CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) aseguró que, luego de que la Cámara de Diputados aprobó las reformas a la Ley General de Víctimas, aún hay pendientes por concretarse en la protección de los derechos de las personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, así como la falta de una definición precisa del concepto de “desplazamiento interno forzado”. En un comunicado, explicó que si bien en la Ley se reconoce a estas víctimas, “era necesaria una enunciación integral que no permitiera concepciones o interpretaciones discrecionales ni ambiguas al momento de aplicar la normatividad en su favor”. El organismo presidido por Perla Gómez consideró “indispensable”, que los peritajes solicitados por las víctimas no quedaran limitados sólo a la rendición de los mismos por especialistas nacionales. Y es que, explicó, la ley prevé que sólo cuando no se tengan especialistas de una materia en específico, podrá invocarse la participación de peritos extranjeros. De la misma forma, la CDHDF aseguró que si bien se generaron contrapesos para “la designación del Comisionado Ejecutivo”, --con la ayuda de personas defensoras de derechos humanos, de la sociedad civil y la academia--, “hubiera sido plausible que la misma sólo quedara en funciones del Senado de la República con participación de la sociedad civil, a fin de propiciar un proceso democrático dotado de transparencia ante la grave crisis por la que atraviesa nuestro país en materia de derechos humanos y la falta de credibilidad en sus instituciones”. Además, enfatizó en la necesidad de incorporar, con base en un enfoque “diferencial y especializado”, el acceso a los servicios y medidas previstas en la Ley a favor de las personas en situación de víctimas que tienen una discapacidad, colocando el foco en la discapacidad intelectual o psicosocial”. Y es que, de acuerdo con estándares de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se les debe reconocer como sujetos plenos de derechos y no con visión tutelar. Según la CDHDF, solicitó al Senado de la República y a la Cámara de Diputados considerar esas observaciones, pero aseguró que, “si bien algunas de ellas sí se vieron reflejadas, otras no culminaron con el proceso esperado”. Los avances En el comunicado, la Comisión reconoció también los “importantes avances” incorporados en la reestructuración de la Ley General de Víctimas. Entre ellos, mencionó: la posibilidad de contar con fondos de emergencia para medidas de ayuda inmediata o urgentes; la participación de la sociedad civil en la designación del Comisionado Ejecutivo y la facultad de atracción de casos en entidades carentes de ley propia o en los que tienen pendiente la creación de órganos en la materia. De la misma forma, destacó el reconocimiento al principio del Interés Superior de la Niñez; la flexibilización a que las víctimas puedan acudir a instituciones de carácter privado cuando las instituciones públicas no estén en condiciones de brindarles el servicio requerido; el fortalecimiento de las funciones de la Asesoría Jurídica y conservar el Comité Interdisciplinario Evaluador; entre otros. Por último, la CDHDF refrendó su compromiso con las víctimas y sus familiares y aseguró que vigilará “que las reformas a la Ley en la materia sean eficaces y cumplan con la exigencia y necesidad de brindar protección a los derechos de las víctimas”. Asimismo, dijo que estará atenta a que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) atienda “a cabalidad, con prontitud y transparencia” sus funciones y sea garante de esta Ley, ya que su adecuada operatividad permitirá que “en todas las entidades y en la Ciudad de México se implemente un marco normativo en la materia, en el que las víctimas puedan acceder a mecanismos efectivos de protección”.