CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tres semanas después que Proceso publicó los detalles de la auditoría interna de la Procuraduría General de la República (PGR) que revela las omisiones, deficiencias e irregularidades de la investigación del caso Ayotzinapa, el New York Times subrayó hoy que ese documento “amenaza las fundaciones legales de un caso que enturbió a México”. En información difundida este jueves, el diario reconoció que esta información fue publicada en primera instancia por Proceso y la periodista Anabel Hernández. “La existencia del informe interno, y del primer borrador de una auditoría más amplia de la visitaduría general, fue publicada primeramente por el semanario Proceso y por la periodista de investigación Anabel Hernández en un libro sobre el caso”, señaló el periódico neoyorquino. Tras analizar una versión de 177 páginas de la auditoría realizada por la Visitaduría General de la PGR, bajo la supervisión de César Alejandro Chávez Flores, Proceso revisó el expediente completo que constó de mil 150 hojas, el periódico neoyorquino resaltó que el documento “pregunta por qué la policía federal y el batallón militar local no se movieron mientras la policía municipal atacó los autobuses de los estudiantes”. Natalia Briseño, directora de comunicación social de la PGR, declaró al periódico que “como tal, es un documento legalmente inexistente”. El NYT recordó que Chávez “renunció abruptamente” cuatro semanas después de entregar el documento y que el informe permanece en un “limbo burocrático”, pues “el inspector general que sucedió a Chávez Flores no ‘reconoció’ las conclusiones del reporte porque le faltaron formalidades no especificadas”, observó. También subrayó que el gobierno federal nunca lo entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). James Cavallaro, presidente de la CIDH, dijo al periódico: “Estamos preocupados y perturbados respecto a las alegaciones que se elevaron recientemente, (el reporte es) claramente un documento importante, y esperamos y suponemos que lo recibiremos”. El informe “retrata una serie de violaciones, incluso que el investigador de mayor nivel (Tomás Zerón de Lucio) tomó un sospechoso para identificar el supuesto lugar del crimen sin la presencia de un abogado”, planteó el periódico, al añadir que “lo que describe el informe no es poco común en las investigaciones criminales en México”. También observó que seis sospechosos, “levantados” en distintos lugares el mismo día, confesaron de manera espontánea y con fraseo idéntico que eran integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y habían asesinado y quemado a los normalistas. Sus declaraciones desembocaron en detenciones “arbitrarias e ilegales”. El documento “llama a una investigación e interrogaciones más a fondo para determinar hasta donde la negligencia llegó a obstruir la justicia”, planteó el NYT, al insistir: “Uno de los misterios duraderos del caso es por qué la policía municipal nunca fue detenida por las autoridades estatales y federales en Iguala”. Y señaló que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa “sigue siendo una herida abierta en México, prueba del fracaso del país para proteger sus ciudadanos y de la impunidad dentro de un sistema judicial corrupto”.