CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización Causa Común exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno proteger a la sociedad, cerrarle el paso a la omisión y cuidar los escasos avances en materia de desarrollo policial en Veracruz. Causa Común hizo la petición después de que se confirmó la ejecución de por lo menos dos de los cincos jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, y en respuesta a “la falta de voluntad para depurar las instituciones de seguridad y procuración de justicia y los recurrentes casos de periodistas secuestrados en el estado de Veracruz”. En un comunicado, la organización destacó que de acuerdo con los más recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en Veracruz siguen en activo 41% de los mandos policiales y 34% de los operativos de la SSP a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, reprobados en Control de Confianza. “En lo referente al personal de los Centros de Readaptación Social, un 48% de los mandos y un 47% de los operativos se encuentran también reprobados y en funciones”, puntualizó. En ambos casos, añadió, queda expuesta la omisión reiterada de las autoridades del estado para cumplir con lo estipulado en la Ley Nacional de Seguridad Pública, y las hace moralmente responsables de la tragedia acontecida con los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, así como de otros casos de desaparición a manos de policías estatales que ha comenzado a documentar la propia sociedad. “Para lo sociedad civil es lamentable que el gobernador Javier Duarte haya incumplido su compromiso de apoyar los operativos conjuntos de la Marina y que ponga en riesgo los esfuerzos institucionales y humanos realizados por ciudadanos que de buena fe se sumaron a la nueva fuerza policial para garantizar la seguridad en el Estado”, destacó Causa Común en su comunicado. Consideró, asimismo, que la desaparición forzada de ciudadanos a manos de autoridades policiales, la escasa protección a periodistas, así como la indiferencia de la Fiscalía General del Estado (FGE) para investigar los delitos, deben tener consecuencias en Veracruz y en todas las entidades donde la omisión y la revictimización son una constante. Por ello, exigió “con carácter de urgente” una depuración completa de las dependencias de seguridad y procuración de justicia del estado de Veracruz, “comenzando por sus titulares, que han dejado de ser un referente confiable para la sociedad”. Para garantizar que las investigaciones relativas a las desapariciones forzadas sean justas y creíbles, apuntó, es necesario que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice un censo de víctimas en el estado para determinar la cantidad de personas desaparecidas y establecer junto con la Secretaría de Gobernación respuestas institucionales a la sociedad y las familias mexicanas.