"Renuncian" a diplomática defensora de Humberto Moreira

lunes, 19 de diciembre de 2016
MADRID (Proceso).- El miércoles 14, la titular de la Agregaduría Legal para Europa de la Procuraduría General de la República (PGR), Érica Cervantes Albarrán –quien operó el apoyo del gobierno mexicano a Humberto Moreira cuando estuvo detenido en Madrid–, recibió una orden del nuevo titular de esta dependencia, Raúl Cervantes Andrade: debía presentar su renuncia inmediata. Las razones para exigirle su salida, que se hará efectiva el sábado 31, parecen ser el procedimiento que se le abrió en el Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR por el acoso laboral al que presuntamente sometió a personal bajo su mando (algunos empleados tuvieron que recurrir a terapia psicológica) hasta su deficiente manejo de los asuntos legales bajo su responsabilidad, en particular por sus dificultades para mantener y estrechar los lazos de cooperación con las autoridades españolas, lo que quedó evidenciado en el caso Moreira. Sin embargo, el procurador Cervantes parece sumarse a sus antecesores, Jesús Murillo Karam y Arely Gómez, a la hora de hacer oídos sordos respecto de la doble nacionalidad de Érica Cervantes, quien es mexicana y española, lo que contraviene la Ley del Servicio Exterior Mexicano, que la obliga a sólo tener la nacionalidad mexicana (Proceso 1988). En los cuatro años que se mantuvo en el cargo, la funcionaria no inició ningún procedimiento de renuncia de la nacionalidad española. Operadora del caso Moreira “Le falta mucha operación política con las autoridades españolas; por eso contrasta mucho con sus antecesores (Guillermo Valls Esponda y Armando Vicencio Álvarez)”, dice una fuente diplomática que pidió guardar el anonimato. “Lo peor”, abunda, “fue el escándalo que provocó su actuación en el caso Moreira”, pues volcó todos los recursos a su alcance para asistir al exdirigente nacional del PRI tras ser detenido por la policía española acusado de lavar dinero y ser parte de Los Zetas. Todo el personal de la embajada de México en España –incluidos los representantes de la PGR– se enteró de la detención de Moreira a raíz de que el diario digital El Español publicó la primicia el 15 de enero pasado. Entonces, el gobierno de Enrique Peña Nieto puso a disposición del coahuilense “toda la maquinaria diplomática y legal de la embajada en España para conocer su situación hasta el más mínimo detalle, atender a su familia y sacarle de la cárcel”, según publicó el diario El País el 22 de febrero. Y el día 29, el matutino difundió el nombre de Abraham Pérez Daza, agregado legal de la PGR, como uno de los que hicieron gestiones a favor de los parientes de Moreira. En esa misión tuvo un papel importante Érica Cervantes, jefa de Pérez Daza. Primero estableció contacto con altos mandos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional y con la Fiscalía Anticorrupción, cuyos fiscales José Rosa y José Grinda tienen a su cargo las indagatorias sobre el caso. Pero los mandos de la policía no le informaron nada porque tienen prohibido aportar información cuando el expediente aún está abierto. Una fuente de la fiscalía asevera que en la Fiscalía Anticorrupción “ni siquiera le tomaron las llamadas”. La Sección Consular envió un escrito al Ministerio de Asuntos Exteriores para preguntar al juez de la Audiencia Nacional que instruía el caso, el magistrado Santiago Pedraz, pormenores de la investigación y de los delitos de los que se acusaba a Moreira, el tiempo que duraría el secreto de sumario, el resultado de la audiencia celebrada el 22 de febrero y el tiempo que demoraría la instrucción del caso. Citando fuentes judiciales, El País afirmó que la respuesta de Pedraz fue estrictamente protocolaria y no facilitó ningún dato de la causa. La funcionaria mexicana ordenó al agregado legal Abraham Pérez Daza que asistiera a la esposa de Moreira, Vanesa Guerrero, y a sus dos hijas en el aeropuerto y las transportara en un vehículo oficial –una Vannette Mercedes plateada con matrícula diplomática CD 52003– para instalarlas en el hotel Vincci Soho, en la calle Prado de la capital española. El funcionario, quien es hermano de Alfonso Pérez Daza, consejero de la Judicatura