En conferencia de prensa, reprobaron el “sesgo discriminatorio” que han tenido las indagatorias sobre ambos crímenes (sobre todo el de Paola) por parte de la Procuraduría capitalina y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México. Destacaron que en la actuación del Ministerio Público (MP) hubo inconsistencias, aunado a que el juez no valoró las declaraciones de los testigos de los hechos, por lo que el próximo jueves 20 realizarán una concentración en el Monumento a la Revolución para continuar con su exigencia de esclarecer la muerte de Paola, demanda que se amplió con el asesinato de Alessa Flores, cuyo cuerpo sin vida apareció hace dos días en el cuarto de un hotel. Rocío Suárez, coordinadora de la Centro de Apoyo a las Identidades Trans A.C., explicó que de manera “inaudita” la prueba sobre restos de pólvora en las manos de Paola y Arturo Felipe Delgadillo Olvera, señalado como su asesino, resultó “negativa en ambos”, y de forma irregular –añadió– el agente del MP presentó la prueba de alcoholimia en la trabajadora sexual, “hasta el juez tuvo que corregirlo porque esa prueba no aportaba nada al caso”. En cuanto a la actuación del juez, “desestimó los testimonios de las compañeras de Paola, incluso el del policía que lo detuvo (al criminal), y consideró que como había inconsistencia en las declaraciones, no había elementos para someter a proceso a Arturo Felipe”. Ante la insistencia de los amigos y compañeras de la víctima, el caso fue apelado por el MP, y en una reunión con funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México, el pasado viernes 14, éstos se comprometieron a brindar medidas cautelares a los testigos, pero hasta ahora eso no ha ocurrido. De acuerdo con Suárez, la comunidad LGBTI exigió a la PGJ y al TSJ una investigación interna para determinar si en el proceso “hubo un sesgo discriminatorio y si fueron aplicados correctamente los protocolos de actuación” para atender este tipo de población vulnerable. En el caso de la defensora de la causa de las personas transexuales, Alessa Flores, a quien se encontró asesinada en un cuarto de hotel, Suárez puntualizó que la exigencia a la PGJ es que realice “el máximo esfuerzo por identificar, detener y presentar al culpable, a fin de juzgarlo con todos los agravantes correspondientes”. Luego de señalar que de enero a la fecha su organización ha detectado al menos 50 asesinatos de personas transexuales en México, Suárez recordó que de acuerdo con datos del proyecto “Transrespeto versus transfobia en el mundo”, del 1 de enero de 2008 al 30 de abril de 2016 se han cometido 2 mil 115 asesinatos de personas trans y de género en el mundo, y México ocupa el segundo lugar con 247 casos, seguido de Brasil, que reportó 845. Kenia Cuevas, quien acudió en auxilio de Paola después de que Delgadillo Olvera (guardia de seguridad privada) accionó su arma, narró que ella y el agente de la Secretaría de Seguridad Pública que llegó a la escena del crimen fueron encañonados por el acusado, “pero después de los dos disparos contra Paola su arma se encasquilló”. Tras insistir en que teme por su vida, Kenia contó que el día de la audiencia pública “el juez preguntó si había alguna declaración que ampliar, y el agente del Ministerio Público me sugirió que mejor me fuera, que dejara las cosas como estaban. Yo lo hice confiada en la autoridad”. La compañera de Paola hizo responsable al gobierno del Miguel Ángel Mancera de lo que pueda sucederle, toda vez que no se le ha proporcionado seguridad y eso le impide salir a la calle a trabajar. “Hasta ahora me he encontrado con la solidaridad de mis compañeras, pero en algún momento voy a tener que salir a trabajar; ahora, por ejemplo, ya debo la renta de mi casa, y cuando salga voy a estar en riesgo porque el asesino de Paola está libre”, apuntó. Durante la conferencia de prensa, otras mujeres transexuales resaltaron que los casos de Paola y Alessa visibilizan las graves violaciones a derechos humanos que sufre este sector de la población, excluido de los servicios elementales de salud, educación, empleo y vivienda, pese a las reformas al Código Civil en la Ciudad de México que reconocen el cambio de identidad sexual.