CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Un grupo armado privó de su libertad a dos funcionarias de la Tesorería del Ayuntamiento de San Miguel Totolapan, en la colapsada región de la Tierra Caliente que exhibe el nivel de impunidad y violencia que se vive en la entidad. El hecho violento se registró desde ayer por la mañana en la cabecera municipal, cuando las víctimas que solo fueron identificadas como “contadoras”, llegaban a laborar al edificio público ubicado en pleno centro de esta localidad donde el secuestro prácticamente se ha vuelto una práctica común. Reportes oficiales indican que la privación ilegal de la libertad de las dos mujeres provocó pánico y terror entre el resto de los trabajadores municipales. A pesar de que el rapto fue denunciado al Ejército y la Policía Federal, instancias encargadas de la seguridad en los nueve municipios que conforman la región de Tierra Caliente, ninguna autoridad federal o estatal arribó al lugar para investigar el caso. El municipio de San Miguel Totolapan, es considerado como el principal productor de heroína en la entidad y desde hace años se encuentra colapasado por la narcoviolencia. En este lugar se encuentra afincado el grupo delictivo de Los Tequileros que dirige Raybel Jacobo Almonte, quien mantiene una confrontación con la banda de La Familia, asentada en el municipio vecino de Arcelia y liderada por Jonhy El Mojarro Hurtado Olascoaga. Historia de muerte y terror en San Miguel Totolapan Desde hace dos años, la revista Proceso ha documentado la lucha que mantienen El Tequilero y El Mojarro por el control de las zonas de producción y trasiego de drogas en la zona norte y la región de Tierra Caliente, la forma en que la delincuencia se enquistó en la industria minera y los presuntos nexos del narco con autoridades civiles y militares. En septiembre, Apro dio a conocer el secuestro masivo de trabajadores de la empresa minera Beneficiadora de Minerales Temixco, asentada entre Arcelia y San Miguel Totolapan, y propiedad del empresario argentino de negro historial Carlos Ahumada Kurtz. Tras la liberación de los plagiados mediante un pago millonario, la minera cerró sus actividades de extracción de oro en Arcelia y el gobierno de Héctor Astudillo Flores, quien se ha caracterizado por impulsar proyectos mineros en zonas controladas por el narco como estrategia de desarrollo, simplemente hizo mutis. Previamente, la banda de El Tequilero había denunciado a través de la difusión de un video, que El Mojarro provocó el cierre de la mina de oro en Campo Morado, ubicada en Arcelia, en febrero del año pasado, porque les exigió una cuota de 20 millones de pesos a los empresarios belgas, y que el líder de La Familia tenía una flotilla de camiones de carga que rentaba a la minera. Pero la violencia no solo ha colapsado el sector económico que se beneficia de las zonas mineras en la entidad, sino también ha impactado de forma directa en la política y administración pública del municipio de San Miguel Totolapan, uno de los 81 municipios que conforman la entidad, donde el vacío de autoridad es evidente. De 2015 a la fecha, el regidor de Obra Pública, Roberto García fue ejecutado; otro más sufrió un secuestro pero fue liberado tras el pago de un rescate. Incluso, el alcalde perredista de San Miguel Totolapan, Juan Mendoza, fue privado de su libertad durante su campaña y exhibido posteriormente en un video donde aparece pactando con el jefe de Los Tequileros y comprometiendo los recursos federales que recibe el municipio para beneficiar a este grupo delincuencial. Ante esta serie de hechos que reflejan el nivel de pudrición de la clase política y empresarial, aferrados en hacer negocios con la muerte y desaparición de personas, ninguna autoridad ha sido sancionada y las bandas criminales siguen operando impunemente.