TOLUCA, Edomex. (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a estudio una denuncia promovida por Alberto Martínez Sosa, detenido en 2007 en el municipio mexiquense de Luvianos por el presunto secuestro de dos militares. El pasado 23 de febrero, el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, notificó que la denuncia –enviada el 14 de agosto de 2015– quedó registrada bajo el número P-1269-15. “En nombre de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acuso recibo de su comunicación, mediante la cual se presenta denuncia contra México”, expone en el documento de respuesta. La queja entrará a estudio para determinar si existieron violaciones a los derechos humanos de Martínez Sosa, quien fue sentenciado a 20 años de prisión por el secuestro de los militares Gustavo Herrera Terrones y Luis Enrique Aragón Reyes, ocurrido el 6 de octubre de 2007 en el municipio de Luvianos. El sentenciado arguye que durante su proceso se violó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. En su primera declaración ante el Ministerio Público Federal, los militares admitieron no reconocer a sus plagiarios porque estaban encapuchados; en una declaración posterior, no obstante, señalaron directamente a Alberto Martínez. En su testimonial, el subdelegado de Procedimientos Penales “A” en la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR), Alfonso Benítez Luna, reconoció que el único motivo de la detención del inculpado radica en una indicación del otrora delegado José Manzur Ocaña, medio hermano de José Manzur Quiroga, actual secretario general de Gobierno en el Estado de México. “Todo fue por instrucciones del entonces Delegado de la Procuraduría General de la República Lic. José Manzur Ocaña, ya que teníamos conocimiento de que Alberto Martínez Sosa no había participado, ni existía prueba alguna o reconocimiento de que Alberto Martínez Sosa hubiera intervenido en la privación ilegal de la libertad de los militares, sin embargo, por el sólo hecho de ser el propietario del inmueble donde al parecer fueron llevados los militares, el entonces Delegado consideró que se encontraba relacionado con los hechos”, expuso en su declaración ministerial. Benítez Luna aseguró que Manzur Ocaña ordenó a los ofendidos señalar como responsable a Martínez Sosa –ahora recluido en el penal de Santiaguito– para consignarlo. En contraste, las declaraciones de cerca de 15 testigos refieren que al momento de los hechos, el inculpado se encontraba en una reunión con funcionarios municipales. Martínez Sosa también solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenar al presidente Enrique Peña Nieto la resolución de su indulto, pues fue denegado por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República sin tener facultades.