CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La organización ambientalista Otros Mundos solicitó la intervención del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar la seguridad del defensor Gustavo Castro Soto, retenido en Honduras, luego de que una jueza determinó “no revocar la alerta migratoria” que se le impuso al activista mexicano, testigo del asesinato de Berta Cáceres. Mediante una acción urgente, dirigida a Peña Nieto; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; a la Cancillería, y a la CNDH, los ambientalistas informaron que la tarde del miércoles 9, la jueza Victorina Flores, del Juzgado Primero de Letras de La Esperanza, donde ocurrió el homicidio, determinó mantener la alerta migratoria por 30 días al director de Otros Mundos y “suspendió en sus funciones a la abogada de Gustavo Castro por 15 días”. “Con su decisión, la jueza obliga innecesariamente a Gustavo Castro a permanecer en el país, pese al peligro que esto representa para su vida”, advierte la organización, tras señalar que al defensor no se la ha entregado un documento judicial “que le especifique esta decisión”. La resolución de la jueza hondureña ocurre luego de pronunciamientos de la CIDH y de ONU para demandar la máxima protección al defensor, en tanto que la CNDH emitió medidas cautelares para el gobierno de Peña Nieto haga lo propio. El miércoles 9, representantes de diversas organizaciones advirtieron de la falta de garantías para evitar que Castro pase de ser “testigo protegido”, que es el estatus que le dio la Fiscalía de Etnias que investiga el caso, a inculpado en la muerte de la defensora hondureña, además de que la vida del mexicano corre peligro por ser testigo ocular de los hechos, ocurridos la madrugada del jueves 3. La organización Otros Mundos, de la que Castro es director, apuntó que la permanencia del testigo “es innecesaria”, toda vez que ha colaborado ampliamente en el proceso, y “aún en caso de requerir más declaraciones, es completamente legal y viable que los realice desde suelo mexicano”. Luego recordó que la posición de la jueza se contrapone con los pronunciamientos de la CIDH y OEA por el “riesgo que corre la vida de Gustavo Castro mientras permanezca en Honduras, instancias que han señalado y exigido su inmediata salida a México”. Al deplorar la decisión del Poder Judicial de Honduras, “de no atender el llamado de los organismos internacionales” de los que ese país es parte, consideraron urgente que el gobierno de Peña Nieto “eleve su nivel de acciones para garantizar la seguridad de Gustavo Castro y su regreso inmediato al país”. Los activistas insistieron en que el gobierno mexicano “debe atender el estado de vulnerabilidad e indefensión en el que Gustavo se encuentra frente al actuar de la justicia hondureña, y garantizar sus derechos como víctima”. Ante los riesgos que corre el director de Otros Mundos en Honduras, considerado por la CIDH como el país más peligroso para los defensores de derechos humanos, los ambientalistas exigieron al gobierno de Peña Nieto que “garantice la permanencia de Gustavo Castro dentro de la embajada”, mientras corre la alerta migratoria que le impide salir de ese país, y que preserve su seguridad, así como las de las personas que le están prestando ayuda en el país centroamericano. Los compañeros de Castro Soto pidieron a las autoridades mexicanas establecer “los acuerdos bilaterales necesarios” para que como testigo “pueda responder cualquier otra solicitud judicial desde territorio mexicano”, así como garantizar “su salida inmediata” de Honduras.