Niega la PGR acceso al expediente de Padrés; el INAI ya revisa la petición

martes, 20 de diciembre de 2016
HERMOSILLO, Son. (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) se negó a ofrecer una versión pública del expediente del exgobernador Guillermo Padrés Elías, preso desde el pasado 10 de noviembre. La dependencia evadió su responsabilidad de entregar la información solicitada sobre las causas penales que se libraron contra el exmandatario sonorense por su probable responsabilidad en hechos delictuosos que configurarían los delitos de defraudación fiscal equiparada y operación de recursos de procedencia ilícita. A Padrés Elías también se le investiga por su presunta responsabilidad en la conflagración de los delitos de delincuencia organizada y la manipulación de licitaciones en la compra de uniformes escolares para beneficiar a su socio Mario Aguirre. De acuerdo con la respuesta de la PGR (folio PGR/UTAG/04338/2016), “esta información no se encuentra en el ámbito de esta institución”, y sugirió buscar en los expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, debido a que “es la institución competente para conocer de los procedimientos relacionados con delitos del orden federal y, por ende, para resolverlos mediante el dictado de sentencia". Sobre la negativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) consideró que las investigaciones en el caso Padrés tienen un carácter público y fueron solicitadas "en tiempo y forma, y cumplen con los contenidos dispuestos en los artículos 146, 147 148 y 149 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública". Notificó que el recurso de revisión con folio RRA 4406/16 fue acogido por el comisionado presidente del INAI, Óscar Guerra Ford, quien otorgó siete días hábiles para que la PGR presentara alegatos y fundamentara su negativa. El periodo perentorio concluyó el jueves 15 con el cierre de instrucción, y se anunció que este recurso de revisión será discutido en breve para su resolución por el Pleno del INAI. “Soy un perseguido político” El pasado 10 de noviembre, el exgobernador Guillermo Padrés Elías reapareció públicamente para declararse inocente de las acusaciones de desvío de fondos públicos, operación de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, lavado de dinero y evasión fiscal. “Enfrentaré esto como siempre he enfrentado los retos y las luchas políticas, porque soy un perseguido político de un sistema que quiere emparejar cartones para tratar de omitir los señalamientos de corrupción que se les imputan y pretenden hacerlos repercutir a otro partido (PRI) o persona para nivelar este asunto”, declaró a Radio Fórmula en esa ocasión. Actualmente enfrenta dos autos de formal prisión y, según la información que publica en su página de internet Antonio Lozano, abogado defensor de Padrés, se solicitó una ampliación de amparo indirecto, debido a que la PGR no respetó la presunción de inocencia de su cliente al difundir la ficha roja en manos de Interpol. Dicha información también destaca que las pruebas presentadas por la fiscalía son una serie de "elementos inconexos" que suponen la comisión de un delito y carecen de valor jurídico-penal. En la ampliación de demanda de amparo 846/2016, que consta de 491 hojas, Lozano y Padrés defienden que las órdenes de aprehensión libradas por PGR son "ilegales" al no concederle al investigado el derecho de audiencia, y por tanto obtuvo el cobijo federal mediante una veintena de amparos, debido a que en ningún momento fue notificado sobre las diligencias y tres querellas que formularon en su contra. Sobre a denuncia AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/13/2016 interpuesta por Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva contra el exjefe del Ejecutivo por la supuesta comisión de los delitos de defraudación fiscal y operación de recursos de procedencia ilícita, Padrés dice: Los denunciantes "manejan una serie de conjeturas y aseveraciones que carecen de relevancia jurídico-penal, constituyen simples apreciaciones y/o suposiciones respecto de las cuales no se aportan fundamentos". El acusado urge a las autoridades federales que exijan a los denunciantes las pruebas de que en verdad se trató de una plantación de nogal, es decir, la confirmación probatoria de que se habían plantado 300 hectáreas, como se difundió en el telerreportaje de Denise Maerker titulado "Pozo nuevo de Padrés". El caso de la supuesta manipulación de licitaciones para favorecer al empresario sonorense con la confección de uniformes escolares de 2010 a 2014 quedó asentado en la averiguación AP/PGR/DGCAP/ZNO-XIV/8A/2015. Al respecto, Padrés responde: "Para tratar de armar una acusación, así fuese con elementos inconexos y que no constituyen ni siquiera indicios porque no están vinculados con un nexo causal y con una relación lógica, se pretende, forzadamente, armar un delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita". Y para aclarar las investigaciones sobre los depósitos y retiros bancarios en el extranjero, de donde se supuso que había recibido ‘moches’ de parte del empresario Mario Aguirre, ofreció una larga lista de los hechos que se contraponen con lo publicado por la PGR. De acuerdo con la versión de Padrés y Lozano, el dinero en cuestión es producto de una inversión de 7.8 millones de dólares entre un número indefinido de inversores para la exploración y futura explotación de un predio minero denominado Shirley, bajo una concesión otorgada el 24 de septiembre 2007 y modificado el 15 de diciembre de 2010. En esa época se creó la sociedad minera SWF SA de CV, donde también participan Miguel Padrés y Mario Aguirre. Al cabo de unos años, los desconocidos "asociantes" solicitaron a Padrés que presentara un esquema financiero que permitiera "salvaguardar el valor del dinero en el tiempo, en lo que se iniciaban los trabajos de exploración y explotación minera". Entonces, el otrora gobernador panista, en su calidad de "beneficiario", creó el 28 de marzo de 2011 el fideicomiso Phinius Trust, con el apoyo de la firmas Stichting Dolphinius y Citco Trustees. Después el 5 de abril, ambas entidades crearon la sociedad Dolphinius CV, constituida bajo las leyes del Reino Unido de los Países Bajos, con sede estatutaria en Ámsterdam. Del 8 de junio al 31 de agosto de 2012, cuando se registraron siete transferencias de los socios y luego la cancelación de este último fideicomiso, se generaron un millón de dólares en rendimientos financieros, lo que dio un total de 8.8 millones de dólares. Esta cantidad fue retirada por el propio Padrés, argumenta en la demanda de amparo indirecto, por ser el beneficiario de los fideicomisos, y depositada posteriormente en las cuentas de la minera SWF SA de CV. Para probar su dicho, el investigado ofreció una copia certificada de la declaración fiscal de la minera en 2015 donde incluye el pago de impuestos por el millón de dólares extra que se obtuvieron en réditos. En relación con la tercera querella contra el exmandatario (número de expediente AP/PGR//ZNO-XIV/8A/2015), que investiga estos fideicomisos y la veracidad del proyecto minero, la defensa la consideró "ilegal" porque se acusa a Padrés en dos ocasiones por los mismo delitos. La investigación continúa hasta el momento.

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