CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, respaldó la decisión de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que no reconoce la huelga de mineros en la empresa Arcelor Mittal. La resolución de la Junta, dijo, tiene fundamento jurídico por lo que la huelga iniciada el viernes pasado por agremiados del Sindicato Nacional Minero “es ilegal” y deben levantarla para evitar “otras situaciones”. La Junta, explicó, determinó que era el mismo emplazamiento a huelga que llevaban 16 meses propuesto y ya no eran las mismas condiciones. “No es que hayan estallado una huelga y nosotros la declaramos ilegal, no es así. Lo que se dijo es que ese emplazamiento debía archivarse porque ya llevaba 16 prórrogas y si querían meter uno nuevo, pues lo hicieran”, señaló el funcionario y pidió no confundir el derecho a huelga con un “derecho” a ejecutar un paro total de la empresa. “Tienen los trabajadores derecho de volver a emplazar a la empresa o acudir a juicio de amparo contra la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero lo que estamos viendo no es una huelga”, sostuvo. En conferencia de prensa, Navarrete Prida llamó al diálogo a la representación sindical encabezada por Napoleón Gómez Urrutia. El gremio dijo estar “sorprendido” de que la Secretaría del Trabajo, a nombre del gobierno federal, haya emitido un escrito en el que llama a levantar la huelga para que pueda reanudarse el diálogo conciliatorio, misma posición que ha mantenido Arcelor Mittal. De hecho el miércoles pasado el sindicato planteó que hay disposición a dialogar de nuevo con la empresa para encontrar una salida a la huelga que inició el viernes pasado, pero advirtió que no se renunciará a los derechos laborales y humanos de los trabajadores. Hizo énfasis en que los directivos del consorcio han sido testigos de la alta calidad y entrega de los sindicalizados y de los elevados índices de productividad y eficiencia, mientras que su única demanda es que se respeten sus derechos constitucionales en particular, al de huelga. Además el gremio acusó que la empresa originó la situación al incurrir en violaciones laborales y demandar el conflicto colectivo de naturaleza económica con el fin de incumplir con el contrato y las cláusulas pactadas. Particularmente con la número 100, referente a la reubicación de trabajadores que en lugar de acatarla, la empresa realizó despidos masivos de empleados.