Federal, también llevó al abogado mexicano de Moreira, Ulrich Richter. Cuando estalló el escándalo, Pérez Daza tuvo que viajar a México para comparecer ante el Órgano Interno de Control de la PGR por este hecho. El fracaso de Cervantes Albarrán para obtener los pormenores de la indagatoria contra el exdirigente del PRI llevó a la titular de la PGR, Arely Gómez, a telefonear a su homóloga hispana, Consuelo Madrigal, para pedir detalles del caso y conocer la posición de los fiscales españoles. “Le respondió que el caso estaba bajo secreto de sumario, que no podíamos darle ningún detalle y que la posición de la Fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”, respondió un portavoz de la Fiscalía General del Estado a El País. El reclamo de Gómez a la agregada para Europa sobrevino el 28 de enero, una semana después de la llamada a Madrigal. En la reunión con los agregados legales de la PGR en el extranjero, celebrada en San Juan del Río, Querétaro, le reprochó que las autoridades mexicanas se enteraran por la prensa de asuntos como el de Moreira, según la fuente diplomática consultada. En su intervención en ese acto, la procuradora expresó que por la complejidad de los fenómenos delictivos y la “internacionalización de los esquemas criminales”, es necesario “que los representantes en el exterior trabajen coordinadamente con las autoridades de otros países”. Los pendientes de Raúl Cervantes La orden a Cervantes Albarrán para que presentara su renuncia provino de las oficinas del nuevo subdirector jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, nombrado por el procurador Cervantes. Se le pidió que lo hiciera el pasado jueves 15. Tomaría unos días de vacaciones e iniciaría el proceso de entrega de documentación. Su último día en la PGR será el sábado 31. Aunque la funcionaria argumentó que tenía asuntos sensibles que atender y en proceso de resolución, se le insistió que la PGR se encargaría de ellos. El Órgano Interno de Control de la PGR tiene abierto un procedimiento contra Cervantes Albarrán por acoso laboral, en el que han comparecido por lo menos dos funcionarias que se vieron obligadas a recurrir a terapia psicológica por los malos tratos recibidos. Además, a un secretario primero de la agregaduría le anunciaron su cese fulminante y se le prohibió la entrada al edificio de la embajada. Doble nacionalidad vigente Uno de los casos más espinosos para la PGR es la doble nacionalidad de la funcionaria, que durante cuatro años no hizo nada por resolver. Con esto violó la legislación mexicana e incurrió en conflicto de interés. Proceso descubrió que en el Boletín Oficial del Estado (BOE, la publicación oficial del Estado español) del 18 de febrero de 2010 aparece el nombre de la funcionaria en la relación de personas a quienes se les concedió la nacionalidad española. En el número 43, sección III, página 15031 del BOE aparece el nombre “Cervantes Albarrán, Erica” como una de las favorecidas por una resolución emitida el 20 de enero de 2009 por la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia hispano. La referida nacionalidad le fue concedida el 7 de julio de 2009 y la resolución para que se publicara en el BOE fue firmada el 20 de enero de 2010 por la directora general de los Registros y del Notariado, María Ángeles Alcalá Díaz. Al poco tiempo de recibir su nueva nacionalidad, la funcionaria mexicana tramitó su pasaporte español, que tiene el número AAA811173, fue expedido el 24 de noviembre de 2009 y vence el 24 de noviembre de 2019. El reportero posee una copia de ese documento. En el artículo 6 del capítulo III, el reglamento del Servicio Exterior Mexicano vigente señala que el “personal asimilado” –agregados civiles, militares, aéreos o navales, y técnicos de otras dependencias que la Secretaría de Relaciones Exteriores acredita ante embajadas y organismos de otros países– debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 32 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el cual dicta que dichos representantes deben “ser mexicanos por nacimiento y no tener otra nacionalidad”, además de estar en “pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos”.

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