CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Paula García Villegas, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, ordenó al gobierno mexicano devolver a más de siete mil braceros o sus familiares, los recursos descontados entre 1942 y 1964 de sus salarios, cuando trabajaban en Estados Unidos en el marco del “Programa Bracero”. Al resolver el amparo 1558/2015, la juzgadora señaló que el apoyo social que se entrega a esos trabajadores desde hace 10 años por orden del entonces presidente Vicente Fox Quesada, es solo “un paliativo”, por lo que el gobierno debe encontrar el dinero descontado y reintegrarlo a los quejosos. “Les asiste la razón a los quejosos a efecto de que se conteste la petición en sentido favorable a sus pretensiones y les sea devuelto su dinero, sin que pretexte el Estado que se llegaría a poner en riego las finanzas públicas”, señaló García Villegas, hija de la ministra en retiro de la Suprema Corte, Olga Sánchez Cordero. La juez consideró que en su momento no se dio respuesta congruente a la petición de los quejosos. El 15 de julio del año pasado, refirió, el encargado de los Trabajos de la Dependencia Coordinadora del “Fideicomiso que administrará Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos” de la Secretaría de Gobernación (Sefob), respondió sobre la solicitud del pago de los 38 mil pesos del fideicomiso, y no sobre el pago de su ahorro campesino, concepto “completamente diferente” Los quejosos, abundó, solicitaron la devolución del 10% del sueldo que les fue retenido en Estados Unidos y que los patrones depositaban en bancos norteamericanos, en particular el Wells Fargo y la Union Trust Company. Éstos custodiaban los depósitos hasta su transferencia al Banco Nacional Agrícola, que después de varios cambios terminó en Banobras. El Estado mexicano, abundó la juez, ha convertido en deuda pública deudas privadas que pusieron en riesgo al sistema financiero como es el caso del llamado Fobaproa, y también pretende salvar con una ley el desfalco producto del llamado Ficrea y hacerse cargo de los problemas financieros de Pemex. “En todos estos casos, la deuda que el Estado ha asumido o asumirá no era suya”, destacó la jueza, recién ascendida a magistrada de circuito. Este es el séptimo amparo promovido por los trabajadores migrantes a fin de que se les devuelva el 10 por ciento del producto de su trabajo retenido semanalmente entre 1941 y 1964 como parte del “programa Bracero”, sin su consentimiento. La sentencia de García Villegas también señala que los bancos mexicanos tenían el deber de guarda y custodia de los depósitos que les hacían los bancos norteamericanos pues debían rendir cuentas a los extrabajadores sobre el destino de su dinero. Dicha obligación, subrayó, no fue respetada pues no se sabe cuál fue el destino de los depósitos. Añade que el gobierno mexicano debe devolver a los trabajadores los recursos producto del 10% de su sueldo descontado durante el periodo señalado, mismo que no se puede sustituir por el apoyo social que se les otorgó en el gobierno de Vicente Fox. Durante la administración del guanajuatense nació la “Ley que crea el fideicomiso que administrará Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos”, que, previo registro y entrega de documentos que los acreditara como braceros, obligaba el Estado mexicano a dar un “apoyo social” por 38 mil pesos a los exempleados temporales o a sus familiares. Pero dicho apoyo social no correspondió al 10% de su salario retenido para el Fondo de Ahorro Campesino. La sentencia emitida hoy por la juez García Villegas puede ser impugnada por la Segob que desde 2005 coordina el pago del “apoyo social” a decenas de miles de braceros o sus herederos.