Denuncian ONG internacionales campaña contra expertos del GIEI
WASHINGTON (apro).- Nueve organizaciones internacionales defensoras de derechos humanos denunciaron la campaña de desprestigio en medios de comunicación de México contra los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
“La campaña es un intento de ocultar la verdad y obstruir la justicia”, indican en un comunicado de prensa difundido este viernes.
“Resaltando el silencio que el gobierno mexicano ha mantenido hasta ahora, nuestro pronunciamiento hace un llamado al gobierno (de Enrique Peña Nieto) para que reconozca públicamente la importancia del GIEI en la aportación de información esencial sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos” en septiembre de 2014, apuntan.
Enviado a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el GIEI proporciona asistencia técnica en la investigación de los estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero.
Su participación en la pesquisa es el resultado de un acuerdo entre el mismo gobierno de Pena Nieto y los familiares de las víctimas. No obstante, algunos medios de comunicación mexicanos afines al gobierno han publicado textos y editoriales descalificando al Grupo y han permitido que sus columnistas y articulistas pongan en entredicho la integridad de sus integrantes, pese a que han recibido un reconocimiento internacional por el trabajo realizado hasta ahora.
“Reiteramos nuestros pleno apoyo al GIEI y sus conclusiones y recomendaciones preliminares”, enfatizan las nueve organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional.
Y destacan que en los medios de comunicación que simpatizan con el gobierno de Enrique Peña Nieto, los cinco integrantes del GIEI –Carlos Martín Beristain, Ángela Buitrago, Francisco Cox Vial, Claudia Paz y Paz y Alejando Valencia Villa– han sido sujetos de descalificaciones precisamente por rechazar los argumentos del gobierno mexicano sobre lo ocurrido con los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Y es que la participación del GIEI en el caso de los normalistas guerrerenses fue la piedra angular por la que el mismo gobierno de Peña Nieto desmintió “la verdad histórica” del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, quien en su momento aseguró que los normalistas fueron incinerados en el basurero de Cocula por integrantes de un grupo criminal, y que sus cenizas habían sido esparcidas en un río.
El GIEI no solo rechazó de manera rotunda el argumento y conclusión de Murillo Karam, sino que derivó en que el mismo gobierno de Peña les pidiera coadyuvar con asistencia técnica en una nueva investigación del caso.
Los nueve grupos que exigen el fin de la campaña de desprestigio resaltan la necesidad de que el gobierno mexicano desista totalmente del argumento del basurero de Cocula y que permita abrir las nuevas líneas de investigación propuestas por el GIEI, como el uso de autobuses en Iguala para el narcotráfico como un posible motivo del ataque.
“El gobierno mexicano también debe encontrar una solución que permita al GIEI estar presente con las autoridades mexicanas en las entrevistas a los soldados mexicanos en Iguala, muchos de los cuales estuvieron presentes durante los ataques contra los normalistas”, indica el comunicado de prensa.
Al GIEI, como parte del acuerdo de colaboración con el gobierno de México, le quedan solamente tres meses de plazo para ayudar en las investigaciones del caso Ayotzinapa, por ello quienes auspician la labor de los cinco expertos exigen apoyo pleno para ellos y sus propuestas de lineamientos para continuar la investigación.
“Con este caso el gobierno mexicano tiene una importante oportunidad para demostrar su compromiso con los derechos humanos. No hacerlo demostraría una vez más que en México sigue reinando la impunidad frente a graves violaciones de derechos humanos”, subrayan las agrupaciones.
No obstante, se abstienen de mencionar por su nombre a los medios de comunicación, articulistas y columnistas que han participado en la descalificación de los cinco expertos.
Las organizaciones firmantes son: Amnistía Internacional, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Centro de Estudios Legales y Sociales, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Fundación para el Debido Proceso, Grupo de Trabajo para Asuntos Latinoamericanos, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Open Society Justice Initiative y Robert F. Kennedy Human Rights.