MANZANILLO, Col. (apro).- Cinco de cada diez empresas particulares no tienen conocimiento suficiente sobre los derechos de las personas al acceso, cancelación, rectificación y oposición (ARCO) en torno a sus datos personales, de acuerdo con un estudio de la Asociación Mexicana de Internet. Durante su participación en la edición 46 del Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (APPA), la investigadora Jimena Moreno González, secretaria general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), comentó los resultados de ese estudio, que también reveló que 44% de las empresas no posee conocimiento de la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de Particulares. También añadió que 28% de las empresas y 31% de los usuarios encuestados no supieron definir lo que es un dato personal, situación que “nos lleva a tener un doble reto, sobre todo si queremos proteger la privacidad y los datos personales”. Con la presencia de representantes de 22 países de la región Asia Pacífico y de organismos garantes de 24 estados de México, los trabajos del foro APPA fueron encabezados por la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Ximena Puente de la Mora. Moreno González dijo que entre 2011 y 2016 en México se recibieron mil 801 denuncias amparadas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales del Sector Privado, de las que en 364 ocasiones se orientó al particular sobre el alcance de la ley; en mil 383 se inició un expediente de investigación preliminar, y se han emitido 54 recomendaciones. La mayoría de los casos, 59%, correspondieron a temas de finanzas y seguros, en tanto que 15% tuvo que ver con información publicada en medios de comunicación; 12% tiene relación con el sector profesional, y 5% con el comercio al por menor. Esta información, consideró la académica, indica que por una parte hay gente preocupada por la privacidad y protección de datos, pero todavía falta la difusión de la materia, pues “empezamos a tener apenas una cultura para la protección de datos”. Luego comentó que si bien en México se está haciendo un gran esfuerzo por proteger los derechos del consumidor mediante mecanismos electrónicos, sobre todo en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Condusef, existe la percepción por parte de los usuarios de que no hay suficiente protección para el resguardo de datos personales, por lo que esta opción “casi no se usa, es decir, es un sistema que está quedando muy corto para los usuarios”. De acuerdo con Jimena Moreno, el diálogo entre sociedad y autoridades tiene que ir empezando a cambiar y generarse en una base de confianza, en la que el indicador más importante es qué van a hacer con la información de las personas, tanto en plataformas digitales como cuando se hace por vía personal. En el último día de actividades del foro APPA, los participantes coincidieron en la necesidad de avanzar en la construcción de un modelo global para proteger la privacidad como un derecho fundamental. En el panel “Cooperación internacional. Acuerdos marco de protección de datos personales y cooperación para hacer cumplir la ley”, especialistas de Francia, Australia, Francia, Columbia Británica y Estados Unidos expusieron que las autoridades de protección de datos personales ya no pueden operar de manera independiente, deben trabajar de manera conjunta para hacer valer la privacidad en el mundo, porque se trata de un derecho que no conoce fronteras. Durante el panel “Modelos de autorregulación”, expertos de Hong Kong, Estados Unidos y México destacaron la necesidad de contar con mecanismos de autorregulación en las pequeñas y medianas empresas (Pymes) para evitar que los datos personales sean utilizados con fines ilícitos. En el panel “Resoluciones de controversias”, autoridades de Singapur, Nueva Zelanda y el Reino Unido plantearon que el uso de nuevas tecnologías reduce tiempos y costos para atender quejas de ciudadanos en materia de datos personales y compartieron la experiencia de cada nación. En el panel “Aplicación de la ley”, expertos de España, Argentina y el Reino Unido coincidieron en que para hacer valer el derecho a la privacidad y garantizar la aplicación efectiva de la ley, las autoridades de protección de datos personales deberán aplicar sanciones cuando se registren conductas ilícitas.