CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente Enrique Peña Nieto envió esta mañana al Senado una iniciativa de reforma al artículo 16 transitorio del 102 constitucional para eliminar la posibilidad de que el titular en funciones de la Procuraduría General de la República se convierta en automático en fiscal General de la República por 9 años, con lo que se afectan las ambiciones del actual procurador Raúl Cervantes Andrade. La iniciativa de siete cuartillas modifica el párrafo del artículo transitorio en el que se estableció lo siguiente: “El Procurador General que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior quedará designado por virtud de este decreto Fiscal General de la República por el tiempo que establece el artículo 102”, es decir, 9 años. La propuesta de Peña Nieto establece ahora que el procurador general en funciones, al momento de expedirse la declaratoria para elegir al fiscal General de la República, “continuará en su encargo hasta en tanto el Senado designe al Fiscal General de la República y podrá ser considerado para participar en el referido proceso de designación”. La iniciativa del Ejecutivo federal afirma que responde a las “distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional requerido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad y la academia”. En efecto, surgió desde la designación fast track de Raúl Cervantes Andrade como procurador general, en sustitución de Arely Gómez, un movimiento entre organizaciones civiles y redes sociales para condenar al llamado #FiscalCarnal. La presión se acrecentó en estos días que se organizó el 28 y 29 de noviembre un seminario internacional convocado por la Fundación para el Debido Proceso, la Fundación para la Justicia y el WOLA, con la presencia de fiscales como Julio Cortado, de Chile; Víctor Cubas, de Perú; así como la abogada Claudia Paz y Paz, exintegrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) que estuvieron en México para discutir el modelo de fiscalía general. Sin embargo, académicos y especialistas destacados como Denise Dresser consideran “insuficiente” esta iniciativa de Peña Nieto porque sólo funcionará con los votos del PRI, ya que es reforma constitucional. Pretenden dar al PRI Fiscalía Anticorrupción En paralelo, creció también la presión de la bancada del PRI y del Partido Verde para que se elija al nuevo fiscal anticorrupción, que estaría integrado al diseño de la Fiscalía General de la República, pero con facultades limitadas, según han expresado varios de los más de 30 aspirantes a ese puesto. El lunes 28, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, destacó la “urgencia” del PRI y del Partido Verde para nombrar fiscal anticorrupción antes de que termine el periodo de sesiones como respuesta a una “clara posición de Los Pinos”. “Ya recibieron la instrucción o podrían haber recibido la instrucción de con quién ir, y de desahogar las comparecencias (de los aspirantes a fiscal anticorrupción) sin la participación de la sociedad, con el menor cuidado, con la menor precisión de los interesados o interesadas para sacar la designación de un cargo tan importante”, afirmó Barbosa en conferencia de prensa. La senadora independiente Martha Tagle afirmó que “a pesar de la iniciativa de Peña Nieto sobre la Fiscalía General se requiere un compromiso público de Raúl Cervantes Andrade de renunciar y someterse al proceso”. Entre candidatos a aspirantes a fiscal anticorrupción se expresó preocupación porque esta reforma constitucional puede ser una “maniobra” para negociar una posición oficial o cercana al PRI al frente de esta fiscalía y que sea electa este año. Entre los candidatos “oficiales” a fiscal anticorrupción se menciona a Ximena Puente, comisionada presidente del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), o el magistrado Manuel Hallibis.