WASHINGTON (apro).- En clara confrontación con la posición del presidente Enrique Peña Nieto, la CIDH estableció que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es un “ejemplo emblemático” de la crisis de derechos humanos que se vive en ese estado sureño y en todo el territorio mexicano. “Este caso es además un ejemplo emblemático de la aparente colusión entre agentes federales del Estado e integrantes del crimen organizado”, sentencia la CIDH en su informe sobre “Situación de los derechos humanos en México, 2015”. La semana pasada, durante una ceremonia marcial en Iguala, Guerrero, para conmemorar el Día de la Bandera, Peña Nieto intentó minimizar el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en aquel municipio guerrerense. “Iguala es un municipio emblemático en nuestra historia, no puede quedar marcado por esos trágicos acontecimientos. Su gente merece ser conocida por sus fortalezas, por su calidez y su firme carácter para alcanzar logros a favor de su comunidad”, declaró Peña Nieto. La CIDH, órgano jurídico de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) colabora en la investigación sobre la desaparición de los estudiantes en Iguala, enfatiza que este caso a su vez es un llamado de atención al gobierno de Peña Nieto sobre la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país. El caso de los 43 jóvenes estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos “constituye una grave tragedia en México, así como un llamado de atención nacional e internacional sobre las desapariciones en México, y en particular en el estado de Guerrero”, se destaca en el informe de 236 paginas. A casi un año y medio de que ocurriera este incidente por el cual se han confrontado la Procuraduría General de la Republica (PGR) y el GIEI, respecto de las investigaciones y conclusiones que han elaborado en sus respectivas pesquisas, la CIDH insiste en que el caso es evidencia de la profunda crisis de derechos humanos en México y de la impunidad gubernamental que impera en el país. “Es una muestra de las graves deficiencias que sufren las investigaciones sobre estos hechos y la impunidad estructural y casi absoluta en que suelen quedar estos graves crímenes”, indica. La CIDH reconoce y saluda que Peña Nieto, después de que al inicio de sus investigaciones sobre el caso Ayotzinapa, y al que el exprocurador general de la República Jesús Murillo Karam quiso dar carpetazo con su “verdad histórica”, haya permitido la participación del GIEI en las pesquisas y la de otros entes internacionales. La colaboración del GIEI --víctima de una campaña de descrédito y de descalificaciones por parte de columnistas presuntamente coludidos con el gobierno de México--, según el informe de la CIDH, aporta en el avance de los intentos por esclarecer este crimen multitudinario. Al GIEI se le atribuye la elaboración de un análisis de los planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas, la recomendación de mejores prácticas para una investigación más eficiente. También el análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, y un análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. “La Comisión está convencida de que dicha apertura y los acuerdos de cooperación como el que dio lugar al trabajo del GIEI, basados en las solicitudes del Estado y los representantes de las familias, son piezas clave para avanzar en la protección de los derechos humanos en México, y para esclarecer lo sucedido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa”, remata el informe.