CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La estrategia de combate a la obesidad y la diabetes, que despliega la administración de Enrique Peña Nieto desde hace cuatro años, fracasó debido a la “fragmentación institucional”, la ausencia de una política pública clara, la multiplicación de programas y la deficiente aplicación de recursos, señaló hoy la Alianza por la Salud Alimentaria. Con base en un estudio que realizó la consultoría Probatio, la organización planteó la necesidad de crear una política pública rectora “transversal” y “federal” regida por un programa presupuestario único. Ello, aseveró, permitirá combatir eficientemente la epidemia más mortal y onerosa de México, pues cada año mueren 96 mil personas de diabetes y los costos asociados con la obesidad se elevarían a 150 mil millones de pesos en 2017, según el documento. La organización observó que en los últimos dos años la administración redujo en cinco mil millones de pesos el presupuesto asignado a los programas relacionados con la prevención de la obesidad, el sobrepeso y las enfermedades no transmisibles, al pasar de 27 mil 496 millones de pesos en 2014 a 22 mil 722 millones para el próximo año. Según la consultora, el Estado mexicano recaudó 21 mil 394 millones de pesos a través del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS) sobre los refrescos, pero no se sabe exactamente en qué se erogó ese monto. Desde la entrada en vigor del nuevo impuesto, organizaciones de la sociedad civil –sobre todo la Alianza por la Salud Alimentaria– han exigido que la totalidad del dinero recaudado se destine a acciones de prevención y de acceso al agua potable. En entrevista con Proceso en agosto pasado, Pablo Antonio Kuri Morales, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, reconoció la necesidad de destinar el dinero recaudado por el impuesto al combate contra la obesidad y la diabetes, ya que los costos derivados de esta epidemia podrían rebasar en un futuro próximo las capacidades del sistema mexicano de salud. El documento presentado este martes señala que “existe una dificultad para ubicar el monto específico que en el presupuesto se destina a acciones de prevención”, pues se diluye en 12 programas presupuestarios operados por cinco secretarías y dependencias federales lo que, según la organización, “hace evidente la necesidad de contar con una política rectora para la prevención del sobrepeso y la obesidad”. La creación de un programa presupuestario único, basado en una Ley General para el Control y la Prevención del Sobrepeso y la Obesidad contribuiría a que el Estado mexicano “asuma su papel de rectoría y encuadre las acciones de prevención y control del sobrepeso y de la obesidad en México en una política coherente”, sostuvo la Alianza. La organización también solicitó la creación de una instancia conformada por expertos en tema de salud, académicos e integrantes de la sociedad civil “libres de conflicto de interés” –en referencia a la penetración de la industria refresquera en grupos científicos—, cuya misión consistiría en realizar un diagnóstico preciso sobre la problemática y diseñar políticas públicas para combatir la obesidad y la diabetes. Con base en este diagnóstico, las dependencias federales deberán idear un programa presupuestario que “unifique objetivos bajo una política de Estado”, sugirió la organización. Y recordó que esta política deberá acompañarse de “una revisión profunda de las políticas agrícola, comercial, económica y de desarrollo social” que fortalezca el acceso a alimentos sanos y nutritivos, en lugar del fomento al consumo de comida chatarra que se da actualmente.