MADRID (apro).- La constructora española Copisa, que recientemente ganó una segunda adjudicación para obra pública en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es una sociedad habitual en los juzgados en España por su presunta implicación en tres de los principales casos de corrupción política. Se trata de una fórmula de sobornos millonarios a cambio de obras públicas. Por lo menos en España así lo muestran las acusaciones judiciales. En México, la constructora obtuvo el 25 de noviembre el contrato de 466 millones de pesos por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para modernizar y ampliar un tramo de 31 kilómetros de la carretera federal Estación Don-Nogales en Sonora, informó ayer el diario Reforma. El contrato en Sonora, dice, es el segundo que obtiene con el gobierno federal, siendo que el primero lo logró en 2014, cuando la SCT le adjudicó modernizar la carretera Coatzacoalcos-Veracruz por 197 millones de pesos. Nueve días antes de ganar la obra de la SCT en Sonora (México), en España el presidente de la constructora, Josep Cornadó, admitió ante el juez de instrucción de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que pagó “comisiones” de entre 1% y 3% a Jordi Pujol Ferrusola a cambio de que le ofreciera “información” sobre operaciones para conseguir obras. En sus más recientes resoluciones, el juez sospecha que Pujol cobró comisiones por alrededor de 3.3 millones de euros ilegales de la constructora “en contraprestación a gestiones” del primogénito del expresidente catalán “o su entorno más próximo” para beneficiar a sus empresas. “Collons (cojones), ahora nadie se acuerda de Jordi Pujol Ferrusola”, respondió el empresario catalán cuando el juez le preguntó por la pérdida de memoria de otros empresarios cuando se les pregunta por el hijo del expresidente catalán, quien opera como un “conseguidor” de contratos. En este caso, la investigación de la Audiencia Nacional y de la Policía se centra en los sobornos a Pujol por operaciones en plantas solares en Ciudad Real, la venta de unas oficinas en Madrid y de refinerías en Cartagena (Murcia), al sur de España, y por el hecho de que los supuestos servicios de intermediación en realidad serían sobornos. Entre 2005 y 2010, el hijo del expresidente facturó 3.3 millones de euros del grupo Copisa, a la que Pujol Ferrusola giró 13 facturas. Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía, Pujol cobraba a cambio de “dar información sobre posibles negocios”, lo que trasladaba a través de “simples llamadas telefónicas” y para lo que no necesitaba “trabajador alguno ni sede social”. También se documentó la adjudicación de sobornos a cambio de la construcción de Ciudad Judicial de Hospitalet, valorada en 90 millones de euros, que fue adjudicada a la Unidad Temporal Empresarial (UTE) formada por FCC y Copisa. Caso Palau El nombre de la constructora Copisa también apareció en una investigación del llamado caso Palau de la Música. Se trata de un desfalco millonario a través de la fundación Orfeo Catalá-Palau de la Música, que erigió y dirigió Féllix Millet i Tusell, artífice de este fraude por el que fue imputado. La investigación tuvo que abrir una ramificación al descubrir el financiamiento ilegal de dos constructoras, Ferrovial y Copisa, al partido de los Pujol, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), a través de su Fundación Xavier Trías Fraguas El consejero delegado de Copisa, Xavier Tauler, pieza central en la trama, fue amigo “desde la infancia” de Pujol Ferrusola, como lo reconoció el primero en su comparecencia ante una comisión de Investigación en el Parlamento de Cataluña. Tauler lo reconoció así y también aceptó que en el caso del Palau de la Música, la empresa hizo donaciones por 700 mil euros a la Fundación Xavier Trias Fraguas de CDC a cambio de serle “adjudicadas las obras de remodelación del Palau”. Papeles de Bárcenas El tercer caso y uno de los más graves son sus presuntas aportaciones por más de 360 mil euros en el caso de los Papeles de Bárcenas, una pieza separada del mega juicio del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política en el país. Entre los papeles del polémico extesorero del Partido Popular (PP), los investigadores encontraron los nombres de varias de las principales empresas constructoras españolas –varias de ellas con presencia en México–, entre las que se encuentra Copisa. Los apuntes de Bárcenas se refieren a las decenas de empresas que habrían aportado fondos a la caja B del PP, de acuerdo con el expediente. Bárcenas reflejó en su contabilidad paralela al menos ocho pagos de Copisa por un importe de 362 mil euros al PP. El juez Pablo Ruz, quien entonces llevaba el caso en la Audiencia Nacional, centró su atención en la empresa Neu 1500 SL, a la que en uno de sus fallos judiciales le exigió que presente toda la documentación que acredite los pagos al PP, uno de los cuales se hizo a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, por 149 mil euros y disfrazado como “remesas de cheques”, para sufragar la adquisición de un chalet en Baqueira valorado en 900 mil euros que Bárcenas y su esposa compraron a la promotora inmobiliaria. Neu 1500 SL es una sociedad propiedad de las empresas Teyco y Copisa, dos corporaciones que poseen cada una el 50% de las participaciones de dicha promotora. La primera es propiedad de Carlos Summaroca, fundador de la formación política catalana CDC, y la otra del ya citado Cornadó Mateu. Pero las dificultades de Copisa no sólo son con la justicia, también tiene graves problemas financieros. Hace solo unas semanas, la compañía y sus bancos acreedores ultimaron un acuerdo para refinanciar una deuda de 270 millones de euros, que le obligará a separar su negocio de concesiones en un vehículo de nueva creación sobre el que las entidades financieras tendrán capacidad de decisión. Copisa niega imputaciones En un desplegado difundido en el diario Reforma, Copisa negó la supuesta implicación de la empresa constructora en un proceso judicial en España, y subrayó que no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México. Destacó que Copisa o personas cercanas a la empresa “no están vinculadas con los hechos investigados por la Oficina Antifraude de Cataluña, España, por alteración de precios en concursos y subastas públicas”. Tampoco se ha dirigido imputación alguna a la constructora, ni a ninguno de los miembros de su Consejo de Administración, apuntó, e indicó que en los más de 50 años de historia de Copisa, la empresa nunca ha sido procesada por delitos de corrupción. El texto firmado por Joan Carles Savall Olivilla, director de Asesoría Jurídica de Copisa-Constructora Pirenaica, señala que la empresa “no se encuentra inhabilitada para participar en licitaciones públicas en México, ni en ningún otro país. Luego de mencionar las diversas licitaciones en las que ha participado, puntualiza que al no haber sido objeto de sanción alguna, ni encontrarse impedida para participar en procesos de licitación, Copisa “está interesada y en uso de sus derechos a continuar participando en el desarrollo de infraestructura en México”.