Toma la Corte el caso Ficrea a cinco años del fraude

jueves, 3 de noviembre de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El caso de la defraudación de 6 mil 800 personas por parte de la Sociedad Financiera Popular Ficrea S.A. de C.V., por fin será analizado y resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El abogado defensor de la Comisión de Ahorradores, Jurídica y de Enlace de los afectados por Ficrea, Fauzi Hamdan Amad, informó que es “indudable y comprobada la responsabilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde el 2011”. “El estado tiene la obligación constitucional y legal de fiscalizar a todas y cada una de las entidades que integran el sistema financiero bancario y no bancario, incluyendo a Ficrea, sociedad financiera popular regulada por la Ley de Ahorro y Crédito Popular”, afirmó la Comisión de Ahorradores, Jurídica y de Enlace. Así mismo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado fiscalizador de las instituciones bancarias y no bancarias y dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no fiscalizó conforme a las disposiciones legales que le resultan aplicables, las operaciones de FICREA, S.A. de C.V., S.F.P., de manera oportuna y eficiente, indicó. La CNBV supo desde enero de 2012, de la existencia de múltiples irregularidades en Ficrea, que forzosamente habrían tenido que remediar con acciones efectivas y contundentes, como la imposición de multas severas o su la intervención, pero se limitó a realizar “recomendaciones”. El 19 de diciembre de 2014, un centenar de usuarios de Ficrea se plantaron afuera de las instalaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para exigir “¡justicia!”, pues se habían enterado del fraude. Durante varias horas retuvieron a trabajadores y visitantes retenidos dentro del inmueble. El presidente de la Condusef, Mario Di Constanzo, recibió a una comisión de unas 20 personas a cambio de dejar salir al personal. Los manifestantes habían rechazado la propuesta del presidente Jefe de la Unidad de Banca de Desarrollo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Madrazo Lajous, de dejar salir a los empleados para comenzar a dialogar. En una carta, Madrazo Lajous aseguró que “la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de su competencia, promoverá la participación de la banca de desarrollo en el diseño e implementación de un esquema para monetizar la cartera de arrendamientos que existe en relación con los depósitos de los ahorradores de Ficrea, de manera expedita y buscando maximizar en todo momento el valor de recuperación de dicha cartera en beneficio de los ahorradores. La comisión de ahorradores y después por el centenar de usuarios de la Sofipo rechazó la propuesta, pues su demanda es que las autoridades les aseguren que les recuperarán el 100 por ciento de sus ahorros”. Antes, Julio Téllez, Juan Carlos Robledo, Javier Cerdio y Felipe Salazar Pérez aseguraron, en conferencia de prensa, que están “indignados” por el fraude cometido a 6 mil 800 ahorradores. “Las autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores nos hizo una jugarreta. Le creímos y nos dio una puñalada por la espalda”, dijo entonces Cerdio. En ese entonces, cuestionó a quién protege el presidente de la CNBV, Jaime González Aguadé. Se respondió: “los banqueros extranjeros”. Culpó a este funcionario de ser cómplice del “atraco a miles de ahorradores mexicanos” y prometió que, si no les cumplían, “realizarán acciones más contundentes”. Franco mencionó que Ficrea comenzó a operar en el año 2008 y en seis años desaparecieron 2 mil 700 millones de pesos. “Es un atraco a 6 mil familias por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores porque en las auditorías que realizaron hubo corrupción”, indicó. Téllez leyó datos proporcionados por el señor interventor a Ficrea el pasado 7 de noviembre para detener sus operaciones fraudulentas a través de por lo menos tres empresas relacionadas: Leadman Trade SA de CV; Baus & Jackman Leasing SA de CV y Monka Comercial SA. “La cartera de crédito que han reportado es de 6 mil 293 millones de pesos que Leadman y Ficrea en su pequeña intervención de este tipo de créditos tiene, es el monto de créditos que dieron a empresas, personas, etcétera. Estamos reconociendo un supuesto quebranto que es de lo que nos han estado hablando este día de 2 mil 700 millones de pesos. “Si quitáramos esa cantidad tendríamos una cartera de 3 mil 500 93 millones de pesos. Evidentemente esto no alcanzaría, pero hay otros activos que tenemos que sumarle a la cartera que tiene Leadman. Estos activos son líquidos, disponibles inmediatamente como las acciones en valores que están reflejadas en este informe. Este informe es de 516 millones de pesos que hay que sumarlo. “Otros activos disponibles, líquidos, de 262 millones de pesos, reservas de 283 millones y activos fijos netos reportados en los estados informativos del interventor de 177 millones de pesos. Esto nos da 4 mil 831 millones de pesos disponibles, sin contar lo que es el seguro de protección que las autoridades tienen para estos casos y que son 672 millones. ¿A qué estamos llegando? A un total de activo de 5 mil 503 millones. Señores ¿cuál es el ahorro de todos nosotros? Nos han reportado que los pasivos de captación es de 6 mil 240 millones de pesos. El déficit que en este momento estamos determinando es de 737 millones”, señaló Téllez. El fraude De acuerdo con un boletín de la CNBV fechado el 19 de diciembre de 2014, la administración de Ficrea realizaba los fraudes mediante engaños a los clientes haciéndoles firmar dos adeudos, uno en esa empresa y el otro en Leadman. Sin embargo, los clientes sólo recibían el monto suscrito una vez. “El primer contrato era firmado en la Sofipo, el cuál se documentaba como un crédito y el segundo en Leadman el cuál se documentaba como un arrendamiento puro. Inclusive, se otorgaba a los clientes una carta donde se mencionaba que la firma del crédito en Ficrea sólo servía como un trámite administrativo ante las autoridades financieras”, indicó entonces. Con este mecanismo, la administración de Ficrea construyó una base de créditos en la Sofipo sin sustento económico, pero que servía para respaldar su información contable y, a su vez, transferir los recursos a una empresa no supervisada en donde se disponía de ellos de una forma discrecional y arbitraria. Se descubrió que Ficrea usó el dinero de los clientes para realizar transferencias al extranjero, comprar bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad y gastos personales de los socios como nóminas de capitán de aeronave y yate, entre otros.

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