CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La trasnacional Monsanto advirtió que aún no hay una “sentencia final” sobre la siembra de transgénicos en el país, luego de que un magistrado federal ordenó a la Sagarpa abstenerse de otorgar permisos en la materia hasta que se resuelva en definitiva un juicio colectivo promovido por científicos, especialistas y productores. La empresa confirmó en un comunicado que ya fue notificada de la resolución del Magistrado del Segundo Tribunal Unitario en materias Civil y Administrativa del Primer Circuito. “Evaluaremos a detalle la sentencia emitida por el magistrado para determinar el curso de acción que dará continuidad al esfuerzo de lograr el uso pleno de semillas de maíz genéticamente modificadas, ya que como hemos expresado anteriormente, en Monsanto estamos convencidos de que la aplicación de la biotecnología en los cultivos de maíz puede convertirse en una parte fundamental del desarrollo económico del país y en una solución para optimizar la productividad del campo mexicano y la seguridad alimentaria de la población”, justificó la trasnacional estadunidense. También advirtió que seguirá difundiendo “información con base científica, que permita a la opinión pública esclarecer dudas y desmitificar la tecnología y beneficios que representan los organismos genéticamente modificados”. Además, consideró “fundamental que de igual forma el Estado mexicano base las decisiones que adopta en la esfera judicial y administrativa en rigurosa evidencia científica y se apeguen a derecho”. Monsanto indicó que la ley actual “hoy autoriza la siembra de semillas genéticamente modificadas a cualquier persona mediante el otorgamiento de un permiso. Tales permisos se emiten con las correspondientes medidas de bioseguridad que garantizan un nivel adecuado de protección, conservación y utilización sustentable del medio ambiente y de la diversidad biológica, así como de la salud humana y de la sanidad animal, vegetal y acuícola”. Luego deploró que al mantenerse vigente la medida cautelar que impide otorgar permisos, “no sólo se restringe a las compañías, también afecta la investigación en biotecnología agrícola que llevan a cabo diferentes instituciones públicas y privadas en el país, además de impedirse el desarrollo tecnológico de herramientas que los agricultores mexicanos pueden elegir y emplear para ser más productivos y competitivos en la producción de alimentos”. Por último, advierte que “esta resolución no significa una sentencia final de la acción colectiva, por lo que el proceso legal continúa su curso”.