CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, denunció 29 homicidios y tres desapariciones de defensores de derechos humanos registrados entre enero de 2010 y 2015. En conferencia de prensa para dar a conocer la recomendación general 25 “sobre los agravios a personas defensoras de derechos humanos”, el ombudsman informó que hasta ahora “no hay sentencias” relacionados con las graves violaciones a derechos humanos contra defensores, pese a que “algunos casos se han judicializado”. “La impunidad es propiciatoria de que se sigan cometiendo estas conductas, es el principal obstáculo en materia de derechos humanos en medio de las condiciones de violencia, inseguridad y corrupción; en tanto no haya las sanciones debidas son omisiones que propician las conductas se sigan realizando”, insistió el ombudsman. Para el organismo, agregó, es de suma preocupación “que el nivel de agresiones contra defensores civiles se ha incrementado en los últimos años, que dichas agresiones son atribuidas, frecuentemente, por acción o por omisión a servidores públicos, y que las instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia carecen de información sistematizada que permita identificar, de manera clara y precisa real de agresiones y delitos vinculados a su actividad”. De acuerdo con el diagnóstico elaborado por la CNDH, de 2006 a 2015 la CNDH documentó 380 expedientes de queja cometidas contra defensores, sobre todo en Chihuahua, Guerrero y Oaxaca, entidades donde se han cometido la mayor parte de homicidios de activistas, nueve, seis y cuatro, respectivamente. El ombudsman señaló que los actos violatorios más denunciados son amenazas, seguimientos o monitoreos de defensores civiles por personas que desconocen, así como allanamientos y sustracción de documentos y agresiones que llegan a la privación de la vida. En cuanto a las áreas de defensa más vulnerables registradas por el organismo, González Pérez se refirió a los activistas en favor de los derechos indígenas, a los defensores de migrantes y a los encargados de la defensa del medio ambiente. La recomendación general está dirigida a los titulares de la Procuraduría General de la República, de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores y al jefe de gobierno de la Ciudad de México, al Comisionado Nacional de Seguridad, al  presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. También está dirigida a los secretarios de Seguridad Pública, procuradores y fiscales Generales de Justicia de las entidades federativas, presidentes municipales, jefes delegacionales y titulares de las comisiones estatales de derechos humanos. Por otra parte, el ombudsman informó que envió una comunicación a la secretaria de Relaciones Exteriores Claudia Ruiz Massieu Salinas para que se concrete “la visita del relator de defensores de derechos humanos de la ONU Michel Forst” quien informó que la cancillería canceló su visita a México, programada para abril próximo.