CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que la dependencia a su cargo no intervino de ninguna manera en la liberación del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira. Sobre ese tema, dijo, deben hacerse las preguntas correspondientes a la Procuraduría General de la República (PGR) y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Al respecto, la procuradora Arely Gómez dio a conocer que Abraham Pérez Daza, agregado diplomático de la PGR en España, fue llamado a comparecer ante el órgano interno de control por las gestiones que realizó para apoyar al exdirigente nacional del PRI después de haber sido detenido por la Fiscalía Anticorrupción de ese país. La funcionaria federal señaló que por el momento no puede afirmar si hubo o no una actuación irregular por parte de Abraham Pérez Daza –hermano del consejero de la Judicatura Federal, Alfonso Pérez Daza–, y rechazó que su llamada telefónica a autoridades españolas para indagar sobre ese caso fuera irregular, pues siempre que hay un mexicano en el exterior, apuntó, le corresponde hablar para conocer detalles de la detención. Luego de destacar que eso mismo ocurrió cuando un grupo de mexicanos fue detenido en Tailandia, la procuradora negó que su actuación en el caso Moreira fuera extraordinario. El pasado miércoles 24 la Cancillería también se desmarcó de haber participado con gestiones para ayudar en la liberación del exgobernador coahuilense. Sostuvo que se recurrió a los mecanismos de colaboración establecidos entre ambas naciones. “La actuación de la Sección Consular de la Embajada de México en España, a raíz de la detención del señor Humberto Moreira, estuvo apegada a derecho en todo momento”, apuntó. Esta postura oficial fue la respuesta al reportaje publicado el lunes 22 por el diario El País (“Misión: salvar en Madrid a Humberto Moreira”), donde el periódico documentó cómo el gobierno de Peña volcó a su embajada para auxiliar al expresidente del PRI y conseguir su liberación. De acuerdo con información publicada por la revista Proceso en su edición de esta semana (2052), una fuente diplomática conocedora del caso manifestó que el comunicado de la SRE fue una justificación, ya que tanto la embajada como la PGR “transgredieron la doctrina diplomática”, pues además de brindar la asistencia consular que por ley correspondía a Moreira, como a todo mexicano en el extranjero, hablaron con las autoridades españolas para enterarse de la suerte del influyente preso, en “una investigación decretada como secreta y en la que México no es parte ni país participante. Quiero decir que el involucramiento fue para conocer los pormenores de la acusación”, puntualizó la fuente, que pidió el anonimato. En su comunicado, la SRE tampoco aclaró por qué se destinó un vehículo oficial para transportar a Vanesa Guerrero, esposa de Moreira, y sus dos hijas. Se trata de la camioneta Viano Mercedes plateada, con placa diplomática CD42003, destinada a Érica Cervantes, quien ordenó dicha asistencia. El vehículo oficial que transportaba a la familia del reo era conducido por el agregado adjunto de la PGR, Abraham Pérez Daza, quien posteriormente fue sancionado por la embajadora Lajous. Se le retiró su documentación diplomática, que le fue devuelta después para que viajara a México, a donde fue citado de urgencia para el jueves 25. Antes de que la Cancillería reaccionara como se ha referido, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, negó desde Ciudad Juárez, el martes 23, que el gobierno mexicano hubiera hecho gestión alguna para la excarcelación de Moreira. Pero ni la SRE ni Osorio Chong aclararon que los mecanismos citados por la Cancillería no incluyen la intervención directa de la PGR, lo cual fue hecho por Arely Gómez al hablar telefónicamente con la fiscal general de España, Consuelo Madrigal, para conocer los delitos atribuidos a Moreira y la postura de los fiscales anticorrupción José Grinda y Juan José Rosa, a cargo de las pesquisas. La nota publicada por Proceso con el título “Para Moreira, toda la ayuda gubernamental”, del corresponsal Alejandro Gutiérrez, precisa