Gobierno de Peña admite desafíos en materia de derechos humanos

viernes, 21 de octubre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto reconoció los desafíos que México enfrenta en materia de derechos humanos, sobre todo en lo que corresponde a desaparición de personas y tortura, y aseguró que a través de diversas políticas y programas ha implementado ya muchas de las recomendaciones que hizo Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR), precisaron que funcionarios de alto nivel del gobierno de Enrique Peña Nieto sostuvieron ayer una reunión con Zeid Ra’ad Al Hussein en seguimiento a la visita oficial que realizó a México del 5 al 7 de octubre de 2015, y a sus recomendaciones resultado de la misma. Destacaron que durante el encuentro se entregaron las respuestas del gobierno de México a dichas recomendaciones, al tiempo que se refrendó la voluntad de seguir colaborando con esa instancia de la ONU para fortalecer las acciones y políticas dirigidas a asegurar el pleno respeto de los derechos humanos en el país y en foros internacionales. La delegación mexicana, conformada por el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Roberto Campa, y el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos, resaltó la utilidad de dichas recomendaciones, muchas de las cuales –subrayó– ya se implementan a través de diversas políticas y programas, y se continuará trabajando para su instrumentación adecuada. “El encuentro con el alto funcionario internacional fue muy constructivo y permitió no sólo subrayar la importancia del diálogo con éste, también se reconoció la apertura y cooperación del gobierno de México”, destacó. De acuerdo con el texto, también se reiteró el apoyo al mandato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), para la promoción y protección efectivas de los derechos humanos en todo el mundo. Subrayó: “El gobierno de la República reconoce los desafíos que nuestro país enfrenta en materia de derechos humanos, en particular para hacer frente a prácticas inaceptables como son la desaparición de personas o la tortura, así como para atender a grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niños, niñas y adolescentes, personas migrantes, y personas defensoras de derechos humanos y periodistas”. En todos los rubros, el gobierno ha puesto en marcha políticas y acciones concretas, y continuará trabajando para atenderlos de la mejor manera posible, para lo que el trabajo con actores internacionales y de la sociedad civil es fundamental, agregó. Finalmente, resaltó la importancia del diálogo, como el que el gobierno de la República mantiene con la OACNUDH, tanto en Ginebra como en México. “Dicho diálogo permitió arribar a los acuerdos básicos para dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el funcionario internacional, y tener así las bases para el trabajo conjunto para los próximos años, y reafirmar la cooperación y determinación para trabajar de la mano, en favor de los derechos humanos en nuestro país”, concluyó. Ayer, Zeid Raa’ad Al Hussein hizo públicas las 14 recomendaciones para México, luego de la reunión que sostuvo con las autoridades mexicanas en Nueva York. Entre ellas destaca adoptar una ley nacional sobre el uso de la fuerza por parte de los funcionarios que vaya acorde a estándares internacionales y se asegure su implementación. Asimismo, crear una institución nacional forense autónoma e independiente “con suficientes recursos, que pueda dar servicio a todos los órganos de administración de justicia, incluyendo tribunales, autoridades de procuración de justicia y representantes legales.” También pidió complementar esfuerzos para registrar a las personas privadas de su libertad a través de la adopción de una ley nacional que establezca un registro unificado, de todo tipo de detenciones y personas privadas de la libertad, incluyendo medidas específicas de prevención para evitar que las detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones.

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