CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Entre 2005 y 2015, el Instituto Nacional de Migración (INM) puso a 2 millones 126 mil indocumentados –la mayoría de ellos originarios de Centroamérica– en centros de detención, donde padecieron malos tratos y se les negó el acceso a solicitar asilo, resaltó hoy la organización Sin Fronteras, en un informe sobre el trabajo que desplegó en sus 20 años de existencia. El año pasado los agentes de migración detuvieron a 190 mil 366 personas –uno de cada cinco de ellas era menor de edad–, la tercera cifra más elevada de detenciones registrada entre 2000 y 2015. “Durante el proceso de detención y confinamiento, las personas migrantes enfrentan una serie de violaciones a sus derechos humanos, que van desde la falta de información respecto del proceso que enfrentan, hasta afectaciones a su salud física y mental y a la falta de acceso a recursos para una adecuada defensa”. Sin Fronteras ha dedicado las últimas décadas al monitoreo de la política migratoria mexicana, y en particular de los abusos perpetrados en los centros de detención, a los que dedicó ocho informes. También observó que “la mayoría de las recomendaciones hechas desde el primer informe, en 2003, y hasta el último monitoreo de 2015 son reiteradas”. Y deploró: “Esto da muestra de la escasez de diálogo entre la sociedad civil y el Poder Ejecutivo”. “La violencia en los países de origen, los abusos en el trayecto migratorio, la desaparición de familiares y amigos, los secuestros, violaciones y ultrajes sobrevividos, la falta de acceso a la justicia, los pocos casos denunciados sin respuesta, la impunidad y la xenofobia forman, todos ellos, una acumulación de elementos que es imperativo atender para subsanar el problema del ausente o carente enfoque humano de las migraciones”, aseveró. A lo largo de estos años la organización percibió cómo las autoridades mexicanas “suavizaron” su diálogo para referirse a la detención y a la deportación: el gobierno dejó de emplear los eufemismos “alojamiento”, “aseguramiento” y “devolución” en 2008, y habla ahora de “presentación ante la autoridad”, “repatriación voluntaria” o “retorno”. Uno de los principales reclamos de la organización consiste en la detención sistemática de los migrantes en situación irregular –la mayoría de ellos originarios de Centroamérica-- mientras transitan en el país, sobre todo a raíz de la implementación del Programa Frontera Sur, en el verano de 2014, que convirtió México en el primer país expulsor de centroamericanos, delante de Estados Unidos. Sin Fronteras también ha reiterado sus condenas respecto de las deportaciones casi sistemáticas de los migrantes centroamericanos detenidos, sin que las autoridades mexicanas les indiquen sobre la posibilidad de solicitar un estatuto de refugiado o el asilo. Asimismo, ha sostenido que, si bien la migración supuestamente está regida en una misma ley, “la realidad cotidiana demuestra en la práctica que no es lo mismo ser extranjero de piel blanca que de piel morena, ser hombre indígena que europeo, mujer anglosajona que centroamericana”. Luego reiteró la necesidad que el Instituto Nacional de Migración (INM) agilice los trámites para ingresar en los centros de detención –tanto a la sociedad civil como a organismos nacionales e internacionales, como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– y transparente el gasto destinado a esas estaciones. En paralelo, la organización urgió que la dependencia capacite a sus agentes “hacia un enfoque de responsabilidades y obligaciones” que sancione los abusos perpetrados contra los indocumentados en las estaciones migratorias.