que el resultado de esa llamada, que tuvo lugar el 21 de enero, un día antes de que el juez Santiago Pedraz acordara la puesta en libertad de Moreira, fue que la fiscal Madrigal, según El País, “le respondió que el caso está bajo secreto de sumario, que no se le podía dar ningún detalle y que la posición de la fiscalía es que ese señor debía permanecer en la cárcel porque los delitos eran muy graves”. Una fuente de la investigación confirmó al semanario que desde la Agregaduría Legal de la PGR también trataron de comunicarse por teléfono con los fiscales Grinda y Rosa, pero sin éxito, porque éstos no respondieron. Cuando menos hubo tres llamadas y escritos de las autoridades mexicanas al Juzgado 1 de Instrucción de la Audiencia Nacional: el mismo 15 de enero, tras conocerse la detención de Moreira; luego del auto del juez Pedraz del día 22, cuando decretó la libertad preventiva de Moreira a condición de que entregara su pasaporte y no saliera de España, y el pasado martes 9, cuando el juzgador decretó el sobreseimiento provisional de la causa. La embajada justificó como “normal” el envío de las notas diplomáticas al juez Pedraz pidiendo información sobre la suerte del acusado. Entre las preguntas que formularon en ese documento oficial está cuánto tiempo puede durar el secreto de sumario; el resultado de la audiencia del 22 de enero; si fue decretado que el mexicano continuara en prisión preventiva o en libertad bajo fianza, y la duración aproximada de la fase de instrucción del caso. El juez Pedraz dictó una providencia donde indicaba que, “de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, procédase a informar a la embajada de México en España, sección consular, sobre los extremos solicitados”. Sin embargo, José María Irujo, autor del reportaje publicado por El País, expresó que la respuesta fue protocolaria y no se facilitaron mayores detalles de la investigación, que sigue abierta y es secreta. Luego de que Moreira fue liberado, los corresponsales mexicanos confirmaron la extrañeza que generó entre fuentes de la investigación la actuación de la embajada. La fuente diplomática citada explicó que en la nota referida no se contempla la asistencia consular, y sólo se recurre a ella como una reclamación cuando un caso se eleva a protección diplomática, lo que se daría si, al agotarse todos los recursos internos disponibles en el estado territorial, persiste una denegación de justicia, “que no es el caso”, enfatizó. Aseguró que ese intercambio de información sería procedente en el momento en que las autoridades mexicanas y españoles estuvieran colaborando en una instrucción. Sin embargo, dijo, el caso Moreira es una causa en la que el intercambio de información se produce con el gobierno de Estados Unidos, donde han sido enjuiciados algunos de sus colaboradores en el gobierno de Coahuila, involucrados en el desvío de fondos gubernamentales para luego cometer el delito de blanqueo de capitales. Consultado por Proceso, Manuel Ollé aseveró que desde la embajada se llamó a su despacho para hacer seguimiento de la situación, pero se les remitió a la dirección de la prisión y al juzgado. Asimismo, en una respuesta vía correo electrónico, expresó: “No consta en este despacho injerencia alguna (diplomática); ni en cuanto a lo que se refiere a la labor profesional se hubiera admitido”. Hasta ahora Arely Gómez mantiene en su cargo a la agregada Érica Cervantes. No obstante, en la reunión de agregados legales, regionales y titulares de oficinas de enlace, celebrada en Querétaro el 28 de enero, lamentó haberse enterado de la detención de Moreira por los medios de comunicación. Cervantes se limitó a escuchar el reproche. En su discurso en ese acto, la titular de la PGR planteó que “la comisión de delitos no conoce fronteras, por lo que, hoy más que nunca, la procuración de justicia requiere de mecanismos eficientes de coordinación y colaboración con las autoridades de otros países”, así como de implementar procedimientos de “intercambio de información ágiles” en el combate a delitos del crimen organizado, lo que no sucedió en el caso Moreira.