CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación (Segob), admitió hoy que la desaparición forzada representa el “reto principal” que enfrenta México en la materia en el marco de la 159 sesión de audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizada en Panamá. Este reconocimiento no fue anecdótico: en octubre de 2015 el mismo Campa descalificó el informe preliminar de la CIDH, según el cual la situación de la desaparición forzada en México era alarmante. Aseveró, en conferencia de prensa, que el documento “no refleja la situación del país” y que la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa fue “una situación absolutamente extraordinaria”. Sin embargo, hoy reconoció –“frente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional”– que “México tiene un problema relacionado con la desaparición de personas, ya sea cometida por particulares, por autoridades del Estado, o por particulares con la asistencia o aquiescencia de las autoridades”. Campa formó parte de la delegación que respondió hoy, a nombre del gobierno mexicano, a las preguntas y señalamientos de representantes de la sociedad civil frente a los comisionados de la CIDH. El funcionario expuso el compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto para “romper las cadenas de impunidad” y que “las autoridades, en particular las de seguridad, no sean nunca más parte de esta violación a los derechos humanos tan grave como es este delito”. Enrique Gil Botero, relator de la CIDH en México, expresó su “agrado” de que Campa reconociera el fenómeno, ya que “la postura del gobierno mexicano frente al informe de la CNDH fue un poco reacia, en el sentido de que en este informe se evidenciaban desapariciones generalizadas en México e igualmente que no existía claridad respecto del número de personas desaparecidas”. Asimismo, señaló que el tema de Ayotzinapa “es transversal a toda esta problemática” de la desaparición forzada, “porque puso en evidencia una serie de situaciones que se venían dando desde hace mucho en un margen de impunidad intolerable”. También reafirmó que el mecanismo de seguimiento de la CIDH a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso Ayotzinapa busca que “se abran todas las líneas de investigación lógicas, coherentes y constructivas” para descubrir el paradero de los estudiantes y sacar la verdad a la luz. Y urgió: “No se puede permitir que haya estructuras de poder, ni políticas, ni militares, ni de ninguna orden, ni de ningún grado, por alto que sea en el Estado, que sean baluartes de impunidad”. Representantes de organizaciones de la sociedad civil –entre ellos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México o Fundar– pidieron a la CIDH utilizar el mecanismo de seguimiento a las recomendaciones del GIEI en el caso Ayotzinapa para provocar cambios estructurales en las estrategias de búsqueda e investigación en materia de desaparición. Incluso deploraron que las familias fueron alejadas del proceso de elaboración de la ley general en materia de desaparición –la cual ni siquiera incorpora el término “desaparición forzada” en su encabezado actual–, y denunciaron la falta de recursos y voluntad política para buscar e identificar a los más de 29 mil desaparecidos en el país. Desplazamiento interno forzado En una audiencia previa dedicada al desplazamiento interno forzado en México, la sociedad civil y el gobierno tuvieron un desencuentro sobre la cifra de mexicanos en esta situación, e incluso sobre la definición del fenómeno. Las organizaciones deploraron que el gobierno federal no tenga un “diagnóstico oficial” sobre la magnitud del fenómeno, y le exigieron elaborar una ley general en la materia, que tipifique el desplazamiento interno forzado como delito. También citaron encuestas del Inegi, según las cuales 185 mil mexicanos se encuentran en esta situación, y afirmaron que ocurrieron por lo menos 25 episodios de desplazamiento forzado masivo en 2016. Los representantes del gobierno mexicano, por su parte, negaron que en México estén las condiciones para hablar de desplazamiento interno forzado –el cual se emplea en situaciones de desplazamiento interno derivadas de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones a los derechos humanos o de catástrofes naturales– y pusieron en duda las cifras de las organizaciones de la sociedad civil. “El Estado mexicano es consciente de que existe el desplazamiento interno”, concedió Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, director general adjunto de Defensa de los Derechos Humanos en la Segob, y enumeró varios factores que lo provocan –poniendo a la inseguridad en último lugar–: “La existencia de fenómenos climáticos, la existencia de conflictos agrarios y la violencia causada por grupos criminales”. Sánchez mencionó un estudio de la CNDH según el cual hay 32 mil 230 personas desplazadas por la violencia en México, e incluso minimizó el alcance de este documento, pues afirmó que “sólo 441 personas, es decir el 1 por ciento, son víctimas identificables”. Urgió a no “generalizar” el fenómeno “a lo largo de las regiones y en la totalidad del territorio mexicano”. Campa, por su parte, llamó a “dejar de lado los asuntos semánticos y aritméticos” respecto del desplazamiento –en otras palabras, que ni las cifras ni el término importan tanto–, y aseveró que “si cualquier cambio de domicilio por motivos de inseguridad se considera como desplazamiento interno forzado, habría que revisar las estadísticas en esta materia en todo el mundo”. Una de las activistas dijo: “De antemano, que se niegue que exista el desplazamiento interno forzado, en un país donde la CIDH y distintas instancias internacionales hablan de una crisis generalizada en materia de derechos humanos, nos preocupa”.