CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) rechazó que en el caso de la muerte de 42 personas presuntamente ligadas al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Ecuandureo, Michoacán, a manos de elementos de la Policía Federal (PF) el 22 de mayo de 2015, se hayan cometido violaciones graves a los derechos humanos. El mes pasado, el organismo de transparencia mexicano resolvió un recurso de apelación a una solicitud de información interpuesta por la agencia The Associated Press (AP) en la que pidió en octubre pasado a la Procuraduría General de la República (PGR) difundir los reportes de balística autopsia de los 42 sospechosos abatidos por la PF. La dependencia federal le respondió que esa información podría afectar la investigación, por lo que la AP recurrió la respuesta ante el INAI apelando a la regla que permite que las versiones redactadas de los reportes sean difundidas en casos que involucren violaciones serias a los derechos humanos. Sin embargo el instituto indicó que no encontró evidencia de ese tipo de irregularidades y falló a favor del gobierno. El INAI decretó que la información debe mantenerse como secreto de Estado durante cinco años y apoyó al gobierno al negar que hubiera evidencia de violaciones a los derechos humanos en el Rancho del Sol donde ocurrió el tiroteo. Le informó a la agencia de noticias que se revisaron 12 volúmenes de reportes sobre el caso de Ecuadureo y en esencia concluyó que la PF actuó “de manera apropiada”. “No se advierten elementos indispensables que permitan apuntar una conducta (de acción y/o de omisión) dolosa del Estado mexicano en los hechos de referencia, que pudieran configurar, por ejemplo, una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria”, señaló el INAI en su resolución, citada por AP. Y agregó: “No se apreciaron, a primera vista, factores o elementos que permitan detectar conductas sospechosas o poco claras del despliegue de las fuerzas de seguridad”. La resolución toma relevancia debido a que es uno de los tres casos citados por el reporte publicado el miércoles pasado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los que el saldo de muertes fue disparejo. El gobierno mexicano afirmó que se trató de un enfrentamiento en el que un policía murió y 42 presuntos miembros del CJNG fueron abatidos. En su edición número 2013 del 30 de mayo de 2015, el semanario Proceso documentó que en la matanza de Ecuandureo no todas las víctimas eran sicarios del CJNG. Algunos eran trabajadores contratados para acondicionar un inmueble pero pagaron caro su afán de ganarse honestamente la vida pues los torturaron, mutilaron, arrollaron y algunos recibieron el tiro de gracia, según testimonios de sus parientes y amigos, recogidos por el semanario que debilitaron la versión oficial del “enfrentamiento”. En su informe, la CIDH estimo que situaciones como la de Ecuandureo “demandan una revisión del uso de la fuerza en México de apegarse a los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalmente” y “exige la adopción e implementación de medidas de responsabilidad por parte de un organismo que es independiente a todas las fuerzas de seguridad”. La comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA) también la “gradual regresión en términos de políticas activas de transparencia e información pública respecto a la muerte de civiles”, sobre casos como este e indicó que las fuerzas militares mexicanas han dejado de reportar de manera pública el número de sospechosos abatidos por sus tropas. Un paso atrás para el INAI Consultado por AP, el director para el continente americano de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que el fallo es un paso atrás para el INAI. “Con este fallo, el INAI no sólo abandona su principio básico de apertura y transparencia que supuestamente debe mantener, sino que también le otorga a la Procuraduría General ‘luz verde’ para mantener al público ignorante sobre los severos abusos a los derechos humanos”, apuntó Vivanco. De acuerdo con la versión oficial, el 22 de mayo de 2015 ocurrió un enfrentamiento con presuntos miembros del CJNG en el que la Policía Federal respondió luego de que abrieran fuego en su contra y negó que hubiera cometido asesinatos extrajudiciales. Lo mismo hizo en el caso Tlatlaya, ocurrido el 30 de junio de 2014 en una bodega ubicada en ese municipio del Estado de México. El Ejército informó que se había abatido a 22 supuestos integrantes de un cártel de narcotráfico durante un tiroteo en el que un soldado resultó lesionado. Sin embargo una investigación de la AP y la que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) determinaron que en el lugar al menos 15 de las 22 víctimas fueron alineadas y fusiladas contra una pared.