ONU pide al gobierno de Peña Nieto crear consejo para revertir 'la impunidad imperante”

jueves, 20 de octubre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó al gobierno de Enrique Peña Nieto establecer un consejo asesor de expertos independientes para “revertir la tasa de impunidad imperante” en México y crear una oficina especializada para garantizar el castigo efectivo de las violaciones graves de derechos humanos. A un año de la gira de trabajo por México, Al Hussein dio a conocer 14 recomendaciones formuladas al Estado Mexicano que, si bien están fechadas el 14 de marzo de este año, fueron entregadas formalmente este jueves a representantes del gobierno de Peña Nieto en una reunión celebrada en Nueva York. En el encuentro estuvieron el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián; el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Betazos Torres; y Jan Jarab, representante de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en México. La representación de Naciones Unidas divulgó también la respuesta del Estado mexicano a las 14 recomendaciones, de las cuales ocho aceptó si reservas, cuatro las consideró ideas “muy interesantes” para ser atendidas o en proceso de consulta, en tanto que dos fueron rechazadas. El documento señala que las recomendaciones “serán consideradas y atendidas”, como se ha hecho con otras de distintos mecanismos de derechos humanos, pero que algunas de las sugerencias, “dependen en gran medida de las acciones de los poderes judicial o legislativo o bien los estados”. Destaca que debido al carácter federal del país, “el seguimiento corresponderá a actores más allá del Poder Ejecutivo”. No obstante, agrega que “en general las recomendaciones se aprecian constructivas y, en general, atendibles”. En su discurso al final de su visita a México, el 7 de octubre del año pasado, Al Hussein manifestó su preocupación porque 98% de los crímenes cometidos en el país quedan impunes. Y citó las “cifras impactantes” de más de 150 mil personas asesinadas, 26 mil desaparecidos, miles de víctimas de feminicidios. Luego, sentenció: “Prácticamente nadie ha sido condenado por dichos crímenes”, así como los casos paradigmáticos de las masacres de Tlatlaya, Apatzingan y Tanhuato, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los hallazgos de cientos de fosas clandestinas. Pide crear consejo asesor Ante la preocupante situación de violaciones a derechos humanos en México, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, recomendó la creación de un consejo asesor con expertos “en el campo de derechos humanos y el combate a la impunidad para asesorar al Estado Mexicano en estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción para revertir la tasa de impunidad imperante en el país”. En el pliego de sugerencias, el funcionario de la ONU consideró que el Consejo “podría elaborar y presentar públicamente una evaluación a nivel nacional sobre impunidad y recomendar una hoja de ruta para atender el asunto, evaluar su efectiva implementación y presentar informes públicos periódicos”. También consideró necesario crear “una oficina especializada de alto nivel de la PGR” para garantizar que las violaciones graves de derechos humanos, “incluyendo la tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas, sean investigadas y sancionadas adecuadamente”. Dicha oficina, explicó, deberá estar dirigida por un experto reconocido “en materia de derechos humanos y el combate a la impunidad, y contribuir con las unidades especializadas ya existentes y procuradores dentro de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR”, además de que deberá contar con “recursos humanos, técnicos y financieros adecuados para llevar a cabo sus tareas de manera profesional y efectiva”. Aun cuando felicitó las modificaciones de 2014 al Código de Justicia Militar para limitar su jurisdicción, Al Hussein consideró importante realizar una nueva reforma para que “la jurisdicción civil también conozca casos de violaciones a derechos humanos cometidos contra los militares”. El objetivo: que las autoridades civiles cumplan “plenamente con su deber de investigar adecuadamente cualquier práctica indebida por parte de elementos de fuerzas armadas, incluyendo la responsabilidad de mando”. En cuanto a temas de seguridad pública, el funcionario de la ONU sugirió orientarla hacia los estándares internacionales de derechos humanos, “garantizar una efectiva rendición de cuentas por violaciones cometidas por miembros de las fuerzas armadas”, y “adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de servidores públicos”, así como asegurar su cumplimiento. Añadió que es pertinente crear una institución forense autónoma e independiente “con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo los tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales”. El organismo resaltó que es indispensable adoptar una ley nacional “que establezca un registro unificado” de las personas privadas de la libertad, que incluya “medidas específicas de prevención para evitar detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones”, así como garantizar “el profesionalismo e independencia de los órganos públicos locales y federales”, incluidas las de administración y procuración de justicia y de derechos humanos, así como “investigar a fondo cualquier acto de presión política y corrupción y separar a los servidores públicos de sus funciones en caso de encontrarlos culpables”. El Alto Comisionado de la ONU recomendó a México la ratificación de instrumentos internacionales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Facultativo de la Convención de los Derechos del Niño, además de reconocer la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para analizar casos particulares y firmar y ratificar los tratados interamericanos adoptados por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos pendientes de ratificar. Consideró de relevancia la creación de un “mecanismo inter-interinstitucional de alto nivel” para monitorear y asegurar el cumplimiento “de los estándares y recomendaciones internacionales y regionales de derechos humanos” por parte de los gobiernos estatales y federal, así como implementar un “sistema nacional de estadística de derechos humanos”, en los que deberá garantizarse la participación de la sociedad civil. Mujeres y pueblos indígenas En cuanto a los derechos de los pueblos indígenas, Al Hussein demandó al gobierno de Peña Nieto garantizar que sean consultados antes de la construcción de megaproyectos de desarrollo por parte de corporaciones nacionales y trasnacionales. Alentó a continuar con el impulso a políticas públicas con recursos suficientes para combatir la violencia hacia las mujeres y fortalecer el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM) con datos actualizados y ponerlos a disposición del público. El funcionario se refirió a las leyes generales pendientes de aprobar en materia de tortura y desaparición forzada, las cuales deberían apegarse a “los estándares internacionales de derechos humanos, con la partición de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil para integrar adecuadamente sus consideraciones”, y garantizarse su “efectiva implementación a nivel federal y estatal, incluyendo el desarrollo de las capacidades requeridas y asignando los recursos humanos y financieros necesarios”. El Alto Comisionado para los Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano implementar “la metodología de indicadores de derechos humanos de la ONU-DH”, para medir el impacto de las políticas públicas relacionadas con esta materia, mismas que deberán diseñarse a partir de información basada en un sistema de indicadores e implementar una política de transparencia, para lo cual deberán asignarse recursos necesarios para el diseño del sistema de datos. La respuesta del gobierno De las 14 recomendaciones de la ONU, el gobierno de México consideró que “podría atenderse” la referente a la creación de un consejo asesor en materia de derechos humanos y combate a la impunidad, de acuerdo con orientar la seguridad pública con enfoque de derechos humanos. Además, dijo que se podría garantizar la autonomía de instituciones de administración y procuración de justicia y de derechos humanos; monitorear las políticas públicas con un mecanismo interinstitucional de alto nivel; consultar a los pueblos indígenas; fortalecer el combate a la violencia contra la mujer; considerar a las víctimas en la legislación contra la tortura y desaparición forzada y adoptar los indicadores de la ONU-DH. El gobierno de Peña Nieto aseguró que “no es factible considerar mayores modificaciones” al Código de Justicia Militar. La razón: “cualquier afectación a los derechos humanos en agravio de un militar puede ser revisada o recurrida ante tribunales ordinarios a través de un amparo”. En cuanto a la propuesta de crear una oficina especializada en la PGR para atender las violaciones graves a derechos humanos, el Estado mexicano señaló que la dependencia ya cuenta con oficinas dedicadas a atender casos como las desapariciones, los delitos contra migrantes, a periodistas, la tortura, entre otras. También tomó como motivo de análisis la creación de una ley general sobre uso de la fuerza; la creación de una oficina forense autónoma; diseñar una ley general para registro de personas privadas de libertad; en tanto que se está en consulta la ratificación de algunos convenios internacionales y regionales. En un comunicado de prensa, la oficina de ONU-DH saludó “el constructivo diálogo en curso con el gobierno mexicano” y se manifestó dispuesta a continuar trabajando con las autoridades para “fortalecer la implementación de acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto a los derechos humanos en México”, y para mantener la cooperación en espacios internacionales de esta materia.

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