Exige SNTE nuevo proceso para maestros que no se evaluaron por causas justificables

martes, 1 de marzo de 2016 · 21:03
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) emplazó al titular de la Secretaría de Eduacción Pública (SEP), Aurelio Nuño, así como a los gobiernos estatales, a aclarar las razones por las que 3 mil 360 maestros no se presentaron al proceso de evaluación, motivo por el que serán cesados y sin liquidación. También indicó que pedirá revisar las fallas técnicas y logísticas que pudieron haber afectado o impedido la asistencia de estos profesores a la evaluación y, en caso de que esa falta se pueda justificar, las autoridades programen un nuevo proceso para presentar las pruebas. El SNTE advirtió en un comunicado que “mantendrá la defensa de los derechos laborales, profesionales, sociales y económicos de los trabajadores de la educación, y estará atento para brindar asesoría jurídica y apoyo a cada maestro que lo requiera. No dejaremos a nadie en el camino”. El lunes pasado, Nuño Mayer dio a conocer los resultados del primer proceso de evaluación por desempeño, en el cual –de acuerdo con la nueva ley de educación— los profesores estaban obligados a participar. El secretario de Educación Pública confirmó que, a partir de este martes, serán despedidos los 3 mil 360 profesores que no se presentaron a ninguna de las dos oportunidades para evaluarse. Pero no fue todo, pues reveló que cinco de cada diez profesores y directivos de educación básica y bachillerato, de los 134 mil 140 que participaron en 28 entidades del país, se ubicaron en los niveles insuficiente y suficiente, los más bajos en la acreditación por competencias y habilidades pedagógicas. En respuesta, el SNTE exigió a las autoridades educativas que ningún grupo de alumnos de ningún nivel educativo se quede sin un maestro, que ninguna escuela se quede sin director y subdirector; además de que se acrediten las contrataciones, nombramientos y ascensos que los docentes hayan adquirido tras los resultados de la prueba, y “que se garanticen los derechos de los trabajadores para asegurar la certeza laboral en la asignación de las plazas y horas-clase correspondientes”. Por último, demandó que la interpretación de la ley “no impida o cancele el derecho al crecimiento laboral de los docentes”.

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