CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un día después de que el Ejecutivo federal propusiera eliminar el “pase automático” del procurador Raúl Cervantes para ser el nuevo fiscal general por nueve años, PAN y PRD presentaron en el Senado sendas iniciativas de reforma constitucional y secundaria sobre las atribuciones, estructura y duración de la Fiscalía General de la Nación. También presentaron el procedimiento para elegir al próximo fiscal anticorrupción, donde ambos partidos coinciden en que los nombramientos surjan de una auscultación del Senado y no de una propuesta del Ejecutivo federal. Al mismo tiempo, el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Pablo Escudero Morales, anticipó que tanto el fiscal anticorrupción como el general de la República podrían ser nombrados hasta el 2018, en franca violación a la reforma constitucional de 2014. En entrevista radiofónica, Pablo Escudero señaló que tanto la iniciativa presentada el martes 29 por el Ejecutivo para eliminar el transitorio 16 del artículo 102, que le daba el “pase automático” al actual procurador Raúl Cervantes Andrade, como las iniciativas presentadas por PAN y PRD, deben abrir el debate sobre el nombramiento del fiscal anticorrupción. Escudero afirmó que era necesario analizar si valía la pena nombrar a un fiscal anticorrupción que dure sólo un año en el cargo, ya que la Constitución prevé que el fiscal general lleve a cabo esta designación a partir de 2018. La posición del presidente de la Mesa Directiva del Senado va en sentido contrario a las iniciativas presentadas por PAN y PRD. El PAN propone en su reforma constitucional que el fiscal anticorrupción sea electo por dos terceras partes del Senado, al igual que el fiscal general de la República, pero no a propuesta del Ejecutivo federal, sino de organismos académicos e instancias de la sociedad civil. Acción Nacional propone, además, que la Fiscalía Anticorrupción forme parte de tres fiscalías especializadas que no dependerán de la designación del fiscal general, sino de la elección del Senado: la Fiscalía Especial para Delitos Electorales (Fepade) y una Fiscalía Especial para Derechos Humanos. La iniciativa panista también propone la creación de una nueva figura, la Inspectoría General, con facultades para perseguir los delitos al interior de la Fiscalía General de la República. Tanto las tres fiscalías especializadas como al Inspectoría General durarían cinco años en sus funciones, y el fiscal general no estará en funciones nueve sino siete años. Se establece como requisito que ninguno de estos funcionarios haya desempeñado en los últimos seis años cargo de representante, militante o dirigente de algún partido político. Por su parte, el PRD presentó dos iniciativas: una para garantizar la autonomía de la Fiscalía General, con la finalidad de que el Senado designe a su titular después de una “amplia auscultación” de la sociedad y sin ninguna intervención del Ejecutivo federal, y otra que propone una Ley de Fiscalía General de la República, donde se fijan nuevos instrumentos para promover un alto perfil de la función ministerial y de investigación. El PRD también propone que los fiscales especiales Anticorrupción y de Delitos Electorales sean nombrados después de una auscultación ciudadana, así como crear una Fiscalía Especializada en Procesos Periciales.