Denuncia AI esterilización forzada de mujeres con VIH en México

lunes, 7 de marzo de 2016
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos expusieron diversos tipos de violencia que padecen las mujeres en México y que urgen sean frenadas y atendidas por el Estado en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. En un reciente informe, Amnistía Internacional (AI) reveló la existencia de una política discriminatoria contra las mujeres que padecen VIH, la que incluye la esterilización forzada. En el documento, que incorpora situaciones de violencia contra la mujer en América Latina, se expone el caso de Michelle, una mujer que descubrió que era seropositiva cuanto tenía cuatro meses de embarazo, y que acusa haber sido víctima de discriminación, maltrato y haber sido esterilizada sin su consentimiento. En el reporte “El Estado como ‘aparato reproductor’ de violencia contra las mujeres”, Amnistía resalta que “en la regulación de la sexualidad y la reproducción de la mujeres es donde con más nitidez se evidencian los estereotipos y perjuicios de género, la concepción del rol que la mujer debería jugar en la sociedad, que es impuesto a todas las mujeres a través de legislaciones y prácticas frecuentemente discriminatorias”. El informe retrata casos de mujeres y niñas víctimas de discriminación en República Dominicana, Chile, El Salvador, Perú, Paraguay, Argentina, Uruguay y México. En nuestro país se retoman investigaciones realizadas por las organizaciones Fondo María AC y Red Balance AC, que han registrado testimonios de mujeres que padecen VIH a quienes se les ha desinformado sobre la transmisión del virus y se les ha sometido a esterilización forzada, como en el caso de Michelle, quien además denunció haber sido expuesta a discriminación mientras su parto era atendido. Ella resaltó que a punto de dar a luz en su tercer embarazo, el ginecólogo le advirtió que sería sometida a una operación para no tener más hijos, y aunque ella se negó, el médico se valió de la firma de su madre para ser intervenida. “Sentí mucha presión y vergüenza, pues el médico incluso regañó a mi madre, ya que le dijo que ella como mi madre ‘debe entender’; después de diversos señalamientos e intimidaciones, obligó a mi madre a firmar una hoja que autorizaba la intervención, sin explicarnos de qué se trataba ni proporcionar información sobre los riesgos que podría acarrear”, contó Michelle a AI. Durante su estancia en el hospital, ella recuerda que le fue colocado un letrero arriba de su cama con las siglas VIH, y que fue maltratada por el personal del sector salud, quienes le daban de comer en platos desechables, e incluso le proporcionaron gasas para que ella se atendiera una hemorragia que sufrió en ese entonces. Para AI, la discriminación que recibió Michelle evidencia las fallas de las instituciones en “disponer de medios anticonceptivos seguros y asequibles, aparte de que las mujeres deben tener el derecho de elegir o rechazar libremente los servicios de planificación familiar”. Por otra parte, la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) dio cuenta de datos concentrados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio que revelan el alto grado de violencia que sufren las mujeres mexicanas. En un comunicado, la Red TDT señala que de 2012 a 2013 fueron asesinadas 3 mil 892 mujeres, y del total de casos sólo 15.75%, es decir 613, fueron investigados como feminicidios, “lo que significa una gran ausencia en la actuación legal por parte de las procuradurías de Justicia de México”, situación que se confirma con la ubicación en el lugar 83 de 135 países en Brecha de Género, según el reporte del World Economic Forum en 2013. En materia de discriminación laboral, la Red retoma los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH), mismos que señalan que 76% del total de mujeres trabajadoras “percibe entre uno y cinco salarios mínimos; situación que está lejos de garantizar una calidad de vida digna”. Tras señalar que sólo 5% de las mujeres en el país reciben ingresos superiores a cinco salarios mínimos, la Red TDT resalta que 21% de las trabajadoras mexicanas “han enfrentado algún tipo de violencia en su centro de trabajo, según el reporte Proigualdad 2013-2018. Peor aún, es que según el Inegi, en 2013 “63 de cada 100 mujeres de 15 años y más declararon haber padecido algún incidente de violencia y 68% de las mujeres de entre 30 y 35 años han enfrentado al menos un episodio de violencia o abuso”, ello aunado a que el Sistema de Procuradurías Estatales informó que en 2015 fueron asesinadas un promedio de siete mujeres por día, de las cuales 68% los responsables de esas muertes fueron sus cónyuges o familiares. “Estos son indicadores que demuestran que la violencia machista ha llegado a límites insostenibles en el país con feminicidios registrados en todos los estados de la República”, apunta la Red TDT, para enseguida denunciar que en 13 estados se ha solicitado que se decrete la alerta de género ante la imparable violencia que impacta también a mujeres transgénero, sector de la población que registra 87 muertes violentas de 2008 a 2011. Tras señalar que las muertes maternas se siguen registrando “principalmente entre las mujeres en condiciones de pobreza”, la Red TDT pidió al Estado mexicano “se realicen las acciones concretas para superar los rezagos legales para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres”. Entre las recomendaciones que la organización plantea, destacan la implementación de “un marco regulatorio para proteger los derechos laborales de las mujeres, revisando las legislaciones federal y estatales con integración de las perspectivas de género y de las herramientas legales para el acceso a la justicia de las mujeres trabajadoras”, e incorporación de los convenios 156, 183 y 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para establecer la igualdad de género en el trabajo. En materia de violencia sexual se pide “que las dependencias cuenten con información sistematizada y desagregada sobre la atención que se brinda a las víctimas de violación” y que exista una coordinación entre la Secretaría de Salud y los Ministerios Públicos para que las mujeres víctimas de violencia sean canalizadas para recibir atención integral, así como homologar el tipo de feminicidio “de manera objetiva con los elementos establecidos en el tipo penal federal”. Para alcanzar investigaciones efectivas se sugiere “incorporar la obligatoriedad de generar e implementar protocolos de investigación pericial, ministerial y policial con perspectiva de género y derechos humanos en toda muerte violenta de mujeres, con un código único de procedimientos penales”, así como adoptar políticas públicas “para abordar las causas subyacentes de la violencia contra las mujeres transgénero”, orientadas a garantizar que tengan acceso a empleo formal, educación, salud y vivienda.

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