CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la República (PGR) obtuvo un nuevo auto de formal prisión por delincuencia organizada en contra de Vicente Carrillo Fuentes, El Viceroy, líder del cartel de Juárez, quien desde octubre de 2014 se encuentra recluido en el penal de Puente Grande, en el estado de Jalisco. La medida fue dictada por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca, Estado de México. A Carrillo Fuentes se le considera el principal líder de esta organización criminal dedicada al trasiego y comercialización de droga, tanto en territorio nacional como en Estados Unidos de América. Por ello, dentro de la causa penal, el Juez Federal consideró que había elementos suficientes para dictar el auto de formal prisión por el delito de delincuencia organizada. Carrillo Fuentes fue detenido el 9 de octubre de 2014, en Torreón, Coahuila. Este nuevo auto de formal prisión deriva de la resolución judicial, en vía de apelación. El día de su detención, el juez Séptimo de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales con sede en Jalisco, determinó sujetar a proceso al líder del cartel de Juárez por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, la cual tenía en su poder al momento de su detención. A su vez, la PGR dio cumplimiento a dos órdenes de aprehensión: una girada por el juez Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Toluca por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer ilícitos contra la salud. Otro, radicado en el juzgado Sexto, en esa misma ciudad, solicitó la aprehensión por delincuencia organizada. Vicente Carrillo es originario de Navolato, Sinaloa, tiene 52 años de edad y era uno de los 122 objetivos prioritarios señalados por la PGR en la Estrategia de Seguridad del Gobierno de la República. Asumió el mando del cártel de Juárez en 1997, tras la muerte de su hermano, el extinto Amado Carrillo Fuentes, El Señor de Los Cielos. Desde marzo de 2009, del gobierno mexicano ofrecía una recompensa de 30 millones de pesos, mientras que Estados Unidos ofrecía cinco millones de dólares, por información que llevara a su captura.