CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de víctimas de desapariciones y de violaciones a derechos humanos, así como organizaciones civiles nacionales e internacionales, calificaron las recientes reformas a la Ley General de Víctimas, como un retroceso que no atiende “la profunda crisis en materia de violencia, comisión de delitos, violaciones a los derechos humanos y revictimización que atraviesa México”. En un comunicado firmado por una treintena de organizaciones, así como académicos y defensores a título individual, se reflexiona en cinco puntos de las modificaciones aprobadas este martes por las comisiones legislativas de Gobernación, Justicia, Derechos Humanos y Estudios Legislativos, por lo que hicieron un llamado urgente al pleno del Senado de la República y al de la Cámara de Diputados a atender las observaciones. Una semana anterior, las organizaciones sociales y los colectivos de familiares de víctimas entregaron observaciones a los legisladores y demandaron que fueran tomadas en cuenta para corregir la aplicación de la actual Ley General de Víctimas. Pese a que la semana pasada la discusión sobre la reforma fue pospuesta, todo indica que el receso en su aprobación no significó mayores beneficios para las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos, pues aunque se propone reducir los trámites burocráticos, “es sumamente preocupante que el texto aprobado no modifique en esencia el problema y siga tratando las necesidades de las víctima como un asunto político”. Entre los puntos más criticados por los defensores y las familias, resalta el “acuerdo político” para que el Presidente designe al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) por un periodo de tres años, que además de ser un modelo antidemocrático “llevará a la elección de un perfil sin legitimidad ni reconocimiento para los colectivos de víctimas y organizaciones civiles” que colaboraron en la reforma, además de que no se excluye que el titular sea elegido entre quienes ya han formado parte del organismo, quienes “han demostrado, durante más de tres años y con suficiente evidencia, no estar a la altura de la tragedia que vive México”. Lamentaron que se haya consolidado el control de la CEAV a la Secretaría de Gobernación, que se mantendrá como cabeza de la junta en la que se integrarán cuatro secretarías de Estado y el titular de la CEAV, “sin suficiente representación de víctimas y personas expertas en la matera, lo cal deja a esto sin la suficiente capacidad para vigilar y monitorear su funcionamiento y proponer acciones que favorezcan la efectiva implementación de los derechos reconocidos en la ley”. Los firmantes reprobaron que las víctimas de desplazamiento forzado por la violencia “no están plenamente reconocidos en la reforma”, y que en el articulado aprobado “persistirán trabas burocráticas para el registro y atención de las miles de víctima de este fenómeno a nivel estatal y federal”. De igual forma, los firmantes lamentaron que no haya sido tomada en cuenta su solicitud de participar en la elaboración del reglamento interno de funcionamiento de la CEAV, a pesar de que se advirtió de que era necesario “un proceso abierto, democrático y participativo”. En ese sentido, recordaron que su insistencia en participar “se sustenta por el conocimiento que tienen los colectivos y organizaciones, las necesidades de mejoras internas en cuanto a la estructura, los perfiles de sus empleados, el proceso de contratación y la revisión de los modelos de atención integral que han sido aprobados por el pleno saliente”. Consideraron preocupante que el Fondo de Atención a Víctimas “ya no recibirá recursos fijos asignados por el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, que garantizan la asignación del equivalente de alrededor de mil millones de pesos cada año, sino que será la Secretaría de Hacienda quien asigne los recursos ‘siempre y cuando’ haya menos de un porcentaje determinado”. Adicionalmente, el reglamento limita a las víctimas a recurrir a peritos independientes o internacionales “sólo a las materias en los que no haya personal nacional capacitado”. Para las organizaciones y los colectivos de familiares los cambios aprobados “minimizan el objetivo de la reforma”, lo que implica que “el poder legislativo cambiará todo para que nada, en materia y a favor de las víctimas, cambie”. Insistieron que representa “un retroceso respecto a los controles que a ley vigente tiene respecto a la designación y estructura” de la CEAV. “Las víctimas, las organizaciones civiles y la sociedad en su conjunto merecen más que esto, y la crisis de derechos humanos instalada en el país no dan espera ni cabida para que esta reforma sea otro intento que se someta a prueba. Merecemos garantías de atención a las violencias que destruyen a personas en su proyecto de vida”, concluyeron. Entre las organizaciones y colectivos que firman el comunicado están Artículo 19; Asistencia Legal por los Derechos Humanos; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Investigación y Capacitación, Propuesta Cívica; Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo; Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios; Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. También se adhirieron el Colectivo de Mujeres Desplazadas Internamente de San Juan Copala; Colectivo Solecito de Veracruz; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos; Desaparecidos Justicia A.C, Querétaro; Designaciones Públicas; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Familiares en Búsqueda María Herrera; Familiares de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos. Así también firmaron el comunicado Frontera con Justicia; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Búsqueda de Fosas Clandestinas; I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos; Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; Instituto para las Mujeres en Migración; Red de Enlaces Nacionales, y la Red por los Derechos de la Infancia. Se solidarizaron Reverdeser Colectivo; Servicios y Asesoría de Paz; Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa Años 70; Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, así como investigadores y defensores como Ina Zoon, Jacobo Dayán, Carolina Robledo Silvestre, Laura Rubio, Carlos Ríos Espinosa, Layda Negrete, Leticia Calderón Chelius, Maite Azuela, Séverine Durin y Silvano Cantú.