CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Cámara de Diputados avaló la minuta de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y Municipios, cuyo propósito es poner candados a la contratación de deuda en estados y municipios. La propuesta fue aprobada con 382 votos a favor, cero en contra y 32 abstenciones. Según el procedimiento legislativo, luego de la aprobación, el documento deberá pasar al Ejecutivo federal para que se publique en el Diario Oficial de la Federación y pueda entrar en vigor. De acuerdo con la minuta aprobada, se derogan diversas disposiciones de las leyes de Coordinación Fiscal, General de Deuda Pública y General de Contabilidad Gubernamental. La implementación de la norma implica la creación de una Comisión Bicameral que se integrará por diputados y senadores cuya tarea será vigilar los endeudamientos de las entidades de gobierno y hasta podrán solicitar información de éstas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) deberá fiscalizar la deuda y las garantías que otorgue el gobierno federal respecto a los empréstitos de los estados y municipios, además del destino y ejercicio de los recursos realizado por los gobiernos locales. La iniciativa fue enviada al Legislativo por el presidente Enrique Peña Nieto en agosto de 2015. Tras seis meses de espera y discusión, el martes pasado el Senado le hizo cambios para elevar de 10% a 15% el techo de endeudamiento que podrán contratar las entidades con buen historial crediticio. De inmediato la regresó al Congreso. Ahí, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva, explicó el Senado modificó los artículos 2, 23, 24, 26, 33, 46 y 51 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como el artículo 9 de Coordinación Fiscal y al artículo 14 transitorio del proyecto de decreto. Luego de la aprobación y a través de un comunicado, el titular de la SHCP Luis Videgaray destacó que "con esta Ley, que respeta la autonomía de los estados y municipios, los principales beneficiados son los ciudadanos, quienes al contar con mayor estabilidad y responsabilidad presupuestaria en las haciendas de sus gobiernos locales, en el mediano y largo plazos, verán un crecimiento en la inversión pública y, con ello, en los niveles de bienestar social”.