CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones civiles propusieron al Senado de la República modificar el artículo 102 constitucional para incluir de manera expresa la garantía de que la sociedad civil participe en la elección del fiscal general de la República. En un comunicado, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 80 organizaciones en 21 estados del país, señaló que la revisión debe considerar también la modificación del artículo décimo noveno transitorio, “para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos”. Las organizaciones participaron durante dos días en el Seminario Internacional “La Fiscalía que México Necesita: Reflexiones desde la experiencia latinoamericana para el diseño de la nueva Fiscalía General de la República”, realizado en esta ciudad de México y cuyos resultados llevarán al Senado para que los consideren en la elección del primer fiscal general y la creación de la Fiscalía General de la República. Señalaron que las iniciativas legislativas del presidente Enrique Peña Nieto y los partidos políticos, que abren la posibilidad de evitar el pase automático del último Procurador General de la República (PGR) como Primer Fiscal General, “son un paso positivo, pero no suficiente”. La iniciativa, señalaron, hace posible que el Senado revise la redacción del artículo 102 constitucional “para que incorpore expresamente las garantías de meritocracia, publicidad, transparencia y participación de la sociedad civil en la selección del fiscal general de la República”. La revisión, abundó, debe considerar la modificación del artículo décimo noveno transitorio, para que todos los funcionarios que ingresen a la institución aprueben un concurso de oposición y méritos. De acuerdo con las organizaciones el primer Fiscal debe ser elegido mediante un “proceso público, transparente y participativo” para ser capaz de conducir estratégicamente la Fiscalía y de “resistir presiones de todo tipo, sobre todo presiones políticas”, y debe también tener la capacidad de “recuperar la confianza ciudadana” en la institución. Además, señalaron, el Senado debe iniciar un debate público, técnico e informado para discutir el modelo de una Fiscalía “que sirva”. El primer paso para ello, detallaron las agrupaciones, es “abstenerse de aprobar leyes secundarias sobre la Fiscalía que no sean el resultado de una discusión informada, técnica y participativa”. En su opinión, los aspectos mínimos que deben servir como punto de partida para la discusión de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República son: Autonomía funcional y presupuestal y servicio civil de carrera para todos los funcionarios; modelo organizativo y de gestión adecuada; bases para que el fiscal establezca una política criminal y un plan de trabajo acorde a las necesidades del país, con un modelo de investigación orientado a la realidad. Asimismo, flexibilidad de coordinación y comunicación; esquemas de eficiencia que permitan superar la burocracia, lentitud y descoordinación y que se adecue a la implementación de un sistema acusatorio; establecimiento de competencia federal clara para superar problemas actuales de atracción y conexidad; especialización en materia de derechos humanos y esquemas que permitan una efectiva participación de las víctimas; mecanismos de control adecuados mediante la transparencia, rendición de cuentas y participación de la sociedad civil y academia y autonomía de servicios periciales. “Es obligación del Senado y de la Cámara de Diputados garantizar que la discusión pública sobre el modelo de la Fiscalía sea seria, creíble, técnica e informada. Los cambios superficiales tendrían un alto costo político y consecuencias muy difíciles de revertir en términos de impunidad”, advirtieron las organizaciones.