CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Alto al Secuestro, presidida por Isabel Miranda de Wallace, consideró que el dictamen de la Ley General de Víctimas aprobado por el Senado es una simulación y una traición a la palabra presidencial. A través de un comunicado, la organización señala que las reformas a esta ley no obliga a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a atender y reparar el daño de las víctimas que acuden a ella por falta de atención o respuesta de las Comisiones Estatales. Y destaca el artículo 79 que establece que “podrá” otorgar medidas de atención inmediata, por ejemplo, atención médica o psicológica, pero sin darles acceso al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. “El uso de la palabra ‘podrá’ le da la opción de cumplirlo o no, es decir no hay obligación de atender a las víctimas ignoradas por los estados. Dado que la mayor parte de los delitos son del fuero común, la gran mayoría de las víctimas se quedará sin ayuda”, advierte. Además, añade, en el artículo 67 se establece que el límite para la reparación del daño es de un millón 110 mil 208 pesos; sin embargo, solo se contempla a las víctimas de delitos pero no a las de violaciones a los derechos humanos. En tanto que el artículo 68 señala que para que las víctimas de delitos puedan ser indemnizadas, el responsable debe tener antes una sentencia definitiva, pero la organización explica que para que se aplique el beneficio debería bastar con la sola existencia del delito o la recomendación de algún organismo nacional o internacional de protección a derechos humanos. Destaca, además, que a tres años de la promulgación de la Ley General de Víctimas, solo 17 estados tienen Comisión Ejecutiva Estatal: Nuevo León, Michoacán, Coahuila, San Luis Potosí, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Morelos, Estado de México, Durango, Jalisco, Tlaxcala, Quintana Roo, Colima, Tabasco, Yucatán y Campeche. De ellos, solo 6 tienen Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral: Nuevo León, San Luis P, Veracruz, Estado de México, Tlaxcala y Yucatán. Además, en esos 17 estados apenas hay 264 abogados victimales. Si se toma en cuenta que en 2016 se denunciaron 561 mil 418 delitos en estos estados, en promedio cada asesor tendría que atender 2 mil 126 casos, más los que se vayan acumulando, “lo cual es humanamente imposible”. Alto al Secuestro menciona que la mayoría de las entidades federativas siguen sin crear sus respectivas Comisiones de Víctimas con fondos y personal suficiente para su operación, y tampoco cuentan con asesores jurídicos, a pesar de que el Sistema de Justicia Penal Acusatorio ya entró en vigor en el país y exige que todas las víctimas deben contar con esta figura. “A pesar de todas estas carencias, que son de sobra conocidas por el Poder Ejecutivo y el Legislativo, en el dictamen de reforma a esta Ley no se establece ninguna sanción para los Estados que incumplen, es decir, es letra muerta“, alerta la organización.