Indigna a padres de normalistas "narcovínculo" no investigado

martes, 22 de noviembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La revelación de que el nombre y teléfono de Omar Hamid García Harfuch, relevo de Tomás Zerón de Lucio al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), estaba entre los contactos del presunto líder de Guerreros Unidos, Sidronio Casarrubias Salgado, provocó la movilización de padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa para exigir a la Procuraduría General de la República una investigación a profundidad. El miércoles 16, por conducto de sus abogados, los familiares de los jóvenes desaparecidos entregaron un escrito a la Oficina Especial para el Caso Iguala de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, en el que citan el reportaje “Inquietante liga del nuevo titular de la AIC con el caso Ayotzinapa”, publicado en la edición 2089 de Proceso. El texto revela que en la resolución judicial del juez segundo de Distrito de Procesos Penales del Estado de México –que exculpa a Casarrubias Salgado del delito de delincuencia organizada por falta de pruebas– se enlistan las probanzas presentadas por la Subprocuraduría Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) en su solicitud de orden de formal prisión por delincuencia organizada y portación de armas, entre las que destaca una libreta negra asegurada en octubre de 2014 al supuesto jefe de Guerreros Unidos –organización que, según la versión oficial, mató a los estudiantes. En dicha libreta se encontraban anotados los nombres y teléfonos de García Harfuch, entonces coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal, y el de Leonardo Vázquez, exsecretario de Seguridad Pública. De acuerdo con información obtenida por la reportera, ni la libreta ni su contenido fueron hechos del conocimiento del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para el esclarecimiento del caso. Ante las evidencias, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos expresaron su repudio por el ocultamiento, “lo que podría mostrar que no ha habido buena fe de la PGR en el proceso de asistencia técnica internacional”. En el escrito, del que tiene copia este semanario, los quejosos advierten que “la información periodística da cuenta de que no sólo hubo fragmentación sino que es un indicio claro de que información relevante fue deliberadamente ocultada al GIEI, aspecto en extremo preocupante en el marco de la asistencia técnica que en el caso brinda la CIDH”. Dieciocho padres y madres que firman en representación de las otras víctimas indirectas solicitan a la Oficina Especial para el Caso Iguala la realización de 13 diligencias, entre ellas dar fe del artículo publicado en Proceso; solicitar al Juzgado Segundo de Distrito copias certificadas de las resoluciones a favor de Sidronio Casarrubias, “incluyendo aquélla a que se refiere la nota de prensa mencionada”; y que solicite a la SEIDO que “le ponga a la vista el cuaderno que de acuerdo con la nota referida” le fue asegurado a Casarrubias, “a efecto de que sea personal de esta oficina la que dé fe de dicho cuaderno, junto con su respectiva cadena de custodia y cualquier otra prueba pericial que haya sido ordenada y desahogada respecto de dicha libreta”. Asimismo, los padres de los 43 desaparecidos piden a la oficina especial que se le pida al titular de la Unidad Especializada en Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO “que remita copias certificadas de la averiguación previa iniciada por la detención en flagrancia de Casarrubias, incluyendo la puesta a disposición, su inicial declaración ministerial y ampliaciones si las hubiere, fe ministerial de los objetos que le hayan sido asegurados, las certificaciones médicas correspondientes, entre otros”, así como una relación de todas las averiguaciones previas iniciadas en esa dependencia contra el supuesto dirigente de Guerreros Unidos y otros así identificados, así como al resto de las personas vinculadas a esos hechos y “un listado de los objetos que les hayan sido asegurados”, además de incluir las averiguaciones previas en las que se menciona la colusión con autoridades. Para evitar el ocultamiento de datos, los padres y madres pidieron “índices analíticos detallados de la indagatoria para que sean puestos a la vista de la coadyuvancia y de la CIDH por medio del Mecanismo de Seguimiento”. Solicitan la ampliación de declaraciones de Omar García Harfuch, Leonardo Octavio Vázquez y Sidronio Casarrubias, en presencia de la CIDH y de la coadyuvancia, para que abunden sobre la relación entre ellos; así como información de telefonía sobre los números de la libreta correspondientes a los funcionarios, cuyo patrimonio piden indagar. Los padres consideran indispensable que se tomen declaraciones de los funcionarios que formaron parte del Grupo de Coordinación Guerrero durante 2014, cuando participaron en él García Harfuch y Vázquez Pérez, así como la documentación, minutas y comunicaciones entre sí, “a efecto de que se deslinden las responsabilidades respectivas”. Piden que la oficina para el caso Iguala dé vista a la Visitaduría General por “las irregularidades en que pudo incurrir personal de esta institución al haber ocultado tanto al GIEI, designado por la CIDH para brindar asistencia técnica, como incluso a esta Oficina de Investigación, la existencia de la libreta asegurada en el momento de la detención de Casarrubias Salgado